El rechazo de los barones del PP y el PSOE a la singularidad de Cataluña anticipa una compleja negociación de la financiación

Si los expertos repiten como un mantra la dificultad que entraña cerrar un acuerdo sobre financiación autonómica, los responsables de nueve comunidades autónomas les han dado este viernes la razón. Dirigentes del Partido Popular, pero también del PSOE, han saltado como resortes a las palabras lanzadas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María José Montero, que este jueves había indicado su intenc...

Si los expertos repiten como un mantra la dificultad que entraña cerrar un acuerdo sobre financiación autonómica, los responsables de nueve comunidades autónomas les han dado este viernes la razón. Dirigentes del Partido Popular, pero también del PSOE, han saltado como resortes a las palabras lanzadas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María José Montero, que este jueves había indicado su intención de atender las “singularidades” de Cataluña, como las de otras regiones, aprovechando una reforma global del actual modelo, caducado desde 2014. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido que su formación se pondrá “enfrente” de cualquier intento de llegar a un acuerdo solo con la Generalitat, una negociación bilateral que reivindica ERC y que el Gobierno ha rechazado. Desde el otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado “altura de miras” para afrontar una carpeta “que lleva guardada en un cajón demasiados años”.

Las diferencias por el modelo de reparto de recursos públicos entre comunidades autónomas no son nada nuevas. Afloraron cuando en 2021 el Gobierno esgrimió aspectos técnicos para repartir el dinero en función de determinados parámetros de población (porque a cada comunidad le interesa destacar cálculos diferentes) y fácilmente han vuelto a aparecer ahora, cuando las formaciones independentistas ERC y Junts reivindican un modelo que acerque a Cataluña al existente en el País Vasco y Navarra. La negociación del PSC con los republicanos para permitir que Salvador Illa consiga la presidencia de la Generalitat y las palabras de Montero han levantado ampollas entre los barones regionales, que en materia de financiación autonómica son capaces de romper los bloques partidistas. La mayoría de las comunidades autónomas rechazan un modelo que reconozca la “singularidad” catalana expresada por Montero. Y esa oposición es superior si se excluye a las dos autonomías que no participan en el régimen común.

“¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esta cesión constante y permanente solo por el interés de una persona y de una organización política que es la del señor Sánchez?”, ha lanzado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que considera que su comunidad será “claramente perdedora” si se ofrece una posición diferencial a Cataluña. Como Moreno, han salido en tromba presidentes o consejeros regionales de Extremadura, Aragón, Valencia, Galicia, Canarias, Baleares y Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de esta última, acusó al Gobierno de “romper con todas las reglas y los consensos básicos del 78, privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras”.

Las suspicacias en torno a un posible pacto, sin embargo, no se limitan a los populares. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, como en otras ocasiones, ha evitado mantener una posición discreta ante el debate: “Que no nos engañen, que tontos no somos”. El barón socialista teme que “el principal valor, que es la igualdad y evitar privilegios, se vaya a pisotear” en la negociación del nuevo sistema. Asimismo, el PSOE de Extremadura ha sido muy duro a través de un comunicado, en el que señalaba que no permitirá “chantajes” ni que “la financiación autonómica se utilice como moneda de cambio en las negociaciones que se emprendan en los territorios”.

La negociación con los partidos catalanes vuelven a añadir complejidad a un tema que ya se presentaba aciago para los intereses de Pedro Sánchez, que quería abrir ese melón a sabiendas de que la mayoría del poder regional se encuentra en manos del Partido Popular. En ese sentido, Yolanda Díaz recordaba que la modificación del sistema tiene efectos directos sobre la capacidad de las comunidades para gestionar sus servicios sociales, la educación o la sanidad. Los gobiernos regionales esperan, sobre todo, un aumento de los recursos con los que contar en sus presupuestos anuales.

Las peticiones de ERC

“No hemos recibido propuestas, en cambio, sí sabemos exactamente dónde estamos nosotros respecto a las necesidades del país, y no nos moveremos de aquí”, ha afirmado la secretaria general de ERC, Marta Rovira en una entrevista en SER Cataluña. Durante la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, los republicanos pactaron con el PSOE negociar un modelo de financiación y subrayaron que esa discusión tendría que ser bilateral, sin atender a ningún foro multilateral, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa es una pretensión que desde el Gobierno siempre se ha negado. El Ejecutivo de Pere Aragonès, con las elecciones autonómicas ya convocadas, presentó su propuesta de “financiación singular”, un modelo muy parecido al planteado por Artur Mas a Mariano Rajoy en 2012 en el preámbulo de lo que acabaría convirtiéndose en el procés: la Generalitat recaudaría todos los impuestos y haría dos transferencias al Estado, una por los servicios prestados y las inversiones por este en Cataluña y otro para redistribuir entre el resto de comunidades en forma de solidaridad. En abril pasado, en el Congreso, la portavoz de ERC, Teresa Jordà, advirtió a Sánchez que si no cumplía su compromiso de negociar la financiación se quedaría sin el apoyo de la formación republicana, vital para el Gobierno socialista.

El programa con el que Salvador Illa acudió a las elecciones también incluía cambios en el modelo, pero siempre desde la participación en un modelo conjunto con el resto de autonomías, aunque la Generalitat tendría más capacidad de control de los impuestos que se pagan en Cataluña a través de su participación en un consorcio tributario incluido en el estatuto de autonomía, tal y como existe también en el andaluz.