La Audiencia Nacional avala la entrega a Argelia hace dos años de un disidente que temía ser torturado

Expulsión “ajustada a derecho”, según la Audiencia Nacional. Los cuatro magistrados de la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso Administrativo de este tribunal han avalado en una sentencia la deportación a Argelia, en marzo de 2022, de Mohamed Benhalima, un exmilitar que se encontraba en situación irregular en España y al que el Ministerio del Interior negó el asilo pese a alegar que estaba amenazado por haber denunciado la corrupción del régimen de su país...

Expulsión “ajustada a derecho”, según la Audiencia Nacional. Los cuatro magistrados de la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso Administrativo de este tribunal han avalado en una sentencia la deportación a Argelia, en marzo de 2022, de Mohamed Benhalima, un exmilitar que se encontraba en situación irregular en España y al que el Ministerio del Interior negó el asilo pese a alegar que estaba amenazado por haber denunciado la corrupción del régimen de su país y temía ser torturado si se le entregaba. El fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, rechaza de este modo el recurso presentado por los abogados de Benhalima, que defendían que el proceso seguido por el departamento de Fernando Grande-Marlaska para deportarle debía ser declarado nulo al considerar que se habían producido supuestas irregularidades que conculcaban el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Su abogado Jaume Durà, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), interpuso un recurso de casación en el Supremo, que lo inadmitió. Ahora ha recurrido al Tribunal Constitucional. “Hemos interpuesto un recurso de amparo porque se vulneró la tutea judicial efectiva. No tuvo ocasión de defenderse, no hubo procedimiento de extradición y ni llegó a saber las acusaciones en su contra”, defiende Durà.

En la sentencia ―dictada el pasado 5 de junio aunque no había transcendido hasta ahora―, los jueces rechazan de plano estos argumentos y concluyen “sin ninguna duda” que, tras analizar un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, el comportamiento de Benhalima suponía un riesgo para la seguridad nacional, uno de los motivos recogidos en la ley de extranjería para expulsar a un extranjero de España. El documento policial, parte del cual se reproduce en la resolución judicial, destacaba que, de hecho, el exmilitar estaba sometido desde abril de 2021 a una medida de control “por islamismo radical”. Benhalima, que siempre ha negado su cercanía a grupos violentos, lanzó en redes sociales poco antes de ser expulsado hace dos años un vídeo en el que aseguraba que su vida corría peligro si era trasladado a Argelia.

El caso del exmilitar alcanzó cierta resonancia mediática en 2022 después de que Amnistía Internacional convocase concentraciones en Valencia para evitar su expulsión y se interesara por su caso la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Benhalima aseguraba entonces que tuvo que huir de Argelia tras sumarse a las protestas contra el régimen de su país que protagonizó en marzo de 2019 el movimiento pacífico Hirak y ser alertado por un amigo de que iba a ser detenido por ello. El exmilitar llegó a España con un visado en septiembre de ese año y formalizó su petición de asilo cinco meses después en San Sebastián. Esta solicitud fue denegada e Interior ordenó su expulsión tras considerar que su presencia suponía un peligro para la seguridad de España.

El motivo de la expulsión, según detalla ahora la sentencia de la Audiencia Nacional, fue su relación con Mohamed Abdellah, un exgendarme argelino que el informe policial califica de “íntimo amigo” de Benhalima y que también había desertado para huir a España. Abdellah terminó siendo deportado por sus vínculos con el movimiento opositor Rachad, fundado en 2007 y de carácter islamista al que, pese a proclamarse no violento, la Policía española vincula “con la organización terrorista Frente Islámico de Salvación (FIS)”. Ningún país, excepto Argelia, califica Rachad como movimiento terrorista.

La expulsión del exgendarme ―que fue avalada por los mismos magistrados en septiembre del año pasado― llevó a Benhalima a trasladarse a Francia, donde en febrero de 2022 volvió a pedir protección internacional.

Al serle de nuevo denegada, las autoridades de París acordaron su devolución a España, pero antes de que esta fuese ejecutada, la Policía lo interceptó en Zaragoza el 14 de marzo de aquel año. Entonces fue recluido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ejecutar su expulsión. En el tiempo que estuvo retenido, el exmilitar hizo un último intento para evitar su traslado forzoso a Argelia. Volvió a pedir asilo, pero su solicitud ni siquiera fue admitida a trámite, a pesar de la opinión favorable de la Agencia de Refugiados de la ONU (Acnur) para que se estudiase por existir un riesgo de que efectivamente fuese torturado. Finalmente, el 24 de marzo, Interior fletó un avión para trasladarlo a su país, un procedimiento de expulsión rara vez usado con los argelinos que son repatriados en barco. Nada más aterrizar, agentes argelinos se lo llevaron esposado.

Lo siguiente que se supo de él fue que había sufrido acosos sexual y torturas en su encierro, según él mismo denunció. “Me llevaron a Saoula [comisaría], me desnudaron, se llevaron toda mi ropa, me torturaron y me mantuvieron en un aislamiento total durante cuatro meses”, declaró, el 28 de agosto, Mohamed Benhalima ante el tribunal de apelación de Argel, según recogió El Confidencial. Una semana después, el domingo 4 de septiembre, fue condenado a un total de 12 años de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, difamación, insultos a funcionarios públicos o intromisión en la vida privada. Según fuentes de su entorno, las acusaciones de terrorismo, en las que España basó su expulsión, fueron desestimadas. “De lo que se le acusa es de haberse atrevido a hablar de corrupción dentro del Ejército argelino”, mantienen. Los abogados de Red Jurídica denunciaron a España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por este caso.

La sentencia de la Audiencia Nacional concluye que la decisión de expulsar a Benhalima fue proporcionada al considerar probado que sus actividades eran contrarias a la seguridad nacional o podían perjudicar las relaciones con otros países. Los cuatro magistrados sustentan su fallo en el informe de la Policía Nacional en el que se hacía hincapié en que este disidente, como antiguo soldado del Ejército argelino, “habría recibido formación y poseería habilidad en el manejo de armas, así como tendría formación en técnica y tácticas militares [...] susceptible de ser utilizada para la perpetración de acciones violentas”.

Los autores del documento policial apuntan ―y así lo recoge el fallo expresamente― que “existen informaciones que alertan de la existencia de antiguos desertores del ejército argelino que intentan burlar las medidas de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” tanto en España como en otros países europeos y que utilizan las redes sociales para realizar “acciones proselitistas y de enaltecimiento” del islamismo radical. En esta “estrategia”, los expertos policiales sitúan a Benhalima [cuyo canal de YouTube llegó a tener más de 155.000 seguidores], al que acusan de “extender su ideología entre el mayor número de personas”.