El Gobierno insta a Aragón a reunirse para revisar la derogación de la ley de memoria de PP y Vox o la llevará al Constitucional

El Gobierno ha instado este martes a Aragón ―donde PP y Vox gobiernan en coalición― a revisar la derogación de la ley de memoria que aprobó el pasado 15 de febrero. De lo contrario, en un plazo no superior a seis meses, el Ejecutivo acudirá directamente al Tribunal Constitucional. La decisión se produce cuatro días después de que la ONU instara a España a adoptar “las medidas necesarias” contra las mal llamadas leyes de concordia que otros gobierno...

El Gobierno ha instado este martes a Aragón ―donde PP y Vox gobiernan en coalición― a revisar la derogación de la ley de memoria que aprobó el pasado 15 de febrero. De lo contrario, en un plazo no superior a seis meses, el Ejecutivo acudirá directamente al Tribunal Constitucional. La decisión se produce cuatro días después de que la ONU instara a España a adoptar “las medidas necesarias” contra las mal llamadas leyes de concordia que otros gobiernos autonómicos de PP y Vox también pretenden llevar a cabo. Esta decisión, por tanto, es un aviso a navegantes a la Comunidad Valenciana y Castilla y León que han anunciado proyectos de leyes similares. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el Gobierno activará el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un mecanismo que emplaza a ambas administraciones a un diálogo bilateral para que ese texto se modifique atendiendo a lo que dicen los relatores de la ONU.

Torres ha anunciado esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que conlleva que se celebre una reunión bilateral con el Ejecutivo aragonés, el único que ha aprobado por el momento la que ha bautizado como “ley de concordia”, para que revise esta norma. “Si el Gobierno de Aragón se negara, seguiríamos los pasos con el Tribunal Constitucional”, ha dicho el ministro. La reunión bilateral entre Aragón y el Gobierno se enmarca dentro de los plazos y trámites previos que tiene el Ejecutivo antes de acudir al órgano de garantías. Cuando una normativa autonómica no se ajusta a la estatal ―como entiende en este caso el Gobierno de Pedro Sánchez― se debe establecer siempre un diálogo con los ejecutivos autonómicos para que la cambien. Si estos se opusieran, entonces sí se impondrá el recurso en el Tribunal Constitucional.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha calificado la convocatoria de la bilateral para abordar la norma aragonesa como “electoralismo”. “Son intereses políticos del Partido Socialista, pero la bilateral es mucho más seria”, ha asegurado el mandatario, que comparte Ejecutivo con la ultraderecha de Vox. “Vuelve a ocurrir. Llegan las elecciones y al Partido Socialista. A Pedro Sánchez le gusta resucitar a Franco. Esto no es serio. La bilateral tiene que convocarse para hablar de los problemas reales de los aragoneses (...) para mejorar la financiación de nuestra comunidad autónoma, para hablar de las infraestructuras hidráulicas que están pendientes, (...) las infraestructuras viales (...) o el impulso necesario que tiene que tener el corredor cantábrico Mediterráneo”. “Querer convocar una bilateral para hablar de lo que le interesa en campaña electoral al Partido Socialista. Ya no engañan a nadie”, ha zanjado. También el vicepresidente de la comunidad, Alejandro Nolasco (Vox), ha rechazado la celebración de la bilateral y la posibilidad de recurrir ante el Constitucional en caso de que persista el desacuerdo entre administraciones. “Lo pueden llevar al Constitucional, al Consejo Jedi o a Marte si quieren. Nosotros no vamos a bajarnos de ahí ni vamos a dar marcha atrás”, ha afirmado el número dos del Gobierno autónomo.

El ministro Torres ha explicado esta mañana que el objetivo con el Gobierno de Aragón es “aclarar” de “sentido común” esta ley para que se cambie. “Estas leyes vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista”, ha dicho. Torres, tras recibir el informe de la ONU, ha enviado un expediente con la misma intención a los presidentes autonómicos y de los parlamentos autonómicos de Castilla y León y de Comunidad Valenciana. “La ultraderecha impone su tesis al PP”, ha afirmado Torres, al tiempo que ha criticado la carta que el presidente autonómico de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, donde comunicaba que el informe de la ONU contenía “información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España”.

Esta tarde, en el Senado, en una declaración con preguntas, Torres ha afirmado que el plazo habitual que tienen las autonomías para responder a si quieren dialogar antes de acudir al Constitucional es de siete días. “En el caso de que no contestes, aunque espero que diga sí, seguiremos con el proceso, [acudir al Constitucional]”.

La ofensiva judicial del Gobierno contra las llamadas “leyes de concordia” de PP y Vox se produce cuatro días después del informe de la ONU, firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Los tres analizaron los proyectos impulsados por PP y Vox en Castilla-León, Aragón y la Comunidad Valenciana, y han asegurado en su informe que “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”, ya que, señalan, “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.

Para la ONU, esas iniciativas del PP y Vox allá donde gobiernan juntos, “pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” de la Guerra Civil y la dictadura franquista; “obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos” en la materia y “pueden invisibilizar”, advierten, “las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista”.