El Gobierno quiere alejar un nuevo 15-M de las calles

Las Juventudes Socialistas “serán combativas” sobre vivienda en el congreso del PSOE

Que el 13-O no se convierta en otro 15-M. Ese es el objetivo del Gobierno. Hace casi tres lustros, un movimiento de indignación, dentro y fuera de España, cristalizó un 15 de mayo de 2011 en el que sobre todo los jóvenes, pero no solo, desbordaron las plazas de las ciudades para protestar contra un sistema económico injusto que dejaba a millones de ciudadanos en la cuneta. La vivienda —su escasez, sus precios desorbitados en venta y alquiler— ha reunido ahora a decenas de asociaciones que ...

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Que el 13-O no se convierta en otro 15-M. Ese es el objetivo del Gobierno. Hace casi tres lustros, un movimiento de indignación, dentro y fuera de España, cristalizó un 15 de mayo de 2011 en el que sobre todo los jóvenes, pero no solo, desbordaron las plazas de las ciudades para protestar contra un sistema económico injusto que dejaba a millones de ciudadanos en la cuneta. La vivienda —su escasez, sus precios desorbitados en venta y alquiler— ha reunido ahora a decenas de asociaciones que este 13 de octubre de 2024 han llenado las calles con gritos y pancartas contra las administraciones central, autonómica y local. Pero la intensidad de la manifestación se ha centrado en la primera: el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo sabe desde hace meses que este puede ser un escollo inesperado, y hará lo posible para que el movimiento no se lo lleve por delante, según se desprende de conversaciones con distintos interlocutores.

La vivienda será un asunto central en el congreso del PSOE de noviembre. En esta ocasión, Sánchez es su principal impulsor. Las Juventudes Socialistas de España (JSE), además, han dado la voz de alarma y este domingo han estado en las marchas, aunque el protagonismo ha sido para Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha hecho oír, así como dirigentes de CC OO y UGT, presentes en las concentraciones, al igual que Más Madrid en la capital de España. Pero los convocantes no eran ellos, sino la organización sindical de inquilinos, que ha pedido la dimisión de la ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez. No van por ahí, ni mucho menos, las JSE, pero sí avisan a sus mayores del PSOE: “La organización juvenil será combativa en el próximo congreso del PSOE en lo que a vivienda se refiere”, señalan en un comunicado los jóvenes socialistas, cuyo secretario general, Víctor Camino, estuvo en la protesta. Las JSE ponen el énfasis en la inacción de las comunidades autónomas, que es donde residen las competencias de vivienda.

La vivienda como tema monográfico en la Conferencia de Presidentes. Esta fue la decisión de Sánchez, anunciada el pasado julio. La realidad económica de millones de españoles, a pesar de los buenos datos de crecimiento y empleo, es la del acceso imposible a la vivienda, ni comprada ni de alquiler. “Un drama para muchos españoles”, señaló el presidente cuando hizo el anuncio, que dejó frío al PP en esos momentos. Ahora sí el PP se siente muy concernido. Los populares priorizaron la financiación autonómica como asunto central de la conferencia; no la vivienda. Pero en octubre llegó el enfrentamiento de los conservadores con la ministra Rodríguez por la amenaza de quitar incentivos y subvenciones a las comunidades que no colaboren con la bajada de precios de alquiler, y esa linde ya no se abandonará. “El problema de los españoles es la vivienda por las políticas de extrema izquierda del Gobierno de la mano de sus socios”, sentenció la vicesecretaria general de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz. De momento, el Ejecutivo lo único que ha puesto en práctica es el límite temporal de la subida de los alquileres que empezó con el apagón de la economía durante la covid.

El Gobierno no podrá seguir la estela de las reivindicaciones más extremas que este domingo se expandieron por las calles, sino poner cortafuegos para que no prendan. Estas asociaciones, que no llevan la rúbrica de partidos, piden una huelga de alquileres. Es decir, que los inquilinos no paguen la renta. El debate está abierto y la coalición de Gobierno, con el PSOE y Sumar no siempre en la misma dirección, y menos en este asunto, ha empezado a dar pasos para que la calle no le desborde y tome cuerpo el espíritu del 13-O como hace 13 años nació el del 15-M. Tres años después de aquello, Podemos por la izquierda y Ciudadanos por el centro zarandearon el bipartidismo.

La organización juvenil socialista quiere estar a pie de obra; se sienten concernidos y nada ajenos a las quejas de los jóvenes (y de todas las edades) que ayer salieron a la calle. El Gobierno tendrá su apoyo, pero azuzarán en el próximo congreso del partido para que las propuestas de vivienda que se aprueben sean “valientes”. El Ejecutivo sabe que Podemos estará muy presente en la calle y en el Parlamento con esta bandera. Sumar, desde el Gobierno; EH Bildu, ERC y BNG serán muy activos en la defensa de medidas que rompan el ciclo de inaccesibilidad. Junts es una incógnita, reconocen. El PP, desde otro flanco, estará contra el Gobierno por acciones inadecuadas, a su entender, o por intromisión en las facultades de las comunidades autónomas. Sobre vivienda, a diferencia de otros campos, el Ejecutivo sí cree tener campo de acción, sin perder de vista la protesta de la calle.

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