PSOE y Sumar acuerdan derogar los delitos contra la Corona y la “reparación” tras el archivo de causas judiciales

Las conversaciones entre los socios de Gobierno continúan, pero Sumar ha anunciado en la mañana de este martes los primeros acuerdos con el PSOE para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana ―la conocida como ley mordaza― y el Código Penal en materia de libertad de expresión. Entre otros, la modificación de este último aspirar a derogar los delitos de injurias contra la Corona y contempla una “reparación pública” para aquellas personas que hubieran sido imputadas y posteriormente se produzca el archivo judicial de su causa. El pacto, cerrado en las últimas horas, forma parte de las medida...

Las conversaciones entre los socios de Gobierno continúan, pero Sumar ha anunciado en la mañana de este martes los primeros acuerdos con el PSOE para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana ―la conocida como ley mordaza― y el Código Penal en materia de libertad de expresión. Entre otros, la modificación de este último aspirar a derogar los delitos de injurias contra la Corona y contempla una “reparación pública” para aquellas personas que hubieran sido imputadas y posteriormente se produzca el archivo judicial de su causa. El pacto, cerrado en las últimas horas, forma parte de las medidas de regeneración democrática que presentará este miércoles en el Congreso el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El acuerdo, según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluye también la ley de Publicidad Institucional que privará de financiación pública a aquellos medios de comunicación que vulneren los códigos deontológicos en la actividad periodística.

Díaz dio el primer titular nada más arrancar el día desde Bruselas, donde participa este martes en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), al anunciar un pacto entre su formación y el PSOE para “derogar” la ley mordaza. En realidad, no se trata de una derogación, sino de modificaciones en una norma que fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2015, y desde entonces y hasta diciembre de 2022 (últimos datos estadísticos disponibles) ha desembocado en la imposición de cerca de dos millones de multas. Uno de los portavoces de Sumar en el Congreso y negociador, Enrique Santiago, hacía unas declaraciones ante la prensa en las que corregía de manera implícita las palabras de la vicepresidenta al hablar de una “reforma en profundidad” que ya se había plasmado en mayo en una proposición de ley que aún no ha iniciado su andadura parlamentaria.

Este texto recogía los avances logrados por los partidos del bloque de investidura durante la pasada legislatura para reformar la ley, y que consiguió acuerdos para modificar 36 de los 54 artículos de la ley, aunque finalmente descarriló en marzo de 2023 por diferencias con ERC y Bildu en otros cuatro. Este martes, Santiago se ha mostrado esperanzado en llegar en un breve espacio de tiempo a un acuerdo de los partidos del Gobierno con el resto de fuerzas parlamentarias partidarias de cambiar la ley ―además de los votos de los dos partidos del ejecutivo necesitaría los del PNV, EH Bildu, ERC, Junts y Podemos―, aunque diputados de algunos de estos grupos han asegurado a este periódico que hace meses que no hay reuniones para abordar esta cuestión. Sumar añadía confusión a esta supuesta “derogación” al difundir una nota entre los periodistas en los que restringía el acuerdo con el PSOE sobre la ley mordaza a un punto de un único artículo, el 36.23, sobre la difusión de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, que ya fue anulado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de enero de 2021 y sobre el que los partidos favorables a la reforma ya habían llegado a un acuerdo para un nuevo redactado la legislatura pasada.

En cuanto al Código Penal, se acuerda suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525; también la derogación de los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 (los que sirvieron para condenar a los humoristas de la revista el Jueves); y de las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Ejército recogidos en el 504. No es la primera vez que ambos partidos alcanzan un acuerdo en este sentido. En septiembre de 2022, durante la anterior legislatura, el PSOE se sumó a una propuesta para despenalizar los delitos de injurias a la Corona y de ultraje a los símbolos de España que apoyaban Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Aquella proposición de ley planteaba la supresión de dos artículos y un apartado de otro del Código Penal para retirar al Rey y a su familia esa protección legal específica y dejar de considerar delito actuaciones como la quema de la bandera.

Finalmente el pacto con el PSOE incluye un último apartado relativo a la modificación de la ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen para incluir una “reparación pública “en los supuestos de “interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.

Las negociaciones entre los socios de Gobierno se han venido desarrollando con discreción en las últimas semanas. Por parte del PSOE participaban en esas conversaciones la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En Sumar, llevaban el diálogo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago.

El propio Urtasun, en rueda de prensa, expresó el lunes, horas antes de que se alcanzase el acuerdo, el deseo de su formación de que el plan que anuncie Sánchez el miércoles se conforme con la mayor “ambición posible”, aunque matizó que este será únicamente “un primer paquete”, abriendo la puerta a nuevos anuncios después del verano. Entre las demandas de Sumar, se encuentra también una reforma para la democratización del acceso a la carrera judicial, con el fin de que los jueces “se parezcan más a la España real”, en palabras de sus portavoces; la limitación de los oligopolios mediáticos; la implementación de la ley de secreto profesional de periodistas; o una reforma de las competencias del CGPJ, entre otras cuestiones.