El PSOE señala a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud como los responsables penales del abuso de los contratos de emergencia

El PSOE de Andalucía señala a Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, los dos gerentes que tuvo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, como presuntos responsables directos de la adjudicación a dedo de 300 millones de euros a través de contratos de emergencia entre 2020 y 2023, la mayoría de ese monto —240 millones— cuando la cobertura legal para su aplicación ya estaba derogada. Según la querella presentada por los socialistas, esas contrataciones a dedo supusieron un menoscabo a las arcas públicas autonómicas de más de 24 millones de euros.

Tanto a Guzmán como a Vargas el PSOE les atribuyen los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y organización criminal, según esa denuncia que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. La querella, adelantada por Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los señala por haber sido quienes firmaron los contratos de emergencia millonarios, si bien se deja claro lo siguiente: “Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”.

Guzmán fue director gerente del SAS entre 2019 y 2022, año en el que asumió la Viceconsejería de Salud, y estuvo en el punto de mira a comienzos de 2024, cuando, apenas tres meses después de dejar su cargo en la Junta, anunció su intención de fichar por la aseguradora Asisa que, precisamente, había sido adjudicataria de 43,67 millones entre 2020 y 2022 a través de la contratación de emergencia. En la denuncia, el PSOE hace referencia a su cargo como director médico del Hospital Vithas Málaga antes de asumir su puesto en el SAS y destaca que la sociedad Vithas Málaga Internacional fue adjudicataria de contratos exprés en las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Almería por un total de 20,2 millones de euros entre 2021, 2022 y 2023; y en 2020, de dos contratos por 2,2 millones.

Tras ser nombrado viceconsejero en 2022, Guzmán fue sustituido por Diego Vargas al frente del SAS. Ambos dimitieron de sus respectivos puestos el 27 de diciembre de 2023, en lo que la oposición interpretó como una asunción por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) de su responsabilidad al frente del caos en la gestión sanitaria y el deterioro de la sanidad pública andaluza y una forma de blindar a su consejera de Salud entonces, Catalina García.

Un 10% de bajada en la licitación ordinaria

Las posibles responsabilidades penales están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, según confirmaron fuentes judiciales el pasado miércoles. El auto de diligencias previas, dictado por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla que lleva la causa, se ha incoado en virtud de un presunto delito de prevaricación administrativa, “sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa”, de acuerdo con esas mimas fuentes. Mientras se dirimen las consecuencias criminales de la presunta adjudicación al margen de la ley de los contratos de emergencia, el PSOE ha puesto cifra al menoscabo económico derivado de que se otorgaran 240 millones por esa vía más allá de la vigencia de la Instrucción de 18 de Junio de 2021 de la Consejería de Hacienda. Esa instrucción ponía fin al período excepcional durante el cual la administración, para hacer frente al covid, había podido hacer adjudicaciones sin concurrencia competitiva y publicidad. Ese menoscabo para las arcas públicas lo cifran los socialistas en, al menos, 24 millones.

En la querella se llega a esta cifra “indiciaria” aplicando la premisa de que, “cuando se aplica la Ley de Contratos del Sector Público y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como mínimo, del 10%”. Ese porcentaje se obtiene a partir de los análisis que en el documento se realizan de otras licitaciones públicas de 2015 en cada una de las provincias andaluzas, utilizando los precios de contratación del SAS. También se incluye la contratación con publicidad y libre concurrencia realizada por Málaga en 2021 —en paralelo a la contratación de emergencia que era el mecanismo habitual empleado por la administración sanitaria ese año y los dos siguientes―. El precio de licitación de uno de los lotes se estipuló en 1.532,35 euros, siendo el ofertado y adjudicado final de 1.378,38, un porcentaje de baja del 10,5%, mientras que el precio de los contratos de emergencia para el tipo de intervención objeto del contrato era de 1.743,4, según el ejemplo recogido en la denuncia.

Ese porcentaje aplicado a los 242 millones de euros que se destinaron a los contratos de emergencia cuando la normativa que los amparaba ya no estaba en vigor “arroja una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz de más de 24 millones de euros”, indica el documento.

Además de enumerar las supuestas irregularidades en los contratos de emergencia millonarios y en sus sucesivas prórrogas, la querella subraya que ninguna de esas adjudicaciones se trasladó al Consejo de Gobierno para su conocimiento, un trámite exigido en el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, que amparaba el procedimiento de emergencia durante el primer estado de alarma. “Nada de lo anterior fue comunicado a Consejo de Gobierno para toma de razón, incumpliendo así clamorosamente el deber legal impuesto por el tan citado artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público: se limitaron los responsables a comunicar los primeros 70 millones de euros y el resto, hasta 242 millones, lo mantuvieron en total opacidad”, dice la denuncia. Alude al primer contrato que el SAS realizó por la vía de emergencia, de 70 millones de euros, el 20 de enero de 2021, el único que podría haber quedado respaldado por el marco normativo que regulaba la contratación exprés.