La propuesta del PSOE para los funcionarios de prisiones avanza entre críticas de socios y oposición

La política tiene estas paradojas. Una proposición de ley logra avanzar su trámite parlamentario con una amplio respaldo pese a sufrir duras críticas del algunos de los partidos que han votado a favor. Es lo que le ha ocurrido este martes con la propuesta del PSOE para reformar un artículo de la ley general penitenciaria para que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad. La oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y los aliados parlamentarios de los socialistas, incluido Sumar, socio en el eje...

La política tiene estas paradojas. Una proposición de ley logra avanzar su trámite parlamentario con una amplio respaldo pese a sufrir duras críticas del algunos de los partidos que han votado a favor. Es lo que le ha ocurrido este martes con la propuesta del PSOE para reformar un artículo de la ley general penitenciaria para que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad. La oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y los aliados parlamentarios de los socialistas, incluido Sumar, socio en el ejecutivo, han lanzado durante el debate de toma de consideración de la proposición auténticas diatribas contra una iniciativa que finalmente ha logrado superar su primer trámite parlamentario con 300 votos a favor, 29 abstenciones y tan solo 14 en contra. Eso sí, con una nueva paradoja: han sido los votos de PP y Vox, entre otros, los que han permitido que prospere, porque ERC y EH Bildu se han opuesto y la formación de Yolanda Díaz se ha abstenido.

La bronca continua en el que está instalada la política española desde hace tiempo auguraba que el debate parlamentario sobre esta proposición no iba a ser una excepción. Y ello a pesar de que el texto que el PSOE había registrado era muy similar al que el PP había sacado adelante en el Senado hace menos de dos meses gracias a su mayoría absoluta en el Cámara alta y con el voto favorable de los socialistas. La intervención del diputado del PSOE José Luis Aceves ha sido la antesala de lo que ha venido después. En su defensa de la propuesta, Aceves ha pedido a la oposición que dejara a un lado su “teatrillo habitual” y las “actuaciones hiperventiladas”, y les ha advertido de que “posicionarse en contra de esta es ir en contra de los trabajadores [penitenciarios]”. El parlamentario socialista, que recordó a los populares que sus compañeros en el Senado habían votado a favor de su propuesta en abril, ha recalcado que, de no apoyarla, “[Alberto Núñez] Feijóo se va a retratar”.

Los populares finalmente han anunciado su voto favorable “por responsabilidad”, pero después de lanzar toda una batería de críticas tanto a la propuesta como a la política penitenciaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han recriminado el traslado de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco o el aumento en la concesión de semilibertades a reclusos. La diputada Ana Belén Vázquez ha afeado a los socialistas que acusen a los populares de ser “máquinas de venga y hoy [por este martes] nos piden que les apoyemos” tras constatar que no contarán con el apoyo de algunos de sus socios parlamentarios como EH Bildu. También ha advertido a los socialistas que de no aceptar algunas de las enmiendas que presentarán al texto durante su tramitación parlamentaria ―entre ellas, que la medida englobe a todos los trabajadores penitenciarios y no solo a los funcionarios de prisiones―, tumbarán la propuesta más adelante.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith no ha limitado sus críticas al PSOE a la política penitenciaria, sino también a la recientemente aprobada ley de amnistía. Ortega Smith, que ha presumido de que su partido ya había presentado hace cuatro años una propuesta similar a la presentada ahora por los socialistas, ha dibujado desde la tribuna una situación penitenciaria “inaceptable” para los trabajadores penitenciarias con “amenazas, agresiones, intentos de homicidios y el riesgo permanente de contagio de enfermedades”. El parlamentario de Vox ha reclamado mejoras salariales y un rejuvenecimiento de la plantilla, antes de aprovechar los últimos minutos de su intervención para acusar a algunos diputados de los grupos que apoyan al Gobierno en el Congreso de apoyar supuestamente a organizaciones terroristas de todo el mundo.

Aunque con un tono distinto, las intervenciones de los aliados parlamentarios de los socialistas también han sido críticas. El portavoz de temas de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha mostrado su sorpresa por los limitados contenidos de la reforma propuesta, que ignora “todos los problemas reales” que tiene el sistema penitenciario. De hecho, Santiago ha encuadrado el debate de este martes en “una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo para solucionar a cualquier problema” que, en su opinión, “acaba dando votos a la extrema derecha”. El dirigente de Sumar, que ha abogado por una reforma “integral” de la ley penitenciaria, ha mostrado su convencimiento de que el asesinato el pasado 13 de marzo de Nuria López, cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un interno que luego se suicidó, no se hubiera evitado con la medida de dar a los funcionarios de agentes de autoridad que plantea la propuesta.

En la misma línea se ha manifestado la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien ha reclamado al Gobierno “querer resolver la realidad a base de medidas coercitivas” y le ha exigido hacer “políticas de izquierda” en el ámbito penitenciario. La misma reclamación que ha planteado el representante de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien ha destacado que la propuesta “no beneficia en nada ni a los funcionarios ni a los internos”. Iñarritu ha reclamado al PSOE que “dejen de poner parches [a la situación penitenciaria] y de mirar de reojo lo que defiende el PP”. El tono más amable lo ofreció Mikel Legarda, representante del PNV, el partido que gobierna con los socialistas en el País Vasco, comunidad con las competencias penitenciarias transferidas. Legarda ha calificado de “positivo” e “indispensable” el reconocimiento de la condición de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, aunque ha admitido que son necesarias más medidas para reducir la conflictividad en las prisiones.