El paquete fiscal sigue en el aire por las exigencias antagónicas de los aliados del Gobierno

El capítulo de la reforma fiscal no se ha cerrado con la volcánica sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que el Gobierno tuvo que hacer acrobacias para pactar un texto cuya negociación se prolongó hasta la madrugada del martes. Tras frenéticas conversaciones entre los grupos políticos, se selló un precario acuerdo que este jueves debe ser sometido al pleno de la Cámara y cuya viabilidad sigue en el aire. Podemo...

El capítulo de la reforma fiscal no se ha cerrado con la volcánica sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que el Gobierno tuvo que hacer acrobacias para pactar un texto cuya negociación se prolongó hasta la madrugada del martes. Tras frenéticas conversaciones entre los grupos políticos, se selló un precario acuerdo que este jueves debe ser sometido al pleno de la Cámara y cuya viabilidad sigue en el aire. Podemos amenaza directamente con votar en contra, mientras ERC exige compromisos por escrito al Ejecutivo. Ambos reclaman, con grados distintos, que el Gobierno proponga al menos la prórroga por un año más del impuesto a las energéticas, cuya retirada había pactado con Junts.

El paquete incluye, en primer lugar, la trasposición de la directiva de la UE a fin de establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales. En caso de no ser aprobada esta medida antes de final de año, se pondría en peligro la recepción por España de 7.200 millones de fondos europeos. Pese a salvar el paquete de forma agónica en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo no tiene aún los votos suficientes para que prospere en el pleno. Podemos, que hace semanas que ha adoptado la estrategia de Junts de negociar punto a punto y ley a ley, amenaza con tumbarlo si no se aprueba un impuesto a las energéticas de forma permanente y más elevado. En pleno frenesí para salvar el texto, ERC arrancó del Gobierno en la madrugada del martes, junto a EH Bildu y BNG, la promesa de promulgar un decreto prorrogando por un año más el impuesto a las energéticas. En un ejercicio de equilibrismo, el Ministerio de Hacienda precisó poco después que a la vez considera vigente su pacto con Junts, aunque introdujo el matiz de que este consiste en no gravar a las compañías que mantengan inversiones destinadas a la carbonización. El decreto comprometido con la izquierda soberanista tendría que ser convalidado luego por el pleno del Congreso, donde saldría derrotado si Junts se uniese al rechazo seguro de PP y Vox .

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, admitió este martes que la negociación se tendrá que apurar “hasta que suene la campana” en el pleno. López repitió varias veces esa idea para justificar que este es el tipo de legislatura compleja con la que le ha tocado lidiar al Ejecutivo. El dirigente socialista, eso sí, reseñó que su partido tiene “vocación de acabar la legislatura” y apuntó que considera “compatibles” algunas demandas de formaciones como Junts y PNV con las de los otros socios de izquierdas. López ratificó que el Gobierno está dispuesto a promulgar el decreto sobre el impuesto a las energéticas, aunque remachó la idea de que gozarían de exenciones los beneficios destinados a inversiones en tareas de descarbonización.

En el Gobierno y en el PSOE piensan que serán capaces de hacer entender a ERC, EH Bildu y BNG, pero también a PNV y Junts, “que no se puede tratar igual a empresas que se comportan de manera desigual” y, por tanto, se debería beneficiar a las comprometidas con la descarbonización. Los socialistas también prometen abordar más adelante otras medidas impositivas de izquierdas. Una de ellas, el impuesto a la banca, fue derrotada en la comisión -pese a que sí contó con el apoyo de Junts y PNV-, en este caso por la abstención de ERC y EH Bildu, que lo consideraron insuficiente. En uno de esos extraños giros que caracterizaron la caótica negociación, toda la izquierda soberanista pactó luego con el Gobierno implantar ese impuesto a las entidades financieras “aumentando el tramo más alto”, lo que podría introducirse en el texto a través de las enmiendas que siguen vivas y se votarán el jueves.

El voto favorable al conjunto de la ley de EH Bildu y BNG está garantizado, según fuentes parlamentarias. ERC muestra una disposición favorable, pero su portavoz, Gabriel Rufián, exigió que el Gobierno se comprometa por escrito, antes de la votación, a presentar en lo que queda de año el decreto pactado en la madrugada del martes. Rufián aprovechó para expresar una queja recurrente entre los aliados del Ejecutivo: “El Gobierno se comporta muchas veces como si esto fuese una lonja y los grupos se tengan que pelear entre ellos”.

La posición más dura parece la de Podemos. Lo anticipó su portavoz adjunto, Javier Sánchez Serna: “Los votos de Podemos solo apoyarán esta reforma fiscal si hay garantías efectivas de que el impuesto a las energéticas se va a mantener. Para eso el PSOE tiene que conseguir los votos de Junts y de PNV, porque fue el PSOE quien pactó con ellos eliminarlo. Sin esa garantía, ahora mismo el Gobierno no tiene los votos de Podemos”. Fuentes de la dirección del partido remacharon que su postura actual es votar en contra y exigieron que el impuesto a las eléctricas se quede como permanente, entre otras medidas. Un no de Podemos provocaría el rechazo de toda la ley, incluido el impuesto a las multinacionales que exige Bruselas so pena de sanciones a España. El Gobierno confía en que finalmente los cuatro diputados de ese partido se queden en la abstención, lo que permitiría salvar la ley frente al rechazo seguro de PP y Vox. Los populares están a favor de la directiva europea pero no así de otras subidas impositivas introducidas en el texto, como un aumento de dos puntos en el IRPF a las rentas de capital superiores a 300.000 euros, una iniciativa de Sumar que contó con la abstención de Junts.

El partido de Puigdemont se muestra muy satisfecho del resultado de sus negociaciones con el Gobierno y no ofrece señales de preocupación ante la posibilidad de que se promulgue el decreto sobre el impuesto a las energéticas exigido por la izquierda soberanista. Fuentes de Junts manifiestan que no están en contra por principio de gravar los beneficios de las energéticas, sino solo de aquellas medidas fiscales que “pongan en peligro inversiones en Cataluña”. Estas fuentes comentaron que, llegado el caso, examinarían el contenido del decreto propuesto. Si este se mantuviese en la línea del proyecto inicial del Gobierno sobre el impuesto a esas compañías, votarían en contra y provocarían su rechazo.

En Junts, pese a su satisfacción por lo conseguido en este asunto, se cuidan mucho de crear expectativas sobre las futuras negociaciones para los Presupuestos del Estado. “En cada negociación con cada nueva carpeta empezamos de cero”, advierten fuentes del grupo. La tormentosa sesión que concluyó en la madrugada del martes sirvió a PP y Vox para insistir en que este es un Gobierno “débil” y “agotado”. Sumar , en cambio, sostiene que hay legislatura para largo, sin dejar de criticar los modos negociadores de sus socios del PSOE en el Ejecutivo.