Sin acuerdo en Baleares para limitar la construcción en zonas inundables
El PP está dispuesto a legalizar viviendas en zonas inundables con medidas para mejorar su seguridad mientras la oposición de izquierda reclama su prohibición total
Los partidos representados en el Parlamento de Baleares han acordado este martes por asentimiento aplazar el debate sobre la ley de Simplificación Administrativa que se debía aprobar durante el pleno y que recoge en su articulado la posibilidad de legalizar y permitir construcciones en zonas inundables de Baleares. Tras la catástrofe de Valencia, el Ejecutivo balear del PP decidió la semana pasada dar marcha atrás con su idea inicial y anunció que incluiría un artículo en la norma para restringir la construcción de viviendas en zonas de riesgo de inundación o incendio. La intención del Ejecutivo, presidido por Marga Prohens, es alcanzar un acuerdo con todos los grupos políticos, aunque por el momento no han alcanzado un consenso sobre la cuestión.
Los partidos de izquierda ―PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos― han celebrado el aplazamiento del debate y han pedido al Gobierno regional que vuelva a fijar una fecha para debatir el asunto. El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha reprochado a Prohens que haya anunciado ahora que quiere impulsar un plan sobre las zonas inundables porque considera que lo más importante e inmediato es modificar el decreto ley aprobado por el Gobierno regional el pasado mes de mayo, que permite la construcción en zonas inundables y la legalización de viviendas en suelo rústico.
El diputado y portavoz de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha instado a cerrar un acuerdo “de máximos” para prever cualquier situación que pueda poner en riesgo a los ciudadanos de las islas y sus viviendas. “El problema no son las zonas inundables, sino la forma de legislar del PP”, ha señalado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells.
Tal y como está concebido el texto actualmente, la futura ley de Simplificación Administrativa impulsa una amnistía para las viviendas ilegales en suelo rústico y plantea permitir la construcción en zonas de riesgo de inundación. La polémica ha perseguido esta norma desde el momento en que fue aprobada por la vía del decreto ley el pasado mes de mayo, con el foco puesto, principalmente, en la legalización de viviendas en suelo rústico, duramente criticada por las entidades ecologistas de las islas.
Sin embargo, las inundaciones de Valencia y el recuerdo de la torrentada de Sant Llorenç, que mató hace seis años a 13 personas en el noreste de Mallorca en unas ramblas catalogadas de máximo riesgo de inundación, pusieron sobre la mesa las consecuencias que el decreto podría tener también en las zonas inundables, por lo que el Ejecutivo de Prohens decidió dar marcha atrás y rectificar en ese punto.
A pesar de los aplazamientos, el PP y los grupos de la oposición no ha alcanzado todavía un acuerdo definitivo sobre el nuevo texto. El principal punto de discusión está en el futuro de las viviendas que ya están construidas en zonas inundables, dado que los grupos de izquierda defienden que estas viviendas sigan siendo ilegale, mientras el PP aboga por regularizarlas con medidas que garanticen su protección.
“Proponemos que aquellas viviendas que se acojan al proceso extraordinario de regularización en zonas inundables tendrán que acometer una serie de medidas adicionales para poder garantizar su seguridad”, dijo Prohens este lunes, sin detallar qué tipo de iniciativas tendrían que adoptar los propietarios. Una propuesta que la oposición ha rechazado al considerar que “insuficiente”.
Sobre esta cuestión, el grupo ecologista GOB ha denunciado que, en apenas seis días, el Ayuntamiento de Palma ha registrado la entrada de nueve expedientes para la legalización de viviendas en suelo rústico y en zonas inundables. Entre el pasado día 5 y el día 11 de noviembre, se registraron nueve expedientes, dos de ellos para legalizar viviendas en zonas potencialmente inundables y otros dos en áreas de prevención de riesgo de inundación, todos ellos de casas unifamiliares.
La presidenta de la entidad, Margalida Ramis, teme que hasta la aprobación de la ley se acelere la entrada de expedientes de propietarios de viviendas en riesgo de ser afectados por la posible limitación de construcción en zonas inundables. Lamenta que pueda ser un coladero y después la norma no tenga efectos retroactivos, permitiendo in extremis la legalización de estas viviendas.