El PP exige la declaración de emergencia migratoria en toda España para apoyar la reforma de la Ley de Extranjería
La reforma de la norma para hacer obligatoria la acogida de migrantes llega al Congreso pendiente del voto de los populares
El PSOE, Sumar y Coalición Canaria han presentado este lunes la proposición de ley con la que pretenden cambiar el modelo de atención a los menores extranjeros no acompañados para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger entre todas a estos niños y adolescentes cuando estén en un territorio que alcance el 150% de sus capacidad. La iniciativa se ha diseñado para aliviar la situación de Canarias —...
El PSOE, Sumar y Coalición Canaria han presentado este lunes la proposición de ley con la que pretenden cambiar el modelo de atención a los menores extranjeros no acompañados para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger entre todas a estos niños y adolescentes cuando estén en un territorio que alcance el 150% de sus capacidad. La iniciativa se ha diseñado para aliviar la situación de Canarias —que acoge en este momento a casi 6.000 menores llegados en cayuco cuando su capacidad máxima es de 2.000—, pero también la de Ceuta, Melilla y, en el futuro, cualquier otro territorio.
La proposición de ley —que los grupos quieren votar en el pleno antes del 23 de julio— llega al Congreso sin el apoyo claro del PP, que ha remitido al Gobierno sus exigencias para apoyar estos cambios. En una carta enviada al Ministerio de Política Territorial a que ha tenido acceso EL PAÍS, el partido de Feijóo pide la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio nacional para que las comunidades puedan tramitar de urgencia los contratos necesarios para desplegar recursos de acogida. Los populares exigen además que la proposición de ley contemple que la Fiscalía deba garantizar que los menores que sean trasladados a las comunidades de destino sean indubitadamente menores. En la carta también se reclama al Ejecutivo un fondo de contingencia plurianual para financiar la acogida de los niños “hasta su emancipación”, es decir, abrir la posibilidad a que se cubra su acompañamiento superados los 18 años. Finalmente, demandan que en el caso de que una comunidad de acogida exceda la capacidad de sus recursos para atender a los menores inmigrantes no acompañados, el Gobierno central “habilite los medios y su gestión directa”.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha dejado en el aire qué votará su partido ante la proposición de ley, pero se ha mostrado muy crítico con el formato elegido por el Ejecutivo para aprobar la reforma. “Tenemos una profunda discrepancia con la herramienta de la proposición de ley. Esto tenía que haber sido un proyecto de ley, con los informes preceptivos”, se ha quejado Sémper. “La analizaremos y veremos qué margen hay, pero somos extraordinariamente críticos con la política migratoria de este Gobierno”, ha advertido en una rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova. El portavoz popular también ha reclamado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes de forma urgente para discutir las políticas migratorias. Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha rechazado la reforma de la ley atribuyéndole un supuesto “efecto llamada”, Sémper ha evitado desmarcarse. “Una mala política migratoria genera desastres”, ha respondido. “Claro que una política migratoria mala o la ausencia de política migratoria puede generar un efecto llamada. Este Gobierno está dispuesto a hacinar a inmigrantes en centros de acogida. Es una inmoralidad. No sabemos si contaminado por las políticas migratorias de Junts y ERC”. Informa Elsa García de Blas
El respaldo del PP es necesario para que salga adelante la reforma, una vez que Junts ha condicionado su apoyo a que se excluya a Cataluña de cualquier reparto, un escenario “jurídica y políticamente inaceptable e inviable”, según dijo el ministro Torres a EL PAÍS. Las comunidades gobernadas por los populares aceptaron el pasado miércoles una acogida mínima de 347 menores para toda la Península (de los que a esas autonomías les corresponden 209), pero no parecen dispuestas a que se les imponga una solidaridad obligatoria por ley que, además, implicaría acoger a muchos más niños. En todo caso, el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, aunque ha endurecido su discurso contra la inmigración, no ha aclarado aún el sentido de su voto.
El resto de partidos, excluyendo a Junts y al PP, ha recibido la propuesta más predispuestos a apoyarla. Es el caso del PNV que considera la reforma “un avance”, aunque reclama “más mejoras” como un plan de contingencia con medidas adicionales para mejorar la atención de los menores.
El acto de presentación de la propuesta para cambiar la Ley de Extranjería ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (de Coalición Canaria); los portavoces parlamentarios del PSOE (Patxi López), Sumar (Íñigo Errejón) y Coalición Canaria (Cristina Valido); y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.
La ministra Rego ha sido la primera en tomar la palabra. “Es un día muy importante para el avance de los derechos de la infancia en nuestro país. Es muy importante lo que haga el PP. Se han roto gobiernos del PP y Vox pero las políticas ultras de Vox siguen presentes. La pelota está en su campo, queda ver qué hace Feijóo: si se pone del lado de los derechos de la infancia o sigue manteniendo las políticas ultras”, ha dicho. “Confiamos en que se haga lo más rápido posible porque la situación requiere una respuesta urgente”.
El ministro Torres, que ha liderado la negociación del texto con el Gobierno de Canarias, ha explicado que la reforma pretende distribuir, en los próximos 12 meses, a los 4.000 menores migrantes que ahora colapsan el sistema de acogida del archipiélago, y que todos aquellos menores que lleguen a partir de ahora a las islas puedan distribuirse a los 15 días de su desembarco.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha definido la propuesta de reforma legal como “seria, contundente, entendida y consolidada” para proteger a los menores, y ha remarcado que tiene una “amplia acogida entre las distintas fuerzas”. Clavijo ha admitido que si la tramitación de la iniciativa “se tuerce”, se podría optar por aprobarla por decreto ley —aunque este tendría que ser convalidado posteriormente por el Congreso— y ha abogado por “el modo canario de hacer política” con grandes acuerdos. El dirigente de CC diferenció entre cómo ha participado y entendido esta medida el PP canario —“Ha estado presente y está haciendo lo suficiente”, apreció— y la actitud de la dirección nacional de los populares. Y fue ahí cuando apeló a que, ahora que el PP ha roto con Vox en los gobiernos de varias comunidades autónomas, se preste a “alcanzar acuerdos de Estado y respuestas de país” para proteger los derechos de estos menores.