La Fiscalía advierte de la polarización política como “caldo de cultivo” para los delitos de odio

La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado recoge un incremento del 300% en las diligencias abiertas por delitos de odio: 511 asuntos en 2023, frente a los 166 del año anterior. El racismo y la xenofobia, con 138 y 130 denuncias respectivamente, acaparan la mayoría de las denuncias, seguidas de la orientación sexual y la identidad de género (90 denuncias). Ante esta escalada, el ministerio público hace un llamamiento a la “serenidad” de la clase política, ante la sospecha de que la sociedad replica lo que le transmiten sus dirigentes. “La excesiva crispación y polarización” en l...

La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado recoge un incremento del 300% en las diligencias abiertas por delitos de odio: 511 asuntos en 2023, frente a los 166 del año anterior. El racismo y la xenofobia, con 138 y 130 denuncias respectivamente, acaparan la mayoría de las denuncias, seguidas de la orientación sexual y la identidad de género (90 denuncias). Ante esta escalada, el ministerio público hace un llamamiento a la “serenidad” de la clase política, ante la sospecha de que la sociedad replica lo que le transmiten sus dirigentes. “La excesiva crispación y polarización” en los discursos políticos, advierte la Fiscalía, “constituye el caldo de cultivo adecuado para la comisión de comportamientos intolerantes y en ocasiones violentos”.

No es la primera vez que la Fiscalía advierte de los efectos nocivos que la tensión política tiene sobre la sociedad, pero el ministerio público ha dejado por escrito esta reflexión en su memoria anual ante la “persistencia” de esta situación. “Se hace imperioso recuperar la adecuada serenidad que ha caracterizado siempre el debate político en la democracia española sin que ello comporte renunciar a la legítima discrepancia política en el ejercicio de los principios y derechos constitucionales como el pluralismo político, la libertad ideológica o la de expresión”, señala el ministerio público en el capítulo de delitos de odio de la memoria anual de 2023, presentada este jueves por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante el acto de apertura del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

El texto alerta también de cómo los menores extranjeros no acompañados se convierten a menudo en protagonistas de noticias falsas en las que se les asocia con actos incívicos o violentos. El fiscal general del Estado ha alertado durante su discurso del peligro de sembrar el odio contra los menores migrantes refiriéndose a ellos como si fueran “mercancía”. “Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas”, ha advertido.

Quienes difunden esas informaciones sobre un sector “extremadamente vulnerable” de la población, según señala la memoria de la Fiscalía, actúan de forma “maliciosa” con el fin de denigrar a estos menores, lo que contribuye a aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra este colectivo, “con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social frente a ellos”.

Aunque las denuncias por este tipo de delito se han disparado, la Fiscalía considera que lo que llega a investigarse es solo una mínima parte de los casos que realmente se producen, ya que existe la certeza de que estas conductas están “infradenunciadas”. Los fiscales provinciales de Toledo y La Rioja llegan a calificar la infradenuncia de estos delitos como un “problema endémico”. Las razones son múltiples, pero el texto destaca las que responden a la situación irregular de algunas víctimas y su miedo a ser expulsadas, además de otros factores como la desconfianza en las instituciones que han de proporcionarles protección; el “carácter estigmatizante” que supone ser víctima de un delito de odio; o a que, en muchas ocasiones, “ante la frecuencia y naturalidad con la que se realizan estos actos, no tiene la percepción de ser víctima”.

Además de incrementarse las diligencias abiertas, crecieron también de forma “espectacular” las querellas o denuncias interpuestas por el ministerio fiscal: 204 frente a las 43 del año 2022. Con los datos de las sentencias dictadas el año pasado en primera instancia sobre este tipo de delitos, la labor acusatoria de los fiscales está dando frutos en los tribunales, donde 110 de las 138 sentencias registradas acabaron en condena y solo 28 fueron absolutorias.

Insultos racistas en el fútbol

La memoria hace una mención especial a los insultos racistas y homófobos registrados en el ámbito deportivo, sobre todo en estadios de fútbol. “Este tipo de hechos absolutamente deleznables y que se han sucedido a lo largo de todo el año no puede haber espacios de impunidad y exigen su adecuada persecución”, advierte la Fiscalía, que recuerda que este tipo de conductas, de la que a menudo son víctimas jugadores o árbitros, pueden constituir un delito contra la integridad moral (artículo 173.1 del Código Penal) o en algunos casos un delito de lesión de la dignidad de la persona por motivos discriminatorios (artículo 510.2 a).

A continuación, se detallan otros aspectos recogidos en la memoria fiscal:

El binomio drogas y conducción, “en creciente y preocupante auge”. Los fiscales ven en 2023 un “punto de inflexión” en los datos estadísticos de los indicadores de delincuencia vial que puede obedecer, a falta de estudios criminológicos, una vuelta a los hábitos circulatorios normalizados de antes de la pandemia. Se revirtió el pico estadístico de 2022, cuando se alcanzaron las cifras más elevadas de toda la serie histórica. A pesar de esa buena perspectiva, los fiscales llaman la atención sobre el “creciente y preocupante auge” del binomio drogas y conducción y reclaman la puesta en práctica de políticas preventivas y educativas para atajarlo. Los expedientes sancionadores administrativos por presencia de drogas son los mayores de la serie histórica, 28.200 más que 2022 (un incremento del 108%) a diferencia de lo ocurrido con los de alcoholemia positiva, que bajan en 5.300 (6%), y se encuentran en niveles prepandemia. Las dos cuestiones que más preocupan sobre los vehículos de movilidad personal (como patinetes eléctricos) son la siniestralidad vial y la conducción sin permiso de estos vehículos equiparables a ciclomotores. Algunos delegados provinciales –Madrid, Málaga, Gipuzkoa, A Coruña y León– destacan el incremento del delito de abandono del lugar del accidente.

Falta de medios para luchar contra las narcolanchas. Los procedimientos contra el tráfico de drogas han crecido un 10%, especialmente en provincias de interior, afectadas por la ola de crecimiento de la producción y tráfico de hachís. En su memoria, la fiscalía también subraya “falta de medios” para poder atajar la actividad de las narcolanchas y recuerda la violencia que emplean, ya que “en más de una ocasión embisten a las embarcaciones” de la Guardia Civil. “Lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024, uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan”, subrayan. El ministerio público relaciona el descenso de un 20% de las investigaciones en Cádiz con el desmantelamiento de Ocon Sur, la unidad de élite contra el narco creada en 2019 y cerrada en 2022. Uno los factores que lo justifica, según el escrito, es la menor presión policial. Además, hace especial mención al “reto técnico y jurídico” que suponen las plataformas de comunicación encriptada con la que se comunican las organizaciones criminales, como EncroChat o Sky-ECC, y reclama una “acción urgente” a los Estados, para asegurar técnicas de investigación que permitan la intervención de las comunicaciones.

La captación de menores para el terrorismo yihadista, una “realidad preocupante”. Los fiscales explican la necesidad de que el terrorismo internacional tenga “un nuevo enfoque de lucha”, al que se añadan los nuevos medios tecnológicos y que cuente con los demás países de la UE. “El mundo ciber” es donde se produce la mayoría de los hechos detectados como de terrorismo yihadista e internacional, resaltan. “La ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad individual y colectiva en España”. La fiscalía ve en la captación de menores por este tipo de delitos como “una realidad preocupante”, ya que en ellos, los terroristas han encontrado “un nicho para el desarrollo de su actividad”. “Su impulsividad, idealismo y necesidad de pertenencia a un colectivo los convierte en un blanco fácil para la propaganda extremista, que se difunde principalmente a través de internet y las redes sociales”, detalla. En el ámbito de la delincuencia económica, descatan un aumento de las estafas online relacionadas con el comercio electrónico, las inversiones y las criptomonedas y una mayor incidencia en los sectores más vulnerables: las personas mayores y los colectivos en situación de precariedad. También subraya el aumento de las investigaciones de los crímenes de guerra y el refuerzo de la colaboración con otros países para la persecución de estos delitos.

“Carencias” para investigar los ciberdelitos. El uso masivo de las tecnologías de la información tiene indudables “efectos positivos”, pero también su “enorme potencial” implica riesgos de que sean utilizadas de forma irregular o con objetivos perversos, advierte la Fiscalía, que lamenta que el uso de estas herramientas no haya venido acompañado en la mayoría de países de la adopción de medidas preventivas y de seguridad necesarias para minimizar ese peligro. En el año 2023 se registraron en España un total de 23.486 procedimientos judiciales y 498 diligencias de investigación penal del Ministerio Fiscal por ciberdelitos. Esta cifra supone un descenso en un 4,61% respecto del año 2022 en el volumen de procedimientos judiciales incoados, pero un incremento de más de un 100% en el de diligencias de investigación penal. Esta discordancia de datos se explica por varias razones, pero una preocupa especialmente al ministerio público: las “carencias” de las aplicaciones informáticas en las que se registran las denuncias, atestados o actuaciones de cualquier tipo relativas a presuntos ciberdelitos que llegan a conocimiento de los juzgados. “Cuanto más crece la ciberdelincuencia, más necesario se hace contar con sistemas de registro debidamente desarrollados, que permitan anotar/consultar con facilidad y separadamente” todas las variantes de estas conductas, advierte la Fiscalía, que considera imprescindibles implantar esas mejoras para poder abordar “con mayor rigor y eficacia este grave y peligroso fenómeno criminal”.