El Gobierno y sus socios empiezan a negociar entre ellos

Díez días hasta final de mes en los que el Gobierno, sus socios, todos, los bien avenidos y los que se miran con desconfianza, se han marcado objetivos de grueso calado y sin todas las garantías de éxito. La semana empieza con las reuniones del Gobierno de coalición, estrictamente PSOE y Sumar, con el resto de partidos para presentarles el plan de regeneración democrática, esbozado el pasado miércoles por el presidente del Gobie...

Díez días hasta final de mes en los que el Gobierno, sus socios, todos, los bien avenidos y los que se miran con desconfianza, se han marcado objetivos de grueso calado y sin todas las garantías de éxito. La semana empieza con las reuniones del Gobierno de coalición, estrictamente PSOE y Sumar, con el resto de partidos para presentarles el plan de regeneración democrática, esbozado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso.

Se trata del armazón que contendrá medidas diversas, que colgarán en casillas diferentes y sobre las que habrá que continuar la discusión en septiembre. Sin publicidad y con toda discreción, el Gobierno y sus socios ―estos sí, los de la investidura de Pedro Sánchez― negocian sus prioridades en ese plan de regeneración. El Ejecutivo negocia consigo mismo, PSOE y Sumar, y ambos con el resto de los socios, por separado. En público, los dos primeros se reunirán con el resto de los grupos parlamentarios. Solo Vox no participará en la ronda de hoy y mañana; al menos, esta es su intención de entrada.

La primera propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y del titular de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios será la metodología del diálogo y la negociación. La panoplia de asuntos que componen el Plan de Regeneración Democrática del Gobierno está aún en una fase en la que hay más confusión que claridad. Algunas de las medidas vendrán del Parlamento Europeo, de las que necesariamente se derivarán modificaciones en legislación nacional; y otras cuelgan de normas ya en vigor sobre las que se propondrán modificaciones.

La ordenación de las materias de nuevo cuño y las susceptibles de ser reformadas es el objetivo de esta primera aproximación del Gobierno de coalición a la oposición severísima del Partido Popular. Lo cierto es que las materias que ha propuesto Sánchez suponen demandas de Sumar, de los otros socios, de asociaciones profesionales e internacionales de periodismo. El Reglamento de Libertad de Medios, del Parlamento Europeo, de obligado cumplimiento, aprobado hace doce semanas, requiere plazos y cambio de leyes, por lo que no es una simple inserción; de ahí que haya aún un plazo de 13 meses para su aplicación. La Ley de Publicidad Institucional es una de las que se considera obsoletas y necesariamente será cambiada.

Tanto Sumar como otros de los socios de investidura no van a dejar pasar esta oportunidad para presentar sus propias propuestas. Algunas de ellas el presidente del Gobierno ni las mencionó en el debate parlamentario del miércoles, como es la aprobación de una nueva ley de Secretos Oficiales, cuyo cambio sostiene el PNV sin descanso desde hace muchos años. Bildu y ERC coincidirán en algunos postulados sobre qué reformar de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

El propio Reglamento de Libertad de Medios, rechazado por el PP, de entrada, sin tener en cuenta que su grupo ideológico lo aprobó en Bruselas, requiere más decisiones de las que parece a primera vista, como la creación de una nueva instancia. En la propia Unión Europea se formará un órgano superior de control y supervisión de los medios, como los habrá en cada país.

En las discusiones del PSOE y Sumar no hay el mismo criterio sobre la naturaleza del órgano que debe crearse por mandato del reglamento europeo: cada país creará “un organismo regulador independiente entre cuyas funciones se encuentra la de analizar el nivel de concentración de medios para evaluar si está en riesgo la pluralidad informativa”, dice el texto europeo. También, debe examinar el reparto de la publicidad institucional, en aras de la equidad, señala el reglamento. La alfabetización mediática, desde los primeros cursos de Educación primaria, es otra medida que contempla el reglamento y demandada por la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y de sus homónimas internacionales. Esta inclusión en los sistemas educativos entra en el bloque de propuestas para combatir la desinformación.

Desde Sumar, muy al pie de la letra del reglamento, se defiende la creación de un Consejo Estatal de medios, totalmente independiente, sin ningún representante gubernamental ni de partidos. En Presidencia del Gobierno apuntan, sin embargo, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, como órgano con capacidades técnicas y estructura para supervisar y evaluar el correcto funcionamiento de los medios de comunicación, en su parte económica, empresarial, de reparto de publicidad y de medición de audiencias, como marca el reglamento europeo.

Desde el Gobierno se remacha que la libertad de expresión y opinión en este país serán siempre respetadas y que carece de fundamento el discurso del PP de que los medios pasarán a estar amordazados más pronto que tarde. Las asociaciones profesionales ya han expuesto su apoyo a las medidas que propone el reglamento europeo, contra la injerencia del poder y contra los bulos y la desinformación. No se olvida por parte de estas la exigencia de que se cumpla en España la directiva europea 2024/ 1069 del pasado 11 de abril relativa a la protección de “acciones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas” de gobiernos contra periodistas y ONG, a los que llevan a los tribunales cuando sus informaciones o acciones no les gustan.