El Gobierno condiciona los fondos para menores migrantes a que el PP abra 4.000 plazas
La decisión de los populares de romper las negociaciones con el Ejecutivo, tomada en un núcleo reducido de la dirección, desconcierta a sectores del partido
La negociación ha vuelto a saltar por los aires. Cuando parecía que el Gobierno, el PP y Coalición Canaria estaban (esta vez, sí) dispuestos a cerrar un acuerdo para redistribuir a los menores migrantes, los populares han roto la baraja y han anunciado este sábado que suspenden las negociaciones. El portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado, ha llamado a sus interlocutores para decirles que no habrá, por tanto, nueva reunión este...
La negociación ha vuelto a saltar por los aires. Cuando parecía que el Gobierno, el PP y Coalición Canaria estaban (esta vez, sí) dispuestos a cerrar un acuerdo para redistribuir a los menores migrantes, los populares han roto la baraja y han anunciado este sábado que suspenden las negociaciones. El portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado, ha llamado a sus interlocutores para decirles que no habrá, por tanto, nueva reunión este lunes como estaba previsto. La supuesta voluntad de negociar no ha llegado ni al tercer encuentro y el presidente canario, Fernando Clavijo, ve cómo se desmorona su intención de cerrar rápidamente un acuerdo y aliviar la situación de los 5.300 menores acogidos en las islas. “Esto es un sinvivir”, reclaman en el Gobierno canario.
El PP enseña los dientes y reprocha ahora al Gobierno que no pida suficiente ayuda a la Unión Europea para, por ejemplo, reubicar a los menores en otros países, un mecanismo que además de lento y restringido a los solicitantes de asilo, no será obligatorio hasta 2026. Pero en el alejamiento del PP hay un trasfondo mayor: la propuesta planteada por el Gobierno supone que para beneficiarse de financiación estatal destinada a la acogida de este colectivo, las comunidades autónomas gobernadas por los populares tendrían que crear 4.000 nuevas plazas. Y, según han explicado a EL PAÍS fuentes conocedoras de ese documento, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —que se han declarado desbordadas— son las que más lejos están de contar con un número “óptimo” de camas para poder reclamar ayuda del Estado. Entre las más dotadas, por contra, aparecen Cataluña y el País Vasco.
Las tres partes se habían vuelto a sentar en agosto dispuestas a negociar las condiciones del PP para apoyar el cambio de la ley de extranjería que rechazó en julio. Entre el popurrí de exigencias de los populares, sí se concretaba que la imposición de un reparto debería beneficiar a todas las comunidades y no solo a Ceuta, Melilla y Canarias. Pedía además un modelo en el que todas que soporten su red de acogida por encima del 100% reciban financiación estatal. Con estas peticiones sobre la mesa, el Ministerio de Juventud e Infancia asumió la tarea de establecer un mínimo “óptimo” de plazas con criterios objetivos para cada comunidad. Este cálculo era importante a fin de evitar que gobiernos autonómicos que no han invertido en ampliar sus redes de acogida porque la realidad migratoria les quedaba lejos puedan argumentar que están saturadas. Es el caso de La Rioja, que con 325.000 habitantes, cuenta con solo 113 plazas en las que apenas hay una decena de menores extranjeros no acompañados.
El informe de Infancia, finalmente, ha llegado y, según sus cálculos, en España hay unas 19.000 plazas para menores (migrantes no acompañados y otros perfiles de niños en desamparo) cuando, por criterios de población, debería haber unas 23.600. Esos números le llevan a concluir que cada comunidad autónoma debería tener un mínimo de una plaza de acogida por cada 2.250 habitantes. Y prácticamente todas suspenden.
El mayor déficit se observa en las comunidades gobernadas por el PP, las que más reacias se han mostrado a acoger niños y adolescentes migrantes por declararse desbordadas. Son las que en las reuniones internas han reclamado más ayuda del Estado. Así, de esas 4.000 nuevas camas que faltarían para llegar a una base mínima, Madrid tendría que aportar más de un millar, Andalucía más de 800 y la Comunidad Valenciana, más de 700, según fuentes que conocen ese informe. Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, también tendría un déficit de más de 300 camas. Solo Canarias, Ceuta, Melilla, País Vasco, Navarra y Cataluña tienen más plazas de las que les correspondería por este criterio. Y únicamente Canarias y Ceuta estarían ahora mismo por encima del 150% de su capacidad. Las comunidades del PP rebaten estos cálculos, mientras fuentes gubernamentales las emplazan a que lo hagan en la mesa de negociación y no dinamitando las conversaciones.
El planteamiento del Gobierno es que el sistema debe hacer frente a la situación de la infancia migrante no acompañada con un aumento del número de plazas disponibles que deben asumir las comunidades antes de que el Estado las financie. Propone un cambio de modelo donde se impongan las “plazas estructurales” y no la “apertura a demanda”. Fuentes del Gobierno canario comparten la lógica de la propuesta, pero lamentan que se trate de un cambio de modelo “demasiado profundo” cuando se necesita una solución urgente. Esa negociación, señalan, requiere un tiempo que las islas no tienen. La propuesta del Ejecutivo de Fernando Clavijo es que se tome el número total de menores extranjeros no acompañados en España (unos 16.000) y se redistribuyan por el territorio basándose en criterios objetivos como el de la población. Y que, más adelante, se trabaje en profundidad en un cambio de modelo.
El movimiento de Tellado, portavoz parlamentario de los populares y figura de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, rompiendo de forma sorpresiva las negociaciones con el Gobierno, provocó desconcierto en sectores del partido. La decisión se tomó en un núcleo muy reducido de poder, y miembros de la dirección afirmaron a EL PAÍS que la desconocían después de que el PP informara de ella con un breve comunicado la mañana del sábado. También la ignoraban algunas importantes baronías, que además están directamente afectadas por la posición de Génova sobre la acogida de menores migrantes.
El sorpresivo giro popular llega, además, después de que el PP canario, que cogobierna en las islas, hubiera presionado esta pasada semana a la dirección para llegar a un acuerdo. También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, tras reunirse este viernes con Pedro Sánchez en La Moncloa, aseguró a los periodistas que creía posible un pacto sobre el reparto de menores. Según el dirigente murciano, Sánchez coincidió con él en que el reparto debe ser igualitario entre las comunidades y en que el Estado debería dedicar más recursos para sostener la atención de los niños.