Una jueza toma medidas cautelares contra el líder de la presunta estafa de más de 1.000 viviendas en la costa mediterránea

La justicia ha determinado ya, al menos en la fase inicial de la instrucción del caso, quiénes son los responsables de la presunta estafa que ha recorrido la costa mediterránea vendiendo pisos que jamás se han construido y por la que cobraban una cantidad inicial que, en general, fluctuaba entre los 12.000 y los 55.000 euros. Francisco Manuel Torres González, su pareja Catalina Cruz Jimera y el hijo de esta, J. J. Espinosa Cruz son los presuntos maquinadores de un plan que ha comercializado con el nombre de la empresa Grupo 21 hasta 1.172 viviendas sobre maqueta por las que recaudaron alrededor de 23 millones de euros, según los cálculos de este diario. La jueza, que ha convocado a los tres este próximo jueves en su juzgado de Roquetas de Mar, en Almería, solo actuará contra Torres González, administrador de la empresa, al que va a retirar el pasaporte y prohibirle salir de España. También le obliga a comparecer en el juzgado el día uno de cada mes.

Todo comenzó en 2021, en Águilas (Murcia). Grupo 21 ofreció al propietario una permuta de los pisos que se construirían posteriormente por 2.000 metros cuadrados de suelo. Llegaron a poner el cartel del nuevo residencial, pero ni siquiera avanzaron en la firma de la escritura y jamás entró en el terreno un saco de cemento. Desde entonces hasta final de 2023, Grupo 21 ha montado un equipo de vendedores que, con todo su entusiasmo, según cuenta los compradores, han puesto en el mercado esas más de mil viviendas con un procedimiento similar: tantear a los propietarios de suelo, aparentar una futura compra y, sin gastar un duro, vender pisos allí. A Águilas se sumaron Almería, Roquetas de Mar y Almuñécar, como lugares de presunta construcción de 18 urbanizaciones. Iban ya camino de construir en Málaga cuando los compradores empezaron a darse cuenta de que la operación parecía más una estafa que otra cosa. En diciembre, se empezaron a agrupar y comenzaron las denuncias judiciales.

En febrero, agentes de la Guardia Civil detuvieron a los tres citados ahora por la jueza. Los arrestados fueron puestos en libertad y el 9 de abril fueron citados por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar. Según un abogado presente en esa sesión, los tres se negaron a declarar. Aun sin sus declaraciones, la responsable del tribunal ha emitido un auto al que ha tenido acceso este diario en el que explica que “atendiendo a la fase procesal en la que nos encontramos, existiendo indicios más que sobrados de la participación del investigado, Francisco Manuel Torres González … y teniendo en cuenta la elevada pena que pudiera imponérsele, pudiendo este darse a la fuga a los efectos de eludir la acción de la justicia, debemos adoptar medidas restrictivas de su libertad”. Ese auto concluye con las medidas de privación de salir de España, retención del pasaporte en el juzgado y comparecencia obligatoria cada primero de mes ante la justicia o cada vez que la jueza lo considere oportuno.

La decisión de la jueza, explica Javier Ortega Pardo, de Lexforma abogados, está especialmente satisfecho con la decisión de la jueza, explica porque “fuimos los únicos que pedimos las dos medidas que ahora ha tomado la jueza, medidas que, además, ha apoyado la fiscalía”. Por otra parte, Ortega prevé que en las próximas semanas sean llamados a declarar otras personas que previsiblemente colaboraron con Grupo 21, como otros responsables de la empresa o las comerciales, así como otros perjudicados como algunos arquitectos, que realizaron trabajos para la empresa de buena fe pero nunca cobraron.

A pesar de que la presunta estafa incluye a cientos de afectados, alrededor de 1.000, que han contratado ya alrededor de una docena de abogados, la causa que lleva el juzgado de Roquetas de Mar atañe en este momento exclusivamente a cinco personas y una institución bancaria, la Caja Rural del Sur, que están representados por tres abogados. Es así porque estos letrados son los que, por ahora, han optado por la vía penal. De hecho, los afectados aún debaten en sus grupos de Telegram sobre la mejor defensa posible de sus intereses. Mientras algunos han recurrido por esa vía penal, otros lo han hecho por lo civil, generalmente denunciando a los bancos en los que ingresaron el dinero, por considerar que no actuaron diligentemente y según la normativa.

Por otro lado, al margen de lo que decida la justicia, algunos propietarios han optado por la autogestión para, finalmente, conseguir la vivienda que querían. En este momento, los propietarios de al menos una de las promociones se han convertido en cooperativa para así poder comprar los terrenos y construir los pisos que los presuntos estafadores les negaron. Otros solares han sido comprados por empresas distintas que se han desvinculado de lo allí ocurrido y han puesto en marcha sus propias, y nuevas, promociones.