El Supremo acota el plazo del análisis de los datos intervenidos al fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la investigación abierta al fiscal general del Estado por revelación de secretos, ha restringido ahora a siete días el plazo en el que debe centrarse el análisis de la Guardia Civil sobre la información intervenida en el despacho de Álvaro García Ortiz durante el registro realizado el pasado 29 de octubre. En el auto que dictó ese día para ordenar la entrada d...

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la investigación abierta al fiscal general del Estado por revelación de secretos, ha restringido ahora a siete días el plazo en el que debe centrarse el análisis de la Guardia Civil sobre la información intervenida en el despacho de Álvaro García Ortiz durante el registro realizado el pasado 29 de octubre. En el auto que dictó ese día para ordenar la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez instó a intervenir los correos electrónicos recibidos y enviados por el jefe del ministerio público durante más de siete meses (del 8 de marzo al día del registro), pero en una resolución suscrita este viernes, Hurtado establece que el análisis pericial “queda acotado” a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024, ambos inclusive.

Hurtado investiga a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Nada más abrir la investigación, el instructor ordenó a la UCO registrar los despachos de ambos fiscales e intervenir todos sus dispositivos informáticos y telemáticos. En el caso del fiscal general, la operación se prolongó casi 11 horas, durante las cuales los agentes clonaron todo el contenido almacenado en sus ordenadores, teléfonos móviles y tableta, una información que la Guardia Civil tiene ahora que analizar para buscar indicios de la filtración que investiga el Supremo.

El auto por el que se ordenó la entrada y registro no especificaba las fechas que debía abarcar el análisis de la información incautada, salvo en el caso de los correos electrónicos, para los que el juez fijó la horquilla de entre el 8 de marzo y el día del registro. La fecha de inicio coincide con el día que la fiscal jefa provincial se dirigió al fiscal encargado de investigar a González Amador, Julián Salto, para que le enviara una copia de todo el expediente relacionado “con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Pero al fijar como fecha final el día de registro, los correos intervenidos incluyen mensajes muy posteriores a los días en los que se centra la investigación, e incluso pueden recoger correos de García Ortiz relativos a la causa que el Supremo ha abierto contra él y su estrategia de defensa. El auto del instructor para acotar el examen llega después de que la Fiscalía recurriera esta semana ante la Sala Penal la orden de entrada y registro y advirtiera, entre otros aspectos, de que la información requerida por el juez abarcara casi ocho meses “sin explicación alguna”.

La nueva horquilla fijada ahora abarca desde el día que el fiscal Salto envió a sus superiores el expediente del caso hasta el 14 de marzo, la fecha en la que la Fiscalía Provincial de Madrid difundió una nota de prensa con la que pretendía desmentir el bulo que había lanzado horas antes el entorno de Díaz Ayuso, según el cual, la Fiscalía había ofrecido por correo electrónico a González Amador un pacto para que confesara sus delitos, pero después lo había retirado “por órdenes de arriba”, en referencia, supuestamente, a García Ortiz. La nota enviada por el ministerio público revelaba que, en realidad, había sido la defensa de la pareja de Díaz Ayuso quien había ofrecido un acuerdo a la Fiscalía para evitar la cárcel.

Este comunicado está en el origen de la causa abierta contra García Ortiz porque González Amador llevó ese escrito a los tribunales por una supuesta revelación de secretos. El Supremo, sin embargo, concluyó que la nota no revelaba ninguna información personal que no fuera ya públicamente conocida, pero el tribunal decidió seguir adelante con la investigación al considerar que lo que sí podía ser delictivo es la filtración del correo enviado por la pareja de la presidenta madrileña a la Fiscalía buscando un pacto, que varios medios publicaron el 13 de marzo.