El juez cita como imputada el 5 de julio a Begoña Gómez sin esperar a tomar declaración a los testigos

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio. El instructor la cita por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, dentro de las diligencias abiertas por la relación profesional de Gómez con diversos empresarios.

Además, el juez ha accedido a aplazar las declaraciones de varios testigos que estaban previstas para este jueves y las ha trasladado al domingo 16 de junio. Es completamente inusual que unas comparecencias de testigos en un caso en instrucción sin carácter de urgencia se celebren un domingo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha explicado que el juez Peinado está ese día de guardia. El horario de las comparecencias “dependerá de la incidencia del servicio”, aunque todas serán a partir de las 12.00, añade el comunicado del TSJM.

La decisión del juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno ha irrumpido en la recta final de la campaña de las elecciones europeas, que se celebran el próximo domingo. Falta más de un mes para la fecha en la que se ha fijado la comparecencia de Gómez, pero el juez ha querido anunciar la citación este martes, a cinco días de los comicios europeos. La llama como investigada -la antigua figura de imputado- por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, supuestamente cometidos —según la denuncia presentada por Manos Limpias— al intentar mediar para que se concedieran ayudas públicas a empresarios con los que había colaborado profesionalmente. Aunque la esposa del presidente del Gobierno figuraba como investigada en el caso desde el inicio de la instrucción, su citación para ser interrogada marca un antes y un después en la causa. Gómez tendrá que acudir al juzgado a las 10.00 horas del 5 de julio acompañada por su abogado para defenderse de esas acusaciones.

Fuentes jurídicas habían planteado la posibilidad de que el juez pospusiera la decisión de citar, o no, a la esposa de Sánchez hasta después de tomar declaración a varios testigos cuyas comparecencias ya estaban fijadas, pero el instructor ha optado, finalmente, por llamar a Gómez como investigada antes de que se celebren esas declaraciones, y después de recibir el informe de la Guardia Civil que descarta que existan indicios sobre los hechos denunciados por Manos Limpias. En el auto por el que notifica su decisión de citar a Gómez, el juez asegura que no la había citado hasta ahora “para evitar una estigmatización infundada”. Prefirió esperar, añade, a la resolución de la Audiencia Provincial sobre la apertura de la investigación y a que declararan varios testigos a los que había citado ya. Pero, finalmente, ha optado por esperar solo el primero de esos elementos: el aval de la Audiencia Provincial a su investigación, aunque los magistrados que revisaron el caso le pusieron límites a las pesquisas.

La Audiencia instó al juez a centrarse exclusivamente en los 10 millones de euros de ayudas recibidas por una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés porque considera que el resto de hechos denunciados por Manos Limpias son “inverosímiles”, tienen “datos erróneos” o, en el caso de la supuesta influencia de Gómez en el rescate de la empresa Globalia, responden a una “simple conjetura”. Respecto a las adjudicaciones recibidas por Barrabés, la Audiencia sostiene que “sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación”. Esta sospecha se basa, principalmente, en una carta de recomendación a favor de Barrabés firmada por la esposa del presidente, que se unió a otra treintena de cartas similares, incluida una del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil entregado al instructor, y que adelantó EL PAÍS, no halló indicios de que esos escritos influyeran en los contratos adjudicados a este empresario.

El juez resta importancia a ese informe calificándolo de “preliminar” y deja constancia de que la Guardia Civil solo se ha basado en “los contenidos de las noticias que se acompañaban a la denuncia inicial”, en referencia a la denuncia que dio origen a la investigación, que estaba exclusivamente basada en noticias publicadas por varios medios digitales sobre la esposa del presidente.

El instructor argumenta que la decisión de citar ahora a Gómez es “aconsejable” en el objetivo de lograr “una instrucción lo más ágil posible”, tal y como preconiza el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el auto en el que acuerda la citación, el juez señala que, tras la decisión de la Audiencia, se constata “la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada”. Esa citación se hace, añade el instructor, “con independencia de que, todavía no haya sido posible practicar determinadas diligencias de instrucción”, en referencia a las declaraciones de los testigos que estaban citados este jueves.

El aplazamiento de esas comparecencias había sido solicitado por el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, que ese día debía asistir a otro juicio, el del caso Nummaria, que se celebra en la Audiencia Nacional y en el que Camacho ejerce la defensa del actor Imanol Arias. En su escrito, el juez se detiene en recalcar que el retraso de esas declaraciones se debe a causas “imputables exclusivamente, a las obligaciones profesionales” del abogado de Gómez, a quien reprocha haberse negado a que otro letrado le sustituyera en esas comparecencias, a pesar de que, asegura el instructor, “esta es una práctica habitual entre letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida”.

Las comparecencias aplazadas son las de cuatro empleados y cargos de Red.es, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que concedió ayudas públicas a una UTE vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. Este había participado previamente en un máster dirigido por Gómez. Los testigos que tendrán que comparecer el domingo 16 son David Cierco, quien fuera director general de Red.es hasta 2021, y su sustituto, Albert Martínez Lacambra. También están citados ese día Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de dicho organismo, respectivamente. Antes de estas comparecencias, el juez tiene previsto interrogar este viernes, también como testigo, al empresario Barrabés, aunque su declaración está pendiente de un informe médico después de que el testigo haya alegado problemas de salud.

El instructor vuelve a reprochar a la Fiscalía su decisión de haber recurrido el auto por el que se abrió la investigación. El ministerio público, asegura el juez, actuó “con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida”.

El juez sigue dando pasos sin que esté claro si la instrucción va a seguir en sus manos o va a pasar a las de la Fiscalía Europea, que ha pedido información a Peinado sobre si la causa que dirige afecta a contratos suscritos con fondos europeos. Los fiscales comunitarios ya están analizando la documentación del procedimiento para determinar si es competente para investigar. En el caso de que consideren que es a ellos a quienes corresponde la investigación, ejercerán su derecho de avocación para asumir el caso. Fuentes del ministerio público europeo señalan que el juez puede discrepar de esa decisión (no es una petición), pero tiene la obligación de transferir el procedimiento y, si no está de acuerdo, plantear después una cuestión de competencia que resolvería el Tribunal Supremo. El instructor ya ha abierto una pieza separada en la causa sobre la petición de la Fiscalía Europea.