Las dos esposas de yihadistas repatriadas de Siria a España negocian un pacto con la Fiscalía

Los abogados de las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos esposas de yihadistas repatriadas en enero de 2023 desde el norte de Siria, mantienen conversaciones con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tratar de alcanzar un pacto de conformidad, según confirman varias fuentes jurídicas. El cierre de un acuerdo permitiría a las mujeres conseguir una reducción de las penas de cárcel que el ministerio público solicita para ellas —e...

Los abogados de las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos esposas de yihadistas repatriadas en enero de 2023 desde el norte de Siria, mantienen conversaciones con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tratar de alcanzar un pacto de conformidad, según confirman varias fuentes jurídicas. El cierre de un acuerdo permitiría a las mujeres conseguir una reducción de las penas de cárcel que el ministerio público solicita para ellas —este ya anunció que, en principio, reclamará seis años de prisión en el futuro juicio—. Por su parte, las acusaciones conseguirían que las dos procesadas reconocieran los hechos y los delitos que se les imputan.

Fuentes de la Fiscalía enmarcan estas conversaciones con las defensas dentro de su actividad habitual. No son extraños los pactos de conformidad en juicios sobre yihadismo celebrados en la Audiencia. El tribunal todavía no ha fijado la fecha de la vista oral contra las dos repatriadas.

Yolanda Martínez y Luna Fernández, que aterrizaron en enero de 2023 en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a los 13 niños que tenían a su cargo (nueve de ellos, hijos biológicos suyos), quedaron en libertad la pasada semana después de permanecer casi un año y nueve meses en prisión provisional. La Audiencia Nacional acordó su excarcelación al concluir que sus “circunstancias” han variado y al “no apreciar riesgo de fuga en la actualidad”. La Fiscalía apoyó esta decisión, que contó con el rechazo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se ha personado como acusación popular.

En su escrito de acusación, fechado el pasado 4 de septiembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, la Fiscalía atribuye a las dos mujeres un delito de integración en organización terrorista, además de solicitar seis años de prisión para ellas y otros cinco años de libertad vigilada. El ministerio público detalla que Fernández y Martínez se desplazaron “voluntariamente” en junio de 2014 a la “zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos” para integrarse en el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés): “Compartiendo y aceptando el mismo destino de ellos”, reza el escrito.

Pero, según expuso el fiscal Carlos Bautista, las dos acusadas habían comenzado su actividad en favor del ISIS antes de marcharse a Siria. Sus maridos pertenecían a la Brigada Al Andalus, una célula yihadista desarticulada en 2014, justo después de que ellas se trasladaran al país asiático. Y ellas tuvieron un papel “destacado”, “clave” y de “liderazgo” dentro del grupo de las esposas de los componentes de dicha Brigada.

Sobre sus “roles” en Siria, el ministerio público remacha: “Mientras una de ellas ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas [del grupo terrorista]”. “Las investigadas siempre mostraron su voluntad de ser miembros del Daesh. Solo la completa pérdida de control territorial en Siria e Irak, que sufrió el Daesh tras el sitio y la caída de la ciudad siria de Baguz —último reducto en el que ellas voluntariamente estuvieron hasta el final—, así como las condiciones de vida en el campo de acogido de Al Hawl, fueron la causa por el cual ambas investigadas solicitaron ser repatriadas a España”, dice el fiscal.

En 2019, EL PAÍS localizó y entrevistó a ambas mujeres en el campo de refugiados de Al Hol. Fernández expresó a este diario: “Yo soy musulmana y no voy a renegar de mi religión. Y como muchos países hacen sus leyes, Alá ha hecho una ley y él sabe, nosotros no sabemos”. Unas declaraciones que reproduce la Fiscalía en su escrito, donde añade: “Estas palabras reflejan la interiorización de una visión radical y extremista del islam, donde la sharía o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países”.

En esa misma entrevista, Yolanda Martínez cuenta: “Llego sin saberlo. Pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS, haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica”. Sobre ello, el fiscal asegura: “Dicha manifestación es indicio de su pertenencia a la organización, pues solo a los miembros de la misma se les cedía una casa y se les daba un trabajo en la administración que el pseudo-califato estaba desarrollando”.

Los abogados de las acusadas —uno de los cuales ya ha presentado su escrito de defensa en la Audiencia Nacional para el futuro juicio— mantienen que no existen pruebas suficientes contra ellas. “Con esta resolución [que las excarceló], finaliza una decisión que fue injusta desde el inicio, porque enamorarte de una persona no te convierte en su cómplice”, afirmó el letrado de Luna Fernández, Juan Manuel Martín Calvente, tras quedar en libertad la pasada semana. Pese a ello, según fuentes del entorno de ambas mujeres, alcanzar un pacto con la Fiscalía alejaría el riesgo de que un tribunal las condenase a altas penas y, además, reduciría la posibilidad de que volvieran un largo tiempo a la cárcel tras haber pasado ya un año y nueve meses en prisión preventiva.