El Gobierno planea crear dos nuevas fiscalías sobre delitos económicos y contra la administración

El plan de regeneración que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros plantea crear dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para luchar contra la corrupción. El documento señala que el objetivo es atacar tanto la corrupción pública como la privada, ampliando la plantilla de fiscales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de este tipo de casos. El texto no concreta los ámbitos de actuación de estas nu...

El plan de regeneración que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros plantea crear dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para luchar contra la corrupción. El documento señala que el objetivo es atacar tanto la corrupción pública como la privada, ampliando la plantilla de fiscales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de este tipo de casos. El texto no concreta los ámbitos de actuación de estas nuevas unidades, pero fuentes conocedoras de la negociación señalan que la idea es crear una unidad especializada en delitos económicos y otra en delitos contra la administración pública. Estas fuentes diferencian entre la labor y las competencias que tendrán estos dos nuevos equipos y las de la Fiscalía Anticorrupción, una fiscalía especial que se encarga, y seguirá encargándose, de investigar los grandes casos de corrupción.

Las unidades especializadas de la Fiscalía son equipos dependientes del fiscal general que coordinan la actuación del ministerio fiscal en todo el territorio nacional respecto a algunos tipos de delitos. Ya existen en áreas como violencia sobre la mujer, medioambiente, menores, seguridad vial, criminalidad informática, trata de personas y extranjería, delitos de odio o derechos humanos y memoria democrática. Cada unidad está formada por un fiscal de sala (la máxima categoría en la carrera) y, normalmente, dos fiscales adscritos, que trabajan para coordinar la actuación de la Fiscalía en todos los territorios, supervisar los escritos de los fiscales delegados de las comunidades autónomas y dar pautas para garantizar que estos delitos se investigan con un criterio común. Esta estructura es la que se quiere extender ahora la lucha contra la corrupción, pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Anticorrupción.

La diferencia entre estas unidades y la Fiscalía Anticorrupción es que esta última, dirigida por el fiscal Alejandro Luzón, tiene labor jurisdiccional, es decir, los fiscales que la integran se encargan de investigar y ejercen la acusación en los juicios. Su labor se centra en los grandes casos de corrupción, causas de especial trascendencia que les encomienda el fiscal general, mientras que las nuevas unidades pondrán el foco, precisamente, en esas causas más pequeñas que quedan fuera de Anticorrupción, pero que, según entienden el Gobierno y la Fiscalía General, merecen una atención especializada y muy implantada en los territorios. El fiscal de Sala y los fiscales adscritos que coordinarán el trabajo dese la Fiscalía General, al contrario de los de Anticorrupción, no ejercerán labores jurisdiccionales.

La unidad de delitos económicos estará especializada en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Ya hay un fiscal de sala de delitos económicos, puesto que actualmente ocupa el fiscal Fernando Rodríguez Rey, y en algunas fiscalías autonómicas hay también fiscales especialistas en este tipo de delitos. Pero no existe una unidad como tal para unificar criterios y coordinar a todos los fiscales, que es lo que se pretende hacer ahora. La segunda unidad prevista en el plan de regeneración se centrará en delitos contra la administración pública, como la malversación, el cohecho o la prevaricación, algunos de los tipos penales más habituales en las causas de corrupción que tienen su origen en gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.