El fiscal del Supremo que rechazó el terrorismo en el ‘caso Tsunami’ se da de baja de su asociación conservadora por no defenderle

Álvaro Redondo, el fiscal del Tribunal Supremo que informó en contra de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, ha pedido su baja de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), después de que los vocales de este colectivo rechazaran concederle amparo por los ataques vertidos contra él en un artículo de opinión del periódico El Mundo. En un escrito enviado a la presidenta de la asociación, Redondo lamenta que la AF sea “absolutamente incapaz” de defenderle y acusa a los vocales de esta asociación —que ...

Álvaro Redondo, el fiscal del Tribunal Supremo que informó en contra de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, ha pedido su baja de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), después de que los vocales de este colectivo rechazaran concederle amparo por los ataques vertidos contra él en un artículo de opinión del periódico El Mundo. En un escrito enviado a la presidenta de la asociación, Redondo lamenta que la AF sea “absolutamente incapaz” de defenderle y acusa a los vocales de esta asociación —que descartaron respaldarlo en la reunión del Consejo Fiscal del pasado 6 de marzo— de adoptar una “actitud inconcebible y sobrecogedora”.

A principios de este mes, el Consejo Fiscal acordó conceder amparo al fiscal Redondo, a quien un articulista de El Mundo, Jorge Bustos, acusó de ser “cómplice de un canje corrupto” y de dar un “espectáculo obsceno” por firmar el informe que se oponía a que el caso Tsunami fuera instruido en el Supremo por delitos terrorismo y a que fuera imputado Puigdemont. Sin embargo, en esa cita, los vocales de la Asociación de Fiscales, un grupo que mantiene un enfrentamiento abierto contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, decidieron rechazar la petición de Redondo, que ha permanecido a la AF desde hace más de 20 años. La posición de este colectivo provocó que la votación acabara en empate, por lo que salió finalmente adelante gracias al voto de calidad del fiscal general.

Realmente, esta guerra en el seno de la Fiscalía estalló el 4 de febrero, apenas dos días antes de que se celebrase la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo que iba a analizar el caso Tsunami. Ese 4 de febrero se conoció que Redondo, a quien había correspondido por reparto estudiar el caso para exponerlo en dicho encuentro, había concluido que no existían indicios suficientes para imputar por terrorismo al expresident catalán, como había solicitado el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en la misma noche del 4 de febrero al 5 de febrero, El Mundo publicó que Redondo había visto terrorismo en un primer momento, y que había “cambiado de criterio” tras “visitar” al fiscal general.

La Fiscalía General del Estado y el propio Redondo —que emitió un comunicado— negaron esta sucesión de hechos y cualquier tipo de “indicación” o “sugerencia” de García Ortiz al autor del documento. El fiscal del Supremo explicó que había elaborado un primer borrador donde apreciaba terrorismo, pero que había cambiado de postura tras estudiar a fondo el caso. Es más, añadió que la ponencia que iba a llevar a la junta de fiscales estaba hecha antes de verse con el máximo representante del ministerio público, y añadió que así constaba en su “sistema informático”. Pese a las explicaciones, el sector conservador de la carrera aprovechó para cargar contra el fiscal general. Y, en ese contexto, Jorge Bustos publicó un artículo que acusaba a Redondo de participar en un “canje corrupto que suspende la aplicación de la ley y blinda la impunidad”, además de protagonizar el “espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia degradado a servidor del poder”.

“¿Merece la pena venderse al Gobierno más arbitrario de la democracia? Con usted en Berlín el capricho del emperador no habría conocido límite. Con héroes como usted, la democracia española no necesita enemigos”, remachaba el opinador de El Mundo, que añadía que se había “trucado la balanza [de la justicia] [...] para no herir a delincuentes privilegiados”.

Ante estas palabras, Redondo decidió pedir amparo al Consejo Fiscal, que se lo concedió el 6 de marzo, pese al rechazo de los vocales de la Asociación de Fiscales, que argumentaron que “no se advierte que la publicación del artículo periodístico” pudiese suponer una “inquietud o perturbación en el ejercicio” de sus funciones. Según explica Redondo, este grupo dijo que esa columna de El Mundo era una mera “publicación individual sin influencia en las funciones futuras del afectado”. Para el fiscal del Supremo, esta actitud es “inconcebible y sobrecogedora”, además de contradecir la “jurisprudencia del Supremo, que establece que el amparo ‘adquiere su sentido cuando determinadas actuaciones extrañas a la relación procesal pretenden influir en la opinión pública descalificando al juez”.

Redondo acusa a la Asociación de Fiscales de incumplir una “de sus más importantes finalidades”: “Defender a los asociados en su actuación profesional, prevista en el artículo 7 de sus estatutos”. “Por las expresadas razones, considerando que carece de sentido mi permanencia en la AF, te ruego que tramites, a la brevedad posible y con efecto inmediato, mi definitiva e irrevocable baja asociativa”, pide el fiscal del Supremo a la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, según consta en un escrito fechado el pasado 8 de marzo.