El Gobierno cree que el nuevo retraso en el ‘caso Begoña Gómez’ refuerza la tesis de la prevaricación
Oscar López carga contra un “caso político” que en La Moncloa ven cada vez más amortizado
El Gobierno se cuida mucho de entrar a criticar abiertamente y en público las decisiones judiciales, a pesar de que muchas de ellas tienen una gran influencia política y son analizadas internamente como parte de una ofensiva contra el Ejecutivo. Pero hay una excepción en la que el Gobierno ha saltado todas sus líneas rojas...
El Gobierno se cuida mucho de entrar a criticar abiertamente y en público las decisiones judiciales, a pesar de que muchas de ellas tienen una gran influencia política y son analizadas internamente como parte de una ofensiva contra el Ejecutivo. Pero hay una excepción en la que el Gobierno ha saltado todas sus líneas rojas: la actuación del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Moncloa ha decidido que Peinado ha superado todos los límites de lo admisible y el presidente, Pedro Sánchez, ha decidido querellarse contra él por prevaricación, un paso inédito. El último movimiento extraño del juzgado de Peinado —no atribuible directamente a él, pero del que es el último responsable— esto es, el error en el envío de la documentación a la Audiencia Provincial de Madrid que provoca un nuevo retraso en la resolución del caso, refuerza, según fuentes del Gobierno, la tesis de la prevaricación.
En privado se usan palabras muy duras para definir la actuación de este juez, que según la visión más extendida en el Gobierno está prevaricando porque hace meses que sabe que no hay materia para seguir, como le ha indicado en dos ocasiones en sendos informes la Guardia Civil, y aun así está estirando el caso, según esta visión en el Ejecutivo, con el único interés de perjudicar al presidente. Pero es que esta vez ni siquiera hizo falta recurrir a lo que se dice en privado, porque en público el Gobierno fue suficientemente explícito.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, que como jefe de Gabinete de Sánchez hasta hace tres semanas era una de las personas que seguía más de cerca la actuación del juez, fue directo en La Sexta y habló abiertamente de un “caso político”. Después, en X, cuando se conoció el error del juzgado que retrasa de nuevo el proceso, apuntó directamente a la prevaricación. “Un suponer, una audiencia provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botella”, dijo el ministro.
En La Moncloa, de momento, no se plantean ampliar la querella por prevaricación, entre otras cosas porque el propio juzgado está diciendo que esto no es una decisión del juez, sino un error del equipo técnico, pero la denuncia política de que este tipo de movimientos consolidan la idea de la prevaricación se mantiene. El Gobierno cree que Peinado debería haber archivado el caso hace meses, cuando la Guardia Civil le mandó dos informes con la misma conclusión de que no hay caso, y a partir de ahí considera que todos los movimientos del juez, incluida la toma de declaración a Sánchez en La Moncloa, son vistos como movimientos prevaricadores.
López fue especialmente rotundo, en un tono que el Gobierno no usa con ningún otro juez, ni siquiera los que han tomado decisiones muy perjudiciales para el Ejecutivo que dan al traste con cuestiones decisivas como la amnistía. Con Peinado ya se han roto todos los límites y el Ejecutivo está convencido de que la opinión pública ya tiene tomadas posiciones muy claras sobre este caso. En el mundo conservador y antisanchista hay una convicción instalada de que hay delito. Y en el mundo progresista está muy clara la idea de que es un caso político en el que no hay nada de fondo. Esta es la conclusión que tienen en La Moncloa, y por eso creen que el caso ya está amortizado y no tiene más desgaste y puede incluso volverse contra el PP y la oposición el día que finalmente, como esperan en el Gobierno, la Audiencia Provincial tome la decisión de archivarlo. Por eso López y otros ministros, como Félix Bolaños, el de Justicia, que también se cuida mucho de hablar de los jueces, han sido especialmente rotundos en este caso.
“Todo este caso es un montaje político desde el minuto cero”, señaló López. “La denuncia la hace Manos Limpias, un grupo ultra que llegó a extorsionar a las víctimas de una estafa. Y después se ha sumado Hazte Oír. Y luego Vox. Todo el censo de organizaciones ultraderechistas que han montado una campaña de acoso y derribo a Sánchez porque no fueron capaces de derrotarle en las urnas. Y Feijóo se ha sumado a eso. Es un caso político. No hay nada. La Guardia Civil le ha dicho al juez que no hay nada y sigue adelante. Hay una instrucción prospectiva que no se merece ningún ciudadano. Es una instrucción claramente política. No hay ningún caso, hay una operación política”, remató.
En La Moncloa creen además que el hecho de que haya grupos ultras detrás de la denuncia debilita mucho todo lo que venga de este caso. Hazte Oír, una de las organizaciones que está detrás del caso, trasladó este lunes en redes sociales “un mensaje de calma” ante las personas que pudieran temer que este error diera al traste con el caso. “Se trata de una cuestión meramente procesal”, señaló esta organización. El Gobierno asume que aún queda tiempo para una solución definitiva y un archivo, pero está convencido de que es el único final posible de un caso en el que el juez ha buscado muchas vías para avanzar contra la esposa del presidente, pero aún no ha logrado progresos en ninguna.