La reunión sobre los menores migrantes que desencadenó el terremoto en la derecha: “Hay que arrimar el hombro”

Sobre la mesa estaba la acogida obligatoria de menores migrantes y, además, un órdago político. Santiago Abascal, el líder de Vox, había amenazado al PP: si las comunidades donde gobernaban en coalición ambos partidos aceptaban a un solo niño, Vox rompería esos ejecutivos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había dicho que no iba a aceptar amenazas ni chantajes. Ese era el contexto cuando el miércoles a las cinco de la tarde, hora canaria, entraron a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada en Tenerife, los consejeros autonómicos del ramo. Fuentes presentes en esa cita...

Sobre la mesa estaba la acogida obligatoria de menores migrantes y, además, un órdago político. Santiago Abascal, el líder de Vox, había amenazado al PP: si las comunidades donde gobernaban en coalición ambos partidos aceptaban a un solo niño, Vox rompería esos ejecutivos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había dicho que no iba a aceptar amenazas ni chantajes. Ese era el contexto cuando el miércoles a las cinco de la tarde, hora canaria, entraron a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada en Tenerife, los consejeros autonómicos del ramo. Fuentes presentes en esa cita reconstruyen para EL PAÍS lo sucedido en una reunión que suele ser anodina y que en esta ocasión derivó en una gran crisis en la derecha española e hizo saltar por los aires los gobiernos de coalición de cinco autonomías.

El punto más relevante del orden del día era informar sobre la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que habían acordado previamente el Gobierno central y el de Canarias. Esa reforma obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes no acompañados cuando los territorios a los que estos hubieran llegado, principalmente Canarias, Ceuta y Melilla, se encuentren sobrepasados. Nada de lo que allí se hablase era vinculante, pero la posición de las comunidades del PP —11 de las 17, más Ceuta y Melilla—, de quien depende su aprobación en el Congreso, era clave. Se debatía la derivación de más de 3.000 niños a la Península. Solo siete representantes autonómicos viajaron a Santa Cruz de Tenerife; el resto se conectó de forma telemática. El encuentro se extendió durante cuatro horas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, desgranaron sus argumentos a favor de la iniciativa legal para resolver la situación “ingestionable” de las islas. “Los repartos voluntarios no funcionan”, remarcó el ministro. “Toca arrimar el hombro”, incidió Rego. “Más allá de los 400 menores [cuya distribución] previsiblemente se aprobará, a pesar de la amenaza de su socio de gobierno, necesitamos una respuesta para los próximos meses”, pidió Clavijo a los consejeros del PP, advirtiéndoles de que se esperan meses duros de llegada de cayucos.

Apenas Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra, gobernadas por el PSOE, respaldaron esa propuesta de reforma de la ley. El País Vasco y Cataluña se abrieron a hacerlo con matices y condiciones. Mientras, el consejero de Ceuta se quedó solo defendiéndola ante todas sus compañeras del PP (casi todos los consejeros populares eran mujeres). El patrón de las consejeras populares se repitió: no había que posicionarse. Ninguna había tenido oportunidad de estudiar un texto que se les había enviado 24 horas antes, aunque todos los grupos políticos ya tenían una versión anterior desde la última semana de junio. “Nos damos por informados”, “lo estudiaremos”, “elévenlo al órgano competente y aténganse al consenso y no a la imposición”, repitieron una tras otra, según fuentes presentes en la reunión.

Desde el primer turno de palabra se encadenaron los reproches. Varias consejeras del PP estaban enfadadas porque el mensaje que había calado en los medios de comunicación era que los repartos voluntarios que se ensayan desde 2022 no funcionan por su insolidaridad. “Estoy indignada”, dijo la representante de Castilla y León, que detalló los obstáculos para cumplir con los compromisos de acogida. “Los menores no han venido, no porque Castilla y León no quiera, sino porque Canarias no hace los papeles para transferirnos la tutela”, afirmó. “Si no se ha cumplido es por desbordamiento e incapacidad administrativa de Canarias”, coincidió la consejera de Aragón.

Las representantes de Madrid y Murcia adoptaron los discursos de sus respectivos jefes. La primera acusó al Gobierno de “inhumano” y de reformar la ley “por la puerta de atrás”. La segunda mostró su decepción por encontrarse “un parche” y “un despropósito”, en lugar de “un plan realista y responsable para hacer frente a la crisis migratoria”. Varias interpelaron a los ministros, como si de un pleno del Congreso se tratase, sobre cuáles eran las medidas que el Gobierno iba a adoptar en política migratoria.

No hubo, a pesar de todo, ningún discurso similar al que los líderes populares han repetido en público estos días. Varias comunidades, como Ceuta, Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, se declararon desbordadas, pero sus consejeras no hablaron de mandar buques de la Armada para parar los cayucos, ni se generó alarma. “Hay que atender de manera digna y esto pasa no por un reparto puntual sino por un plan de contingencia real. Y antes de hablar de financiación tenemos que tener un diagnóstico”, mantuvo la consejera de La Rioja. “Este tema es demasiado serio para seguir dando el espectáculo de estos días”, reprochó. “Que no sea la descalificación la base en materia de política de inmigración. Hemos hablado del interés superior del menor y de derechos humanos, pues que sean estos principios los que rijan para todo”, señaló la representante de Baleares.

Cataluña y Andalucía, a pesar de las diferencias ideológicas que les separan (la primera gobernada por ERC, la segunda por el PP), coincidieron en parte de sus reivindicaciones. Ambas comunidades aseguraron que están asumiendo en sus redes de acogida a cientos de supuestos menores que fueron trasladados de Canarias a la Península como si fueran mayores de edad. Los andaluces los cifran en más de 400 y los catalanes en más de 800. Los datos del Ministerio de Migraciones son distintos: de los 715 expedientes que se han abierto y resuelto desde octubre de 2023 para determinar la edad de los chicos llegados a la Península desde Canarias, la Fiscalía solo ha reconocido 175 menores que deben ser tutelados por las comunidades. Pero las quejas de Andalucía y Cataluña no son incompatibles con esas cifras porque acogen no solo a los declarados menores por la Fiscalía, sino a los que están a la espera de los resultados de las pruebas para determinar su edad.

“¿Hay niños de primera y de segunda?”, espetó la consejera andaluza. “Nos han trasladado a muchísimos menores [desde Canarias], que también tienen derecho a financiación”, añadió. “Me aburro de escucharme porque no hablamos de cuestiones nuevas y no estamos obteniendo respuestas”, apostilló el consejero catalán, que desgranó varias de las fallas del sistema, entre ellas la falta de datos fiables sobre los menores acogidos en cada territorio y la lentitud de la Fiscalía, “que tarda meses” en certificar la edad. “Hay una oportunidad no solo para resolver los problemas en Canarias, sino para intentar resolver el conjunto de los problemas que tenemos todas las comunidades”, concluyó el representante de Cataluña.

Tras casi tres horas de reunión llegó la única votación del orden del día, que no tenía que ver con la cuestión de fondo del cambio en la Ley de Extranjería sino con una medida a corto plazo: la acogida de 347 menores migrantes que viven en Ceuta y Canarias y cuya distribución por otras comunidades había quedado pendiente en la reunión del pasado 11 de junio. Era un compromiso que se adopta desde hace tres años y que no se había puesto en cuestión hasta ahora. Un mecanismo voluntario que, según dijo la ministra Rego, “no es eficiente” y “no funciona”.

En la coyuntura actual, en la que Canarias acoge a casi 6.000 menores migrantes, distribuir a 347 es un gesto simbólico. De esos 347 niños y adolescentes, a las comunidades del PP les correspondía acoger a 209; y a los cinco territorios gobernados con Vox, apenas a 110. Todas las autonomías menos Cataluña, que se abstuvo, votaron a favor. Y con ese sí del PP justificó la extrema derecha el maremoto político que vino después.