Un ex alto cargo asegura que avisó desde el principio al expresidente de Castilla y León del sobrecoste de ‘La Perla Negra’

Pablo Trillo-Figueroa, consejero de la empresa pública que compró el edificio en 2009, declara que Juan Vicente Herrera le dijo que “estudiaría el tema” y que lo mantuviera informado

El diputado del PP en las Cortes de Castilla y León Pablo Trillo-Figueroa, a su llegada este martes a la Audiencia Provincial de Valladolid, donde ha declarado como testigo en el caso de 'La Perla Negra'.NACHO GALLEGO (EFE)

La Audiencia Provincial de Valladolid ha acogido este martes la declaración como testigo de Pablo Trillo-Figueroa, diputado del PP en las Cortes de Castilla y León y exalto cargo del Gobierno autonómico cuando lo presidía el popular Juan Vicente Herrera. Trillo-Figueroa, que en 2009 era consejero de la empresa pública Gesturcal, tiene un papel fundamental en el juicio en el que se pretende esclarecer por qué el Gobierno de Herrera pagó 20 millones de euros de sobrecoste en la compra de un inmueble de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) apodado...

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La Audiencia Provincial de Valladolid ha acogido este martes la declaración como testigo de Pablo Trillo-Figueroa, diputado del PP en las Cortes de Castilla y León y exalto cargo del Gobierno autonómico cuando lo presidía el popular Juan Vicente Herrera. Trillo-Figueroa, que en 2009 era consejero de la empresa pública Gesturcal, tiene un papel fundamental en el juicio en el que se pretende esclarecer por qué el Gobierno de Herrera pagó 20 millones de euros de sobrecoste en la compra de un inmueble de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) apodado ‘La Perla Negra’. El testigo ha reiterado lo que ya manifestó en la fase de instrucción: que él recibió las tasaciones e informes sobre el edificio y que, al considerar desmedido el importe, avisó al entonces presidente de la Junta. “Herrera me dijo que estudiaría el tema, que lo mantuviese informado”, ha declarado. Finalmente la adquisición de esa parcela y del edificio salió adelante, así como el de un parque empresarial, y los importes desproporcionados han acabado judicializados 15 años después.

Cinco ex altos cargos de la Consejería de Economía de Castilla y León y siete empresarios están siendo juzgados por el caso Perla Negra, la presunta corrupción en la compra de un edificio por parte del Gobierno regional en 2009. El inmueble costó a las arcas públicas 70 millones de euros en lugar de los 50 millones en los que había sido tasado. La Fiscalía pide para los procesados un total de 70 años de prisión y multas millonarias.

Trillo-Figueroa, que en un primer momento fue investigado en el caso pero ya no lo está, ha mantenido la postura expresada desde el inicio del proceso. Él era consejero de Gesturcal, la empresa pública que pagó 60,5 millones de euros por un edificio valorado en 50 —a esos 10 millones de sobrecoste se sumaron después otros 10—, y ha incidido en que, desde que tuvo constancia del desfase presupuestario, avisó al entonces presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP).

“Salió el tema porque empleados de la consejería me lo contaban a modo de chanza y me hablaban de La Perla Negra porque era un precio muy elevado y a mí no me hacía mucha ilusión. Herrera me dijo que estudiaría el tema y que lo mantuviese informado”, ha afirmado Trillo-Figueroa ante el juez. También ha destacado que tenía con Herrera un vínculo de amistad “desde la infancia en Burgos, con una relación de confianza extraordinaria” que lo facultaba para “despachar asuntos” e intercambiar opiniones sobre cuestiones de actualidad.

La Consejería de Economía, que es la implicada en el asunto porque el controvertido edificio se adquirió para albergar organismos de ese departamento, la dirigía Tomás Villanueva —fallecido en 2017—, hombre de máxima confianza de Herrera, consejero durante varias décadas y entonces vicepresidente autonómico. Trillo-Figueroa ha indicado que quienes más conocimientos tenían sobre el inmueble de Arroyo de la Encomienda eran “el consejero y los altos cargos”. Tras la muerte de Villanueva, que se produjo por causas naturales y poco después de que Hacienda investigara 83 cuentas bancarias suyas, los grandes señalados son los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos 11 años de prisión. El expresidente Juan Vicente Herrera comparecerá ante el tribunal el próximo 14 de marzo en calidad de testigo.

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