La Guardia Civil registra por tercera vez la Diputación de Badajoz en la investigación al hermano de Sánchez
Agentes de la UCO acuden a la sede del organismo para intervenir nuevos correos electrónicos sobre la contratación de David Sánchez
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este martes a la sede de la Diputación de Badajoz, por orden judicial, para recabar nueva documentación en la investigación abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación por este organismo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado EL PAÍS en fuentes cercanas a la investigación. En co...
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este martes a la sede de la Diputación de Badajoz, por orden judicial, para recabar nueva documentación en la investigación abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación por este organismo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado EL PAÍS en fuentes cercanas a la investigación. En concreto, los agentes están interviniendo los correos electrónicos enviados y recibidos en cuentas corporativas. Es la tercera vez que miembros de esta unidad del instituto armado acuden a dependencias del organismo público para realizar este tipo de diligencias desde que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, abriera una causa a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias ―el mismo que presentó otra contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, que propició su imputación―. En ella se investigan hechos que, según la magistrada, pueden ser constitutivos de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y contra la Hacienda Pública.
El primer registro de la Diputación pacense se produjo el pasado 10 de julio. Entonces, los agentes acudieron a su sede y volcaron los correos electrónico enviados y recibidos en sus cuentas corporativas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 por nueve personas, entre ellos el presidente de la diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo; otros dos diputados de este partido y el hermano de Sánchez. Sin embargo, cuando procedieron al análisis del material, los investigadores descubrieron que se había producido “errores informáticos” que había provocado que en el material intervenido en la cuenta de David Sánchez existieran “espacios temporales amparados por la autorización judicial que no muestran contenido” por lo que pidieron a la magistrado autorización para volver a realizar su volcado. La jueza lo autorizó a mediados de julio.
La denuncia de Manos Limpias que dio pie a la apertura de la investigación ponía el foco en el hermano de Sánchez, que trabaja desde julio de 2017 —casi un año antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, pero cuando ya había recuperado la secretario general del PSOE tras vencer a Susana Díaz en las primarias del partidos― en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz, y coordina esa actividad en este organismo. El pseudosindicato sustentaba su denuncia en informaciones publicadas en prensa en las que se aseguraba que David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior.
Tras la denuncia, la juez abrió diligencias de investigación el pasado 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez. También solicitó un informe sobre el proceso de selección para adjudicarle el puesto y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. El organismo remitió al juzgado esa documentación el pasado 14 de junio, pero la magistrada la consideró insuficiente.
Por ello, cuatro días después reclamó nuevos informes a la Diputación pacense para que, entre otras cuestiones, informara de la “localización física del despacho donde [el hermano del presidente] desarrolle sus funciones habitualmente”, si existía un sistema de control horario para el personal de alta dirección o por qué se cambió en 2021 la nomenclatura del puesto por el de “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”. También reclamó conocer si los fondos del Programa Ópera Joven, del que supuestamente se encargaba David Sánchez, eran de origen “autonómico, estatal o europeo” , según se recoge en un auto. En esa misma resolución judicial, la magistrada encargó a la Agencia Tributaria y a la UCO que intervenir en la investigación.
La petición de la jueza de que fuera esta unidad de la Guardia Civil ―la misma que lo hace en el caso de Begoña Gómez― la que se hiciera cargo de las pesquisas lo justificaba por un informe que elaboró dentro del sumario del llamado caso Koldo, abierto en la Audiencia Nacional para investigar la supuesta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020. En aquel documento policial se señalaba que en la localidad portuguesa de Elvas, donde supuestamente reside David Sánchez, el empresario Víctor Aldama (uno de los presuntos cabecillas del caso Koldo) tenía domiciliadas seis empresas a las que supuestamente desvió parte de las comisiones por aquellos contratos. La jueza Biedma apuntaba, por ello, que las actividades de Aldama “podrían estar relacionadas con la presente investigación” sin más concreción.
El hermano del presidente recurrió el auto en el que se pedían todas estas diligencias al considerar que se estaba impulsando contra él una investigación prospectiva (consistente en investigar para ver si se encuentra un indicio de delito, en lugar de centrar las pesquisas en indicios concretos), algo prohibido por ley. Sin embargo, la magistrada desestimó el recurso. También ha rechazado la petición de uno de los diputados socialistas a los que se le intervinieron los correos electrónicos que había solicitado sacar de la causa este material al considerar que se vulneraban sus derechos. En la causa están personadas como acusación, además de Manos Limpias, los grupos Iustitia Europa, Hazte Oír y Liberum, y Vox.