Revuelo interno en el PP con las leyes revisionistas de los gobiernos con Vox: “Hay que evitar este tema”

Franquismo. 1. m. Dictadura impuesta en España por el general Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte, en 1975. 2. m. Período histórico que comprende la dictadura del general Franco.

Casi medio siglo después de la muerte de Franco, los principales dirigentes del PP han tenido que responder esta semana a una pregunta: ¿fue el franquismo una dictadura? En la respuesta, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se acogió con asepsia a la definición en el diccionario. “Para mí el franquismo es una dictadura y eso es algo que lo dice la ...

Franquismo. 1. m. Dictadura impuesta en España por el general Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte, en 1975. 2. m. Período histórico que comprende la dictadura del general Franco.

Casi medio siglo después de la muerte de Franco, los principales dirigentes del PP han tenido que responder esta semana a una pregunta: ¿fue el franquismo una dictadura? En la respuesta, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se acogió con asepsia a la definición en el diccionario. “Para mí el franquismo es una dictadura y eso es algo que lo dice la Real Academia de la Lengua. Uno coge la Real Academia de la Lengua, analiza: franquismo. Y dice: dictadura. Por tanto, sobre esto no hay más que decir”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, optó por enriquecer la definición con ETA. “El franquismo ha sido una dictadura y ETA una banda terrorista y el que no acepte estas dos cuestiones pues probablemente tendrá un problema. Nosotros, no”.

La pregunta sobre el franquismo ha perseguido esta semana al PP por la ofensiva de los gobiernos bipartitos de PP y Vox de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León contra las leyes de memoria democrática, que están derogando y sustituyendo por otras de “concordia” revisionistas y con el único apoyo de los dos partidos de la derecha. La nueva ley del Gobierno de Castilla y León evita la palabra “dictadura”, así que por ese olvido, que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez implica blanquear el franquismo, han surgido las preguntas.

El Gobierno ha anunciado que llevará la nueva normativa autonómica al Tribunal Constitucional, así como a la ONU, al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo, porque considera que viola el derecho internacional. El presidente Sánchez terminó la semana visitando el laboratorio instalado en el Valle de Cuelgamuros, donde un equipo de forenses trabaja para tratar de identificar los restos de 160 víctimas de la Guerra Civil, la mayoría represaliados del franquismo, reclamados por sus familiares. La visita de Sánchez respondía de forma simbólica a la ofensiva de la derecha y el líder de Vox, Santiago Abascal, contestó calificándola como “necrofilia”.

Mientras el PSOE y la extrema derecha han marcado perfil con sus posiciones políticas sobre este asunto, el PP ha sufrido a la defensiva, como demuestra que ha tratado de evitar pronunciarse sobre el tema con la estrategia de la avestruz. La memoria histórica sigue siendo un terreno incómodo para los populares, que no han terminado de resolver internamente. “Creo que estamos ante un caso de bisoñez de los nuevos presidentes”, interpreta un barón de peso del PP de los que no gobierna con los ultras. “Este es un tema complicado y que polariza mucho”, analiza este presidente popular, que cree que es un jardín en el que el PP no debe entrar. “Hay que tratar de evitarlo”.

El primer problema para el PP ha sido de calendario. Los populares se han quejado de que la controversia “es una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez, que lo que quiere es tapar sus escándalos de corrupción política y económica”, dijo el presidente Mañueco. Pero son los gobiernos de PP y Vox quienes han puesto encima de la mesa el debate sobre la memoria histórica en este momento, en la antesala de un potente trimestre electoral (con elecciones vascas, catalanas y europeas). La proposición de ley conjunta en Castilla y León se presentó hace apenas unos días, en la Semana Santa, y el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana. La derogación de la ley de Aragón es algo anterior, del 20 de noviembre ―coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco―, pero los otros dos casos han puesto en bandeja al PSOE una oportunidad para movilizar a la izquierda en la campaña con la alerta contra la extrema derecha.

“Era el momento de estar a otras cosas”, se queja un líder territorial del PP sobre la iniciativa de sus colegas de partido. “Supongo que Vox ha forzado este movimiento, porque está a la baja y necesita nuevas banderas para las europeas, ya que no les ha salido lo del campo”, reflexiona, “pero esto es ruido”.

La mayoría de los dirigentes del PP consultados interpreta las nuevas leyes como un “peaje” que Vox ha impuesto al PP a cambio de haberle dado el poder. La exigencia de derogar las normas de memoria y sustituirlas por otras aparecía en los pactos de Gobierno que ambos partidos suscribieron hace unos meses. En esos acuerdos, la extrema derecha arrastra al PP hacia sus batallas culturales. “Vox”, avisa un presidente autonómico del PP del sector moderado, “busca lo mismo que el PSOE: sacar al PP del centro político”.

La iniciativa de los gobiernos autonómicos de PP y Vox pilló con el pie cambiado a la dirección de Feijóo. Algunas fuentes de la cúpula admiten su sorpresa con el movimiento de los Ejecutivos bipartitos y señalan que este “escapó al control” de Génova. La dirección hizo una defensa formal de la ofensiva de sus gobiernos, pero Borja Sémper, el portavoz del partido, midió mucho sus palabras el pasado lunes en la rueda de prensa en la que tuvo que pronunciarse sobre las nuevas leyes, sin respaldarlas en todo su contenido. La cúpula del PP, explican fuentes de la dirección, va a seguir vigilante su tramitación parlamentaria para que no se cuelen cosas “inaceptables”, como el blanqueamiento de la dictadura. Génova dice tener las normas “en periodo de estudio”, mientras otras fuentes del partido apuntan a que la estrategia de los barones que las han promovido va a ser meterlas en un cajón. Nadie quiere más ruido.

No es fácil saber, en todo caso, hasta dónde hay un efecto arrastre de Vox al PP y hasta dónde se ha producido una evolución de la propia posición política de los populares sobre la memoria histórica. Ejecutivos regionales que no dependen de Vox, como el de Cantabria, también han anunciado que van a derogar la ley de memoria autonómica. En cambio, ni Alfonso Rueda en Galicia, ni Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, tienen intención de derogar esta normativa.

Esta es la primera vez, en todo caso, que el PP deja de ponerse de perfil y plantea una contra argumentación a la memoria democrática que la que defiende la izquierda y la que figuraba hasta ahora en todas las leyes vigentes en España. Según el nuevo relato normativo que pretende aprobar el Gobierno bipartito de Castilla y León, la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936, sino a “dinámicas de enfrentamiento de años anteriores” llevadas al “paroxismo”, es decir, a la exaltación de las pasiones. Ese nuevo texto pactado por PP y Vox, además de evitar la palabra “dictadura”, se remonta a 1931, esto es, como explicó el portavoz de la extrema derecha, el nuevo texto da “el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978″, osea, a las de la II República y a las de la dictadura.

“Se trata de un error político muy grave porque alimenta el discurso del PSOE, al establecer una conexión entre las tesis de Vox con la posición del PP”, reflexiona un veterano dirigente del PP. “La memoria histórica busca un reconocimiento de las víctimas que estas leyes diluyen al incorporar a las de lo sucedido en la Segunda República, cuando las víctimas del bando nacional ya fueron reparadas durante la dictadura”. “No se puede comparar”, se ha quejado además el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, “lo que no es comparable: una dictadura fruto de un golpe militar, la imposición totalitaria de un régimen sin libertad, con la democracia de la II República”.

“Yo no he detectado nunca a nostálgicos del franquismo en la dirigencia del PP”, señala un exdirigente popular que ha tenido responsabilidades de Gobierno, “pero al PP le es incómodo mirar hacia atrás”. “A diferencia del PSOE, que tiene una tradición democrática anterior a la Transición, la del PP comienza con la Transición, porque antes de ese periodo la derecha entronca con una tradición no democrática”. Vox, en cambio, mira con comodidad y hasta con nostalgia hacia ese pasado franquista, en el que cree que hay cosas positivas a reivindicar. “No creo que haya un cambio en la mentalidad del PP sobre la mirada al franquismo”, sostiene este veterano popular, “y la prueba de ello es que no quieren hablar del tema, sino que esto es una consecuencia de a quién has elegido como tu socio”. “Si una ley naturaliza regímenes dictatoriales, tienes un problema”, tercia otro veterano del sector moderado.

El PP está dando pasos, porque el Gobierno de Mariano Rajoy evitó derogar la ley de memoria de José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos legislaturas, aunque dejó a cero su financiación. Feijóo ha prometido derogar la ley de memoria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha definido su alternativa. Pablo Casado, su predecesor al frente del PP, encargó a Adolfo Suárez Yllana que redactara una ley “de concordia” para presentar como el modelo que seguirían los populares si llegaran al Gobierno. La norma nunca vio la luz. A su llegada a la presidencia del PP, hace dos años, Feijóo decidió meter esa propuesta en un cajón, y ahí continúa mientras el PP tropieza con la cáscara de plátano que Vox le ha colocado en el camino.