El nuevo bloqueo amenaza al Poder Judicial
La división entre vocales progresistas y conservadores resulta insalvable hasta ahora para nombrar presidente de este órgano, que tiene pendiente cubrir más de 100 plazas de la cúpula de la carrera
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se logró renovar este junio después de que el PP lo bloqueara durante más de cinco años, se enfrenta a una nueva parálisis. Tras tres reuniones, los 20 nuevos vocales han sido incapaces de elegir al presidente del órgano de gobierno de los jueces. La división entre progresistas y conservadores ha resultado insalvable hasta ahora y, ...
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se logró renovar este junio después de que el PP lo bloqueara durante más de cinco años, se enfrenta a una nueva parálisis. Tras tres reuniones, los 20 nuevos vocales han sido incapaces de elegir al presidente del órgano de gobierno de los jueces. La división entre progresistas y conservadores ha resultado insalvable hasta ahora y, después de volver a fracasar este lunes, se han dado las “próximas semanas” para seguir negociando, con la esperanza de tratar de cerrar un acuerdo antes del acto de apertura del año judicial 2024-2025, que se ha fijado para el 5 de septiembre y que presidirá Felipe VI. Mientras tanto, más de un centenar de plazas de la cúpula judicial se encuentran pendientes de cubrir y, de momento, así continuarán.
Los miembros del Consejo —10 de ellos, nombrados a propuesta del PSOE; y los otros 10, a propuesta del PP— se citaron a las 11.00 de este lunes para, por tercera vez, intentar elegir presidente. Las esperanzas de consensuar un nombre eran escasas y, como se esperaba, los peores pronósticos se cumplieron. Según fuentes presentes en la reunión, las posturas de ambos bloques seguían enquistadas más de tres horas después del arranque del encuentro, por lo que se acordó suspenderlo para continuar las conversaciones en los próximos días, sin la presión de una nueva fecha que penda sobre sus cabezas. “El objetivo es poner algo de distancia”, explica un vocal.
Durante la reunión, el bloque conservador rechazó la opción que plantea el progresista. Este segundo sector insiste en que es hora de que una mujer de perfil progresista encabece la institución, y mantiene como favoritas para el puesto a Pilar Teso y Ana Ferrer, magistradas del Tribunal Supremo. Entre otros argumentos, se esgrime que ninguna mujer ha ocupado ese cargo en toda la democracia, pese a que ellas ya representan el 57% de la carrera y con una antigüedad similar a los hombres. Sin embargo, según fuentes del Consejo, el bloque conservador alegó que, si lo importante es que sea mujer, pueden elegir a una de las dos candidatas que ellos han planteado (Esperanza Córdoba o Carmen Lamela); y que, si se trata de un tema de representatividad, se haga una consulta a toda la carrera.
Por su parte, los conservadores siguen apoyando la candidatura de Pablo Lucas, enmarcado tradicionalmente en el sector progresista de la carrera, pero al que los vocales propuestos por el PSOE rechazan porque, según fuentes de este sector, varias de sus últimas resoluciones se han salido de esa senda y ha tenido actuaciones críticas con decisiones del Gobierno. A su vez, fuentes del bloque conservador insisten en que no pueden aceptar a Teso, a la que consideran como la preferida del Ejecutivo; ni tampoco ven con buenos ojos a Ferrer, de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Paralelamente, ambos bandos se acusan mutuamente de tratar de “imponer” a sus candidatos.
Plazo incumplido
El nuevo Consejo ha comenzado con muy mal pie su recién estrenada andadura. Los vocales ya se han echado a la mochila el primer incumplimiento de la normativa. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la elección del presidente del CGPJ debe acordarse en una reunión a celebrar “entre tres y siete días más tarde” de la sesión de constitución; pero ese plazo ha expirado. El órgano se formó el 25 de julio y, no solo han pasado ya 11 días, sino que se prevé que las conversaciones apuren agosto e, incluso, se alarguen hasta septiembre.
De momento, ningún bloque se muestra dispuesto a ceder. Progresistas y conservadores conocen la importancia de la decisión que se traen entre manos. El presidente del CGPJ, que es designado para un periodo de cinco años, maneja los tempos —convoca y fija el orden de día de los plenos y la comisión permanente, entre otras funciones— y, sobre todo, tiene voto de calidad en caso de empate.
Un centenar de vacantes
De persistir el bloqueo, la preocupación se concentra en el gran número de vacantes que acumula el Poder Judicial desde 2021, cuando las Cortes reformaron la Ley para impedir que un Consejo en funciones pueda seguir efectuando nombramientos discrecionales —norma avalada el pasado enero por el Tribunal Constitucional—. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el nuevo CGPJ tiene que cubrir más de un centenar de plazas de la cúpula judicial: hay 28 vacantes en el Supremo; 2 en la Audiencia Nacional; 40 en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos; y 31 en las Audiencias Provinciales. Además, están pendientes 27 plazas de la jurisdicción militar.
Fuentes del Consejo explican que la ley no contempla la actual situación y que, en principio, se barajaba que los 20 vocales se limitaran a designar al presidente, antes de poder desarrollar todas sus competencias. Sin embargo, ante el bloqueo vivido en este momento, se encargó un informe al gabinete técnico del CGPJ, que ha avalado que el pleno, aunque aún no haya elegido a su presidente, pueda aprobar los asuntos “de urgencia relacionados” con el día a día de la carrera, como las “prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios”. Para ello, se reunirán de nuevo este 19 de agosto. Fuentes del CGPJ añaden que, en el caso de continuar el bloqueo en septiembre, se ha empezado a pensar en encargar otro informe sobre la posibilidad de que también se puedan activar los procesos para cubrir las vacantes de la cúpula judicial.