El desahucio de María, de 88 años, pone al barrio más antiguo de Cádiz en guerra contra la turistificación

Dos turistas llegan al portal de la calle Mesón, 9 de Cádiz con cara de despistados y dos enormes trolleys negros a cuestas. Ni se fijan en que el portal está forrado de carteles: “Nos venden. Razón aquí”, “Sí al turismo, no a la turistificación”, “Stop viviendas turísticas”. Eva Orihuela se encuentra con la escena, justo cuando llega del trabajo a visitar a su madre. “¿Dónde irán estos? ...

Dos turistas llegan al portal de la calle Mesón, 9 de Cádiz con cara de despistados y dos enormes trolleys negros a cuestas. Ni se fijan en que el portal está forrado de carteles: “Nos venden. Razón aquí”, “Sí al turismo, no a la turistificación”, “Stop viviendas turísticas”. Eva Orihuela se encuentra con la escena, justo cuando llega del trabajo a visitar a su madre. “¿Dónde irán estos? Si las licencias de alquiler las han quitado y ya no es legal”, resopla con hartazgo. Dentro, en un oscuro bajo que ha sido su casa durante los últimos 57 años, la espera María Muñoz. Los carteles son por ella. La anciana, de 88 años, se enfrenta al desahucio, incapaz de adquirir su piso de alquiler, en una finca ya casi reconvertida al completo en viviendas de uso turístico.

El caso ha puesto en pie de guerra a los vecinos del barrio más antiguo de la ciudad, El Pópulo, una zona urbana de pasado medieval y con destacados yacimientos de época romana. “Nos están exterminando. Luchamos para que no se pierda la memoria histórica del ‘hola, vecino’ por la mañana”, denuncia Antonio Gallardo, portavoz de la Plataforma de Vecinos y Amigos de El Pópulo y antiguo residente de la misma finca de la que Muñoz tendrá que marcharse el próximo 26 de junio, momento marcado por los juzgados para el desahucio de la anciana. La fecha martillea a la mujer y le roba el sueño por las noches. “Bien no estoy”, acierta apenas a valorar, sentada a la mesa de su salón, junto a la atenta mirada de su hija.

Muñoz lleva viviendo en el mismo inmueble desde 1967, momento en el que fijó su residencia en la que por aquel entonces era una finca de alquiler por habitaciones —conocidos en Cádiz como partiditos—, junto a su marido Antonio: “Aquí he tenido a mis tres hijos”. Los años pasaron, el edificio se rehabilitó en los años noventa con fondos europeos —el conocido como Plan Urban— y Muñoz mantuvo su alquiler de renta antigua, hasta que hace ocho años murió su marido. Entonces, la familia desconocía que debía subrogar el contrato a nombre de la viuda dentro de un plazo legal que no cumplió. “A los tres meses, llegó el burofax”, añade Orihuela.

La propiedad le ofreció entonces redactar un nuevo contrato “estándar”, pero de precio bajo —Muñoz paga 97 euros de alquiler— de tres años que se prorrogó, según explica Emilio Beltrami, abogado y uno de los 10 propietarios actuales de un inmueble que fue del alcalde franquista del mismo nombre que el letrado. En ese lapso, los dueños comenzaron a vender los 12 pisos que componen el inmueble y le dieron un ultimátum a la anciana: marcharse o comprar el piso por 147.000 euros, una cantidad inasumible para la mujer, que cobra una pensión de 1.180 euros, y para la familia, según explica Orihuela.

“Llevamos tres años buscando casa para mi madre, tres años de juicios y requerimientos”, añade la hija, que asegura no haber encontrado rentas por debajo de los 800 euros. La justicia dio la razón a los Beltrami en una sentencia de diciembre de 2022 que la inquilina no recurrió, según explica el letrado. “Queremos venderlo, ¿para qué vamos a seguir cobrando ocho euros al mes cada uno? (…). Siempre hemos intentado actuar de buena fe. Después de hacerle un favor, dicen que queremos echarla”, se defiende el abogado.

En este lapso de idas y venidas judiciales de Muñoz —la mujer consiguió un aplazamiento del desahucio por vulnerabilidad, debido a su frágil salud—, la finca se ha ido llenando de viviendas de uso turístico (VUT) de las que Beltrami se desvincula: “Nosotros nunca hemos alquilado como turístico. Las que se vendieron, a gente de fuera, son las que se han dedicado a eso”.

En total, hasta ocho pisos llegaron a aparecer en el registro de la Consejería de Turismo de Andalucía de este tipo de casas de alquiler vacacional. Cinco de ellas han acabado tumbadas y tres más están en ese proceso, tras el cambio en el plan general que aprobó el anterior equipo de gobierno de José María González Kichi, que prohibió el hospedaje turístico en fincas que no sean de alto grado de protección patrimonial, como asegura el actual Consistorio del PP.

Pero el caso de María, avanzado por el medio local digital Cádizdirecto, ha abierto la espita del enfado en un barrio que ve cada vez más cercenada la presencia de vecinos. Gallardo asegura que ya son “14 fincas” las dedicadas en su totalidad a alquiler turístico en una zona de pequeñas dimensiones. “Queremos que se inspeccionen una por una. Van a descubrir que se está ofreciendo sin permisos y se podrá alquilar para los gaditanos”, se queja el portavoz y dueño del mítico bar El Malagueño, ubicado a escasos pasos de la casa de María.

Gallardo, histórico dirigente vecinal y nacido en El Pópulo, se queja de la transformación que ha sufrido un barrio que, hace décadas, estuvo infiltrado por la prostitución y la droga. “Pudimos rehabilitar las fincas con las ayudas del plan europeo, el vecino pudo volver a bajar a las calles”, apunta el hostelero, cuya contribución también fue vital para revitalizar el barrio como lugar de encuentro de la comunidad LGTBI gaditana. “Conseguimos convertir el barrio que malvivíamos y ahora los beneficios se los lleva el guiri. Es necesario ya retomar el alquiler social”, denuncia, molesto.

El pasado viernes, EL PAÍS pudo comprobar cómo la finca seguía acogiendo alquileres turísticos. Mientras, el alcalde, Bruno García, aseguraba querer ser “más restrictivo” con las VUT en una ciudad que se enfrenta al reto de haber perdido ya un tercio de su población en tres décadas por un cóctel de gentrificación, paro y falta de suelo.

Muñoz contempla el debate en la distancia, preocupada por su desalojo. Solo una luz de esperanza la alumbra, después de que un constructor de Cádiz, Agustín Rubiales, le haya prometido un piso en alquiler en una promoción de viviendas que va a rehabilitar en el centro, aunque ya no sea El Pópulo. El problema ahora es que la obra aún no ha comenzado y la familia de la anciana pide a la propiedad de Mesón que dejen a la mujer quedarse hasta que esa obra termine. “Me consta que el resto de propietarios son reacios”, asegura Beltrami ante una posibilidad a la que él dice no cerrarse.

Muñoz ya ha comenzado a asumir que no acabará sus días ni en la calle Mesón, ni un barrio de El Pópulo que sigue empapelado por ella. Los turistas vienen y van, mirando fachadas y visitando el Teatro Romano que linda con la casa de la anciana, sin reparar demasiado en las denuncias. Solo Laura y su hija, una familia procedente de Extremadura que viaja en una furgoneta camper, se detiene ante los carteles. “Es triste, para pensarse cómo viajar”, reflexiona. Dentro, Muñoz solo puede asumir su nuevo sino: “Mi punto era quedarme aquí hasta irme para el otro mundo, pero si me tengo que ir, me iré”.