El Congreso busca reconvertir la próxima sesión de control en un pleno de unidad sobre la dana

La Junta de Portavoces del Congreso convocada para este jueves estudiará la manera de reconvertir el orden del día del pleno de la semana que viene, incluso con su habitual sesión de control al Gobierno, en una oportunidad para desarrollar el primer gran debate tras la catástrofe en el que se muestre la unidad política para acordar medidas con las que paliar los efectos de la dana. ...

La Junta de Portavoces del Congreso convocada para este jueves estudiará la manera de reconvertir el orden del día del pleno de la semana que viene, incluso con su habitual sesión de control al Gobierno, en una oportunidad para desarrollar el primer gran debate tras la catástrofe en el que se muestre la unidad política para acordar medidas con las que paliar los efectos de la dana. El decreto con las primeras actuaciones de urgencia por valor de 10.600 millones de euros, aprobado este martes y publicado ya en el BOE, será convalidado por todos los partidos con presencia en ese pleno del Congreso menos Vox pero la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, el Gobierno y el PSOE están negociando con otros grupos para aprovechar esa sesión para lanzar con ese amplio consenso un mensaje más político. Por ahora estos cambios no se están contemplando en el Senado, que continúa con su pleno como si nada hubiera pasado.

La presidenta Armengol ya ha sondeado a algunos portavoces parlamentarios, según fuentes socialistas y del Gobierno, para tomar la temperatura de otros partidos sobre cómo organizar el pleno de la próxima semana, que será el primero que se celebre completo en el Congreso tras el desastre de la dana que se ha cebado especialmente con la Comunidad valenciana y que ha supuesto un shock en toda España, pero también para la comunidad política del país. En la agenda que manejan el Ejecutivo y los demás partidos con cupo para promover iniciativas ya estaba prevista la discusión de dos importantes leyes, como el proyecto sobre la eficiencia en el servicio público de la Justicia y el polémico proyecto que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Esas dos leyes siguen en el orden del día pero se pretende algo más.

La dana que se focalizó en varias zonas de la Comunidad valenciana durante la jornada del martes 29 de octubre ya forzó, en la mañana siguiente, que se suspendiera el pleno de control al Gobierno del miércoles 30 tras haberse formulado solo tres de las 29 preguntas programadas. El PP inició la sesión, tras el minuto de silencio acordado, pero con un tono mucho más bajo que el habitual y fue su portavoz el que propuso acabar con el debate, que desde hace meses se produce en un clima de enconada y creciente confrontación, ante la constatación del drama y el número de víctimas provocadas por la dana. El resto de la sesión de control ya no se desarrolló, pero el PSOE y sus socios sí decidieron dejar vigente el debate especial programado a continuación para aprobar la renovación del Consejo de RTVE. El jueves de esa misma semana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a Valencia y desde allí lanzó duras críticas al Ejecutivo de Sánchez. Ese panorama parece haber mutado algo tras los incidentes de Paiporta con las autoridades del domingo.

La mayoría de los partidos están buscando la fórmula para que el pleno del Congreso de la semana que viene se celebre de otra manera, con otro ambiente y con el objetivo de ofrecer una imagen política de consenso y unidad. El único partido que no está entrando en esa dinámica es Vox, porque la formación ultra sostiene que no puede estar en nada que se interprete como un “blanqueo” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los plenos del Congreso comienzan en la tarde de los martes con las proposiciones no de ley de la oposición, continúan los miércoles con el control al Gobierno y sus miembros y se culminan los jueves con los proyectos de ley del Ejecutivo. La Junta de Portavoces intentará cuadrar este jueves esas tres facetas con sus intenciones políticas de no ofrecer a los ciudadanos ahora una sensación de enfrentamiento y división.

El punto previsto para impulsar ese debate y esa percepción será, con toda seguridad, la convalidación del decreto anticrisis refrendado este martes por el Consejo de Ministros. El Gobierno cuenta con muchos más de los 176 necesarios en la mayoría absoluta para ratificar ese decreto y podría sumar hasta 317 síes. Todos los socios habituales o esporádicos como Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts, Podemos, UPN, Coalición Canaria y BNG, ya mostraron el lunes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las 11 reuniones que mantuvo en el Congreso, su disposición a respaldar ese decreto e incluso otros próximos, que el presidente Sánchez ya ha avanzado que llegarán.

El PP, además, remachó esa misma posición expresada este lunes por su líder, Alberto Núñez Feijóo de nuevo este miércoles, por boca de su secretaria general, Cuca Gamarra. Eso sí, Gamarra matizó que solo lo harán para decretos que tengan que ver con la reconstrucción de las zonas afectadas y no para nada que facilite la comodidad política o parlamentaria del Gobierno de Sánchez, como la negociación pendiente y sin avanzar de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Aunque las medidas contenidas en el decreto sobre la dana están ya en marcha y no tienen relación directa con los futuros Presupuestos, el propio Sánchez y varios de sus ministros, como Carlos Cuerpo, el titular de Economía, o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han explicado que sí sería beneficioso y bueno que las Cuentas públicas planeadas para 2025 salieran adelante muy respaldadas porque la reconstrucción de esas zonas requerirá mayores inversiones y un plazo temporal mucho más amplio. Los dos debates amenazan con cruzarse en los próximos días.

Algunos grupos parlamentarios, como ERC, han querido hacer llegar ya al Gobierno una serie de propuestas sobre inversiones para paliar los efectos de la dana que tienen que ver con ámbitos como el laboral, la vivienda, la transición ecológica y agenda rural, las políticas sociales, el bienestar animal, las administraciones públicas y también extensibles a la Unión Europea.