El Gobierno cede ante la izquierda soberanista y promete una prórroga simbólica del impuesto a las energéticas

En la historia de las múltiples citas agónicas que ha vivido en el Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez, la de este lunes ha superado todas las marcas. Tras una jornada caótica, el Ejecutivo se ha visto obligado a hacer equilibrios con el acuerdo alcanzado con Junts para suprimir el impuesto a las energéticas ante la presión de sus socios de izquierda y la evidencia de que su paquete fiscal iba a ser rechazado por la Comisión de Hacienda. El bloqueo dentro la comisión, que comenzó sus trabajos a las cinco de la tarde y acabó casi ocho horas más tarde, provocó incluso que tuviera que suspender...

En la historia de las múltiples citas agónicas que ha vivido en el Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez, la de este lunes ha superado todas las marcas. Tras una jornada caótica, el Ejecutivo se ha visto obligado a hacer equilibrios con el acuerdo alcanzado con Junts para suprimir el impuesto a las energéticas ante la presión de sus socios de izquierda y la evidencia de que su paquete fiscal iba a ser rechazado por la Comisión de Hacienda. El bloqueo dentro la comisión, que comenzó sus trabajos a las cinco de la tarde y acabó casi ocho horas más tarde, provocó incluso que tuviera que suspenderse momentáneamente durante cuatro horas, en medio de frenéticas negociaciones entre los grupos y al final momentos de tensión. Ya entrada la noche, ERC, EH Bildu y BNG han anunciado un acuerdo con el Gobierno para prorrogar durante 2025 el impuesto que Junts exigió suprimir aunque no en esta reforma, sino mediante un decreto ley. La votación del dictamen que desatasca esta norma al menos hasta el pleno de este jueves se resolvió con 20 votos a favor y 17 en contra.

El acuerdo precipitado con los socios de izquierdas tiene mucho de simbólico porque ese decreto tendrá que ser convalidado en el Congreso y todo indica que no tendrá mayoría, ya que presumiblemente al menos Junts se uniría en su rechazo a PP y Vox. El Gobierno aclaró, sobre la una de la madrugada, que mantiene su acuerdo con Junts “para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Lo que sí se pretende incluir en la ley es otro de los asuntos comprometidos con las formaciones de la izquierda soberanista, un aumento en el tramo más alto del impuesto a la banca, aunque dependerá de si logra apoyos suficientes el jueves, cuando el texto se someta al pleno del Congreso. En esa votación del pleno del jueves serán indispensables también los cuatro votos de Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, ha valorado el acuerdo sobre las energéticas, pero ha constatado que sin la aquiescencia de Junts “es poco más que papel mojado”.

La rocambolesca jornada que se ha vivido en el Congreso estaba propiciada entre otras cosas por las prisas para aprobar la ley, incluida en el orden del día del pleno, el próximo jueves. La parte sustancial de la ley, la que fija una cuota mínima de impuestos del 15% a las grandes multinacionales, es una exigencia de la Unión Europea, que sancionaría a España si no estuviese aprobada antes de final de año.

Durante horas, al tiempo que se celebraba la sesión, los diputados han estado entrando y saliendo para continuar las negociaciones sobre las casi 140 enmiendas que estaban votando, en un clima cada vez más enrarecido. Las conversaciones han transcurrido a veces en los propios pasillos, a la vista de las decenas de periodistas que siguen la sesión. El secretario de Estado de Relaciones Institucionales, Rafael Simancas, se ha multiplicado durante toda la tarde en contactos con unos y otros, con el apoyo del gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

La votación de las enmiendas al texto concluyó pasadas las 20.30 y ahí se comprobó que al menos dos formaciones que apoyan al Gobierno, ERC y EH Bildu, no iban a respaldar el dictamen de la ley después de constatar que se dejaría caducar el impuesto a las compañías eléctricas, como en su día pactó el PSOE, por exigencia de Junts, con esa formación y el PNV. Tras un largo receso, el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, anunció que se suspendía temporalmente hasta las 23.00, entre las protestas de los diputados del PP. “Esto es insólito. ¡Si queréis nos vamos!”, han clamado los populares, tras recordar que en los últimos días el Gobierno suspendió la convocatoria de esa misma comisión, en dos ocasiones, 45 minutos antes de comenzar.

El receso propuesto, sin embargo, se alargó mucho más y duró hasta las 0.45 horas, lo que provocó momentos de tensión en la sala, con miembros del PP hablando ya de “secuestro sin capucha” porque el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, había desaparecido sin aportar más información. Tras la votación, ya a las 0.45, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, que se había presentado en el Congreso para comandar la situación, denunció la actuación del Ejecutivo, habló de “un gobierno bananero” y concluyó que si el PSOE había tenido esos problemas hasta para aceptar “enmiendas intrusas” y sacar esa norma “con todo este espectáculo”, se preguntó qué podría pasar cuando se aborde la negociación de los próximos Presupuestos. PP y Vox anunciaron próximas protestas por la interrupción tantas horas de la comisión.

El proyecto de ley estaba previsto en principio para asumir la directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las compañías multinacionales y grandes grupos empresariales. Bruselas llevó a España al tribunal de Luxemburgo por no haber trasladado esa normativa a su legislación nacional. El Ejecutivo había intentado ampliar ese proyecto con un paquete con otras medidas fiscales, en sus respectivos contactos a derecha e izquierda, pero se tropezó con la realidad de que en algunos aspectos, sobre todo económicos, las posiciones ideológicas de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez son al menos contradictorias.

El PSOE y Sumar intentaron presentar, la semana pasada y para complicar aún más la discusión, un paquete de medidas para añadir al proyecto de ley en una especie de gran reforma fiscal, en el que se mantenía como permanente el impuesto temporal a la banca y se añadían otros cambios tributarios, como un endurecimiento de la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), la eliminación de la bonificación del diésel que ha provocado algunos fraudes o gravar el tabaco de los vapeadores. Los socios gubernamentales se proponían así elevar la recaudación fiscal en más de 4.500 millones.

Los cambios que irritan al PP

Pero el gran motivo de fricción llegó por la exigencia de Junts de suprimir a final de año el impuesto extraordinario a las compañías energéticas, cuestión que el PSOE acabó pactando con la formación catalana y con el PNV. Y esto a su vez irritó a los grupos más a la izquierda, ERC, EH Bildu y BNG que desde entonces han venido advirtiendo de que sin ese tributo no apoyarían la reforma. La votación de las enmiendas, en la tarde de este lunes, reflejó un descontrol total entre los grupos que se supone sostienen al Ejecutivo. Finalmente hasta quedó fuera del texto el impuesto extraordinario a la banca, que en principio los socialistas pretendía mantener, después de que las izquierdas soberanistas catalana y vasca votaran en contra por considerarlo escaso. Pero en el acuerdo suscrito luego con las tres formaciones de la izquierda soberanista para superar el bloqueo se contempla recuperar ese impuesto, con el aumento en el tramo más alto que exigían esas formaciones, en el pleno del próximo jueves.

El debate en la comisión reflejó perfectamente esas incompatibilidades entre los aliados del Gobierno. El primer orador que constató la dificultad de la situación fue el portavoz del Grupo Mixto, el diputado del BNG Néstor Rego, que actuó en representación de otros partidos como Podemos, y enfatizó que las modificaciones propuestas les parecían escasas y frustrantes para los votantes de las formaciones de izquierdas que apoyaron la investidura de Sánchez. La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, no demoró su queja sobre esos intentos de la coalición gubernamental de promover “la cuadratura del círculo” al querer contentar a todo el mundo y subrayó el problema de fondo al remachar que en esta legislatura el Gobierno requiere “el acuerdo de todos los grupos de la investidura y todo el tiempo”. El PNV, normalmente muy práctico en sus negociaciones y votaciones, abogó porque todos los implicados abandonaran su “zona de confort” en algún punto en aras de un consenso de mínimos y lamentó “la teatralización” de ciertos partidos, que no mencionó, en alusión a EH Bildu, de defender sus posturas de máximos hasta el final de cara a sus respectivos electorados.

El diputado de EH Bildu, Óskar Matute, replicó acto seguido que a su partido le podría haber valido en teoría con la aceptación de la transposición de la directiva europea del tipo mínimo del 15% para esas multinacionales, que han asumido casi 140 países en todo el mundo y que es obligatoria para los miembros de la UE incluso a costa de importantes sanciones, pero mirando a sus bases remarcó que sus posiciones no se dejarían influir por los máximos responsables de grandes compañías a los que citó, como Repsol o Iberdrola, en una crítica implícita pero directa a las posturas defendidas por PNV y Junts para que en el nuevo impuesto no se incluyera a esas multinacionales energéticas.

El diputado de Junts, Josep María Cruxet, volvió a explicar en la sesión que el partido de Carles Puigdemont no se puede ni debe enmarcar de partida en ningún bloque: “No votamos según lo que convenga a cada uno, sino sólo lo que conviene a Cataluña y a sus ciudadanos. Con estas premisas, éste es un paquete fiscal y una ley del Gobierno y del bloque que sostiene el Gobierno. El mismo bloque que en 2022 facilitó ayudas a las energéticas por valor de 3.000 millones de euros y que tenía propuestas muy nocivas para la totalidad de los catalanes, como la pérdida de inversiones en sectores industriales estratégicos y de puestos de trabajo”. La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sí aceptó la evidencia de los problemas de “aritmética parlamentaria” del Ejecutivo para cuadrar todos los intereses en disputa pero recordó el espíritu del acuerdo de investidura de izquierdas y reseñó que votarían en contra del dictamen de la norma porque nunca podrían defender los intereses de Repsol ni aceptarían “chantajes” con los miles de millones que podrían estar en juego con la recaudación de esos impuestos o incluso por su ligación con futuros fondos europeos.

Desde Sumar, su portavoz, Carlos Martín, optó como hizo más tarde la representante del PSOE, Alicia Álvarez, por destacar los beneficios mínimos que podría reportar la asunción de esa directiva europea que evitaría deslocalizaciones y fugas de inversiones de esas multinacionales y derivó otras posibles mejoras que reivindica la izquierda para nuevas negociaciones, incluso en el propio pleno del jueves con enmiendas que habrían quedado vivas, vigentes. El portavoz de Vox, Pablo Sáez, enumeró todas las pretensiones que se contenían en las enmiendas negociadas por el PSOE y Sumar con sus socios para recalcar que jamás refrendarían nada en esa línea. Un argumento que empleó también el diputado del PP, Santi Rodríguez, que reprochó al Gobierno “el galimatías” de haber pretendido tocar todo tipo de impuestos con su reforma en vez de limitarse a asumir solo la directiva europea y destacó que el problema de fondo seguía siendo la precariedad de un Gobierno atado por la “voracidad fiscal” de sus aliados.