La jueza estudia el último recurso antes de resolver sobre la condena de cárcel que busca acordar el novio de Ayuso

La jueza que instruye la causa por un fraude fiscal de 350.000 euros contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), resolverá en breve el recurso de reforma que presentaron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid donde piden investigar nuevos delitos del empresario. Mientras tanto, la instructora no tramitará ...

La jueza que instruye la causa por un fraude fiscal de 350.000 euros contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), resolverá en breve el recurso de reforma que presentaron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid donde piden investigar nuevos delitos del empresario. Mientras tanto, la instructora no tramitará el acuerdo de conformidad que persigue González Amador para aceptar una condena de ocho meses de cárcel que le libre de ingresar en prisión a cambio de reconocer los delitos y pagar una multa próxima al medio millón de euros.

El borrador de acuerdo de conformidad, aceptado supuestamente por Alberto González Amador y por la Fiscalía Provincial de Madrid, establece los siguientes compromisos por ambas partes:

- González Amador reconoce haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades por más de 350.951 euros y acepta una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros.

- La Fiscalía declara que no se opone a que se conceda la suspensión de las penas de prisión por ser las condenas inferiores a dos años, no constar antecedentes penales y estar satisfechas las responsabilidades civiles.

La Abogacía del Estado no tiene inconveniente en sumarse a este acuerdo siempre que los recursos presentados por las acusaciones populares sean resueltos definitivamente, según fuentes conocedoras del procedimiento judicial.

PSOE y Más Madrid exponen en su recurso que la documentación remitida al juzgado por la Agencia Tributaria -casi dos años de diligencias de investigación fiscal- incluye pruebas suficientes de que González Amador pudo cometer los delitos de falsedad contable, corrupción en los negocios y administración desleal. “En las cuentas de las sociedades, no sólo en las que son propiedad de Alberto González Amador, existen movimientos que no se justifican, que no se corresponden con las actividades propias de esas empresas y que les perjudican, como son compras de abonos de clubs deportivos, rolex, viajes aparentemente personales y compras de vehículos de alta cilindrada”, señala el recurso.

Las acusaciones populares también piden a la jueza que se investigue un contrato sospechoso de 949.000 euros fechado el 16 de diciembre de 2020 por la empresa de González Amador, Maswell Cremona para la “realización de análisis de muestras no fisiológicas” por parte de la sociedad Asociación para la Prevención de Accidentes (APA). Sólo un mes después, González Amador firmó otro contrato de colaboración con Quirón Prevención por el que esta empresa podía utilizar la bolsa de analíticas de muestras no fisiológicas contratadas por APA por 1.043.900 euros. Las acusaciones populares insisten en que APA no contestó a los requerimientos de información de la Agencia Tributaria sobre facturación, pagos y listados de muestras enviadas. González Amador ganó 93.000 euros en un solo mes por esa gestión.

La instructora del caso González Amador ya rechazó la primera petición de PSOE y Mas Madrid para ampliar la investigación a otros delitos cometidos supuestamente por el empresario. Además, la defensa de la pareja de Ayuso recuerda a la jueza que la Audiencia Provincial de Madrid ha negado a las acusaciones de PSOE y Mas Madrid la legitimación para ejercer la acción popular en relación con el delito contra la Hacienda Pública que se investiga. “El delito”, señala la Audiencia, “se atribuye a un particular y es de naturaleza patrimonial, recayendo la defensa de los intereses patrimoniales del Estado exclusivamente en la Abogacía del Estado”. Si la instructora niega también las nuevas diligencias ahora solicitadas y su decisión es ratificada por la Audiencia Provincial, las dos acusaciones populares se quedarían fuera de la causa.

El abogado de González Amador entiende que “no existen indicios racionales de que se hayan cometido delitos distintos a los denunciados por la Agencia Tributaria” y que “las diligencias propuestas para el esclarecimiento de otros hechos diferentes nunca podrán considerarse pertinentes al no guardar relación con el relato fáctico”.

González Amador admite, según el borrador de acuerdo de conformidad, que en sus declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 incluyó una serie de gastos (más de 1,7 millones de euros) “en los que no había incurrido” y que lo hizo “para reducir el beneficio sujeto a tributación”. También declara que obtuvo facturas de dos empresarios “que no reflejaban servicios reales”, lo que le permitió “documentar así gastos que fueran deducibles”.

González Amador logró en 2020 un beneficio de casi dos millones de euros por su tarea de intermediación entre la empresa FSC, principal proveedor de mascarillas durante la pandemia, y la firma gallega Mape. Se llevó el 4,5% del total facturado. El empresario incluyó en su declaración del impuesto de sociedades de ese año unos gastos inexistentes de 620.000 euros a favor de una firma mejicana para rebajar su factura fiscal. A ese fraude añadió otro incluso mayor el año siguiente, cuando en la nueva declaración del Impuesto de Sociedades incorporó gastos deducibles, y también inexistentes, por 1.073.000 euros.

González Amador se compró a principios de 2022 por 1,2 millones de euros un piso de 178 metros cuadrados en el distrito de Chamartín. Lo hizo siete meses después de realizar la primera declaración fiscal fraudulenta. En ese inmueble convive con su pareja, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que negó el fraude fiscal cometido por su novio -”le deben 600.000 euros de intereses”, llegó a decir- y atribuyó los problemas de González Amador con Hacienda a una cacería política en la que implicó a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía de Madrid.

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, difundió un correo electrónico de la fiscalía a González Amador, donde el ministerio público le ofrecía la posibilidad de tramitar un acuerdo de conformidad. Rodríguez ocultó entonces a los periodistas que existía un correo anterior donde era el novio de Ayuso quien proponía confesar los delitos -algo que ya había hecho ante los inspectores de Hacienda- a cambio de reducir su pena de cárcel a sólo ocho meses. Rodríguez llegó a escribir que los jefes del fiscal que llevaba el caso ordenaron retirar la oferta de conformidad a González Amador.

El novio de Ayuso se querelló contra la Fiscalía por difundir una nota donde, para desmentir el doble bulo de Miguel Ángel Rodríguez, se detallaban cronológicamente los hitos del proceso judicial abierto. El Supremo debe resolver en breve si admite a trámite la exposición razonada que el Tribunal Superior le remitió pidiendo imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.