El Consejo de Europa resuelve contra España por dejar sin electricidad a la Cañada Real de Madrid

Durante más de cuatro años, 4.500 personas que viven apenas a 15 kilómetros del centro de Madrid, en la Cañada Real, han sido obligadas a vivir sin electricidad. Son 1.500 días sin suministro, sin energía para calentar sus hogares en el invierno —incluyendo los helados días de la borrasca Filomena— ni para enfriar sus habitaciones en el verano, que en lo...

Durante más de cuatro años, 4.500 personas que viven apenas a 15 kilómetros del centro de Madrid, en la Cañada Real, han sido obligadas a vivir sin electricidad. Son 1.500 días sin suministro, sin energía para calentar sus hogares en el invierno —incluyendo los helados días de la borrasca Filomena— ni para enfriar sus habitaciones en el verano, que en los últimos años ha alcanzado temperaturas de calor extremas. El Comité Europeo de Derechos Sociales (que depende del Consejo de Europa) acaba de resolver que España ha violado la Carta Social Europea al permitir y no haber tomado medidas efectivas para que esa situación terminara cuanto antes, según la decisión a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esa resolución responde a la reclamación colectiva que el 2 de marzo de 2022 presentaron cinco organizaciones de distintos países, entre ellas el sindicato Comisiones Obreras. En aquel momento, el corte del suministro eléctrico en la Cañada Real —que había empezado el 2 de octubre de 2020— ya llevaba casi un año y medio. Las organizaciones reclamaban que someter a la población de los sectores 5 y 6 de la Cañada —incluyendo a 1.800 niños— a vivir en esas condiciones violaba varias disposiciones de la Carta Social Europea. El Gobierno argumentaba que los enganches ilegales al sistema eléctrico, muchos de ellos para sostener plantaciones de marihuana, sobrecargaban las líneas y llevaban al corte del suministro por la empresa Naturgy. Ahora, el comité encargado de vigilar el cumplimiento de esa carta les ha dado la razón a las organizaciones y ha dictaminado que España ha violado en concreto siete derechos reconocidos en ese pacto europeo: el derecho a la vivienda, a la protección de la salud, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, el de la familia y el de los niños y adolescentes a la protección social, jurídica y económica, el de las personas de edad avanzada a la protección social, y el de las personas con discapacidad a la autonomía y a la integración social.

“El Comité considera que España no ha adoptado medidas adecuadas para garantizar que las personas afectadas por los cortes de electricidad que viven en los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfruten de su derecho a una vivienda de calidad adecuada”, se lee en la resolución, emitida en septiembre de este año, notificada a las partes a finales de octubre y que deberá publicarse en febrero del próximo año. Una decisión que también responde a la lucha de la Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real, que empujó a que se presentara la reclamación ante ese órgano. El comité argumenta que un informe elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid entre marzo de 2021 y marzo de 2023 identificó temperaturas en las habitaciones más utilizadas por encima de 40 grados en verano y por debajo de 10 grados en invierno.

Uno de esos sensores de temperatura estaba en la casa de Houda Akrikez, de 38 años, nacida en Tánger (Marruecos) y llegada a España cuando tenía ocho años. Cuenta a EL PAÍS que el aparato llegó a registrar hasta 45 grados de temperatura dentro de su casa, en la que viven sus dos hijas, que tenían 11 y 10 años cuando empezaron los cortes. “No se puede dormir en una vivienda así; imagínate una casa ardiendo y además no tienes nevera para poder tener agua fría para hidratarte”, recuerda. Sin refrigerador, las compras de los alimentos tenían que ser cada día, en una zona (el sector 6 de la Cañada, el más castigado por los cortes) alejada de supermercados, tiendas o cualquier tipo de suministro. “Al principio tirábamos mucho de conservas”, dice.

Dejados a su suerte, los habitantes de esos dos sectores de la Cañada resolvieron por su cuenta. Primero, con velas. Después se hicieron con generadores de gasolina y también con paneles solares. “El comité toma nota de que las fuentes alternativas de energía autoinstaladas adoptadas en respuesta a la falta de electricidad en la red puede plantear riesgos para la seguridad y la salud de las personas afectadas y para la calidad del aire de las viviendas”, se lee en el documento. Durante el invierno de 2023 a 2024, recoge el fallo, se registraron 25 intoxicaciones por la contaminación generada por los generadores de gasolina y dos incendios provocados por velas.

La decisión del comité es arrolladora sobre las afectaciones a la salud de los habitantes de la Cañada derivadas de los cortes de luz. Recoge un informe del Equipo de Intervención en Población Excluida que apunta “un aumento de infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias relacionadas con el resfriado, especialmente en niños y jóvenes, dificultades en el uso de dispositivos médicos esenciales, casos de intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras, complicaciones de las condiciones de salud de los pacientes con diabetes, empeoramiento de las enfermedades reumáticas (…) complicaciones de comorbilidad por exposición al frío que resultaron en cinco muertes”.

Según ese informe, la necesidad de atención “aumentó drásticamente” desde octubre de 2020 y la unidad atendía aproximadamente entre 1.100 y 1.200 personas por mes. Hubo entre 80 y 90 intoxicaciones por monóxido de carbono durante un periodo de cuatro meses ese año, de las cuales más de 20 requirieron atención hospitalaria de emergencia.

Durante estos cuatro años, dice la decisión, la niñez de la Cañada Real ha resultado especialmente castigada. Houda recuerda cómo sus hijas, Dya y Hanaa, hacían sus tareas a la luz tenue de una vela. Después, lo que hacía ella era llevárselas al Burger King, se sentaban en una mesa y con un alargador enchufaban sus dispositivos para acceder al aula virtual, donde estaban sus libros escolares. “A mi hija mayor le daba pánico repetir un año, que sus compañeros avanzaran y ella se quedara un curso atrás; tú la veías llorando y pateando de la impotencia por no poder conectarse para seguir el ritmo de las clases”. Para Houda, los cortes de luz han obligado a los niños y niñas de la Cañada a “ir tres pasos atrás”, respecto del resto de los niños de su edad.

El comité recoge además los testimonios de niños que ocultaron a sus compañeros que vivían en la Cañada Real o que no iban a la escuela por miedo a ser objeto de burlas “por su olor y falta de limpieza”. Agrega que los niños tuvieron que comer comidas frías y ducharse con agua helada, mientras su ropa no fue lavada adecuadamente. “El Comité considera que España no ha adoptado todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y jóvenes a crecer en un entorno que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades físicas y mentales”.

En ese fallo, el órgano garante de la Carta Social Europea desestima los argumentos presentados por el Gobierno, que insistió en que ha avanzado en el realojo de los habitantes del sector 6 de la Cañada. Por un lado, hay diferencias en las cifras gubernamentales y las que manejan las organizaciones que presentaron la reclamación. Según el Gobierno, hasta mayo de 2024 se había realojado a 267 familias de ese sector. Según las organizaciones, eran 109 familias realojadas hasta esa fecha. Pero, además, el Comité insiste en que el plazo del que habla el Gobierno para realojar a todas las familias se extiende según el Protocolo de Actuación 2024-2034 hasta en 10 años, “es decir, hasta 14 años desde el inicio de los cortes de energía”. Incluso el plazo del que ha hablado el comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, que es realojar a todo el sector 6 en 2027, es insuficiente para el comité.

La decisión plantea que la responsabilidad de la desconexión de esta población al sistema eléctrico va más allá de Naturgy, la empresa encargada del suministro, de los ayuntamientos involucrados —Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada— y de la Comunidad de Madrid. Para el comité, el Estado es quien es parte de la Carta Social Europea y como tal debe velar por el cumplimiento de sus disposiciones.