El campo mira con desgana a las urnas europeas: “En las tractoradas vi gente que nunca se había quejado por nada”

El ingeniero Tomás Salgado, de 30 años, lleva gafas modernas, camiseta colorida, vaqueros a la moda y las populares zapatillas Vans negras. Con ellas pisa los pedales de su tractor en Villacid de Campos, un municipio de Valladolid de solo 80 vecinos. La máquina ruge sobre los campos castellanos que dan apellido y cada vez menos actividad económica al pueblo. Este vehículo agrario vio mundo en enero y febrero, cuando cientos de agricultores y ganaderos de toda España tomaron las carreteras para exigir mejores condiciones. Nunca antes el sector primario había tenido tanto eco mediático. Los trac...

El ingeniero Tomás Salgado, de 30 años, lleva gafas modernas, camiseta colorida, vaqueros a la moda y las populares zapatillas Vans negras. Con ellas pisa los pedales de su tractor en Villacid de Campos, un municipio de Valladolid de solo 80 vecinos. La máquina ruge sobre los campos castellanos que dan apellido y cada vez menos actividad económica al pueblo. Este vehículo agrario vio mundo en enero y febrero, cuando cientos de agricultores y ganaderos de toda España tomaron las carreteras para exigir mejores condiciones. Nunca antes el sector primario había tenido tanto eco mediático. Los tractores llegaron hasta la capital. El campo se movilizó para llamar la atención de las instituciones comunitarias por la forma de gestionar la Política Agrícola Común (PAC), creada en los años sesenta y que ahora busca el equilibrio entre varios objetivos: incrementar la productividad para garantizar un abastecimiento suficiente y seguro a precios razonables, aumentar la rentabilidad del sector, y fomentar la estabilidad en los mercados y la sostenibilidad del medio rural.

Tomás, el ingeniero agrícola pucelano, lamenta las escasas mejoras conseguidas pese a la movilización, y mira a las elecciones europeas del próximo 9 de junio con poca fe: “La gente no tiene conciencia de dónde vienen las normativas ni que la pasta la inyecta Europa”. Las protestas, afirma, trajeron cohesión a un sector históricamente desunido: “Ningún político nos ha dado soluciones”.

El joven agricultor se crio en Valladolid, pero los veranos los pasaba en el pueblo, Villacid, donde, con el ejemplo de su tío, se animó a formarse y lanzarse al campo. Dice que sus colegas de Madrid lo llaman “loco”, pese a que ellos pagan el triple de alquiler, las cañas les cuestan el doble y viven, cuenta, en una espiral de estrés. “El tejido social rural está acabado, la gente no quiere vivir en los pueblos. Trabajo hay mucho, pero no gente que quiera venir. Hay trabajos no cualificados que no quieren cubrirse, prefieren otras cosas, otro ocio. No hay que darle más vueltas”.

Los datos dicen que el número de explotaciones agrícolas ha descendido en los últimos diez años en España, hasta situarse en 914.871 en 2020 —según los últimos datos disponibles publicados en el Instituto Nacional de Estadística—, lo que supone un 7,6% menos que en 2009. De estos, unos 660.000 titulares son perceptores de las ayudas comunitarias. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron de nuevo el pasado lunes para debatir sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las protestas de los agricultores.

“La comisión ha flexibilizado algunos aspectos”, explicó el pasado lunes el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), José Manuel Roche. “Tenemos que tener diálogo y esperemos que la próxima Comisión Europea que salga de las elecciones tenga en cuenta nuestras reivindicaciones. Nosotros pedimos que el comisario que salga conozca el tema y se siente con las organizaciones agrarias”, señaló, sin descartar nuevas movilizaciones.

Las inminentes elecciones europeas no despiertan gran interés entre los labradores o ganaderos consultados, en unos comicios que, además, suelen concitar una baja participación general: en 2019 votó el 60,73% del censo, y la media desde las primeras elecciones europeas, en 1987, es del 54,99%. Aquí, en los municipios rurales de Valladolid, muy pocos tienen claro que la dichosa PAC con la que tanto se pelean viene de Europa. Tampoco que la UE marca el rumbo que determina su presente y su futuro. “Siempre tiran al Gobierno, que nos está jodiendo el Gobierno...”, dice Tomás, incidiendo en que, en realidad, importan tanto o más esas políticas comunitarias.

Los manifiestos, discursos y proclamas de aquellas manifestaciones de hace unos meses tuvieron varias claves, repetidas por este agricultor en el centro social de Villacid. Repite como una retahíla el mantra de la excesiva burocracia, la competencia desleal de productos con otras metodologías fitosanitarias y la aplicación de medidas lejanas al día a día rural. Pone como ejemplo la solicitud de ayudas para jóvenes del sector primario o las prestaciones para adquirir tecnología moderna y menos contaminante.

“Tienes que recurrir a un gestor o a los sindicatos. Me cuesta a mí, que tengo 30 años y estudié ingeniería agrícola... así que imagina a los mayores”, lamenta, pues los trámites se han informatizado por completo, abismo casi insalvable para los abundantes agricultores entrados en edad. Algunos se dan cita en el bar de Villacid y comentan anécdotas mientras miran una película de vaqueros en la televisión.

Villacid se encuentra entre Valladolid, León, Zamora y Palencia. Esta distancia dificulta que los no nativos digitales tengan que hacer los trámites en las ciudades. Tomás desecha el tópico contra la Agenda 2030, común en las quejas del colectivo ―y bandera que agita Vox, que trata de pescar en el sector primario gran parte de sus votos—; pero sí cree que la rigidez en ciertas directrices medioambientales obstruye el trabajo, porque no tiene en cuenta, por ejemplo, que la producción ecológica acarrea menos volumen y menos ingresos. De fondo también está la competencia de las energías renovables: las grandes multinacionales pagan “seis o siete veces más” por los suelos para instalarlas, dificultando el acceso de los agricultores a más terrenos y llenando de ilusiones a pueblos rurales que ven que la agricultura quizá tenga ya los días contados.

Este conjunto de problemas, opina Tomás Isabel, no ha recibido soluciones o propuestas tangibles por parte de esos políticos que han llevado “a su terreno” las concentraciones invernales. Sin embargo, tras las protestas, el Ministerio de Agricultura tomó nota y ofreció créditos del Instituto de Crédito Oficial por valor total de 700 millones de euros: 200 millones para jóvenes agricultores y apoyo al relevo generacional, y otros 500 para garantizar operaciones de crédito dirigidas al ramo agrario.

“Vox va contra la Agenda 2030 y quiere derogar todo lo verde; la izquierda habla de ayudar, pero no aporta cambios, está muy alejada del campo”, argumenta el ingeniero. Y lamenta que los sindicatos no hayan dado tampoco, a su juicio, grandes respuestas. Estas organizaciones independientes, al margen de los colectivos habituales, se han visto obligadas a improvisar y a lidiar, sin experiencia previa, con los medios de comunicación y las autoridades, algo no tan fácil de manejar. También cuesta establecer discursos unánimes y despertar las conciencias: “En las tractoradas he visto gente que en 60 años nunca se había manifestado ni quejado por nada. Nunca ha habido unión, no como el sector minero o astillero”, afirma.

El próximo 3 de junio están convocadas nuevas concentraciones en Irún (Gipuzkoa) y en la Junquera (Girona), lideradas por agricultores franceses y españoles, que trataran de cortar la frontera. Desde Villacid irán tres de los cuatro agricultores activos.