La trama del ‘caso Koldo’ “ocultó” en Brasil y Luxemburgo parte de las presuntas mordidas por la venta de mascarillas

El rastro del dinero manejado por la trama vinculada a Koldo García Izaguirre, el exasesor del que fuera ministro socialista José Luis Ábalos, lleva hasta Brasil y Luxemburgo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado el envío de diferentes partidas de dinero a empresas de ambos países, algo que revela presuntos movimientos de blanqueo de capitales con el objeto ...

El rastro del dinero manejado por la trama vinculada a Koldo García Izaguirre, el exasesor del que fuera ministro socialista José Luis Ábalos, lleva hasta Brasil y Luxemburgo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado el envío de diferentes partidas de dinero a empresas de ambos países, algo que revela presuntos movimientos de blanqueo de capitales con el objeto de “ocultar” y “dificultar el seguimiento y trazabilidad” de las ganancias y comisiones obtenidas por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia, según destaca la Fiscalía Anticorrupción en la querella que presentó en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

En el epicentro de estos movimientos de dinero está la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., utilizada por la trama para hacerse de manera presuntamente irregular y con elevado sobreprecio con la adjudicación de ocho contratos de diferentes organismos de la Administración Pública para el suministro de mascarillas y otro material sanitario en plena crisis del coronavirus. Esta empresa estaba presuntamente controlada en la sombra por los empresarios Juan Carlos Cueto Martín y Víctor de Aldama, a los que las pesquisas atribuyen un beneficio económico por el supuesto amaño de contratos de 9,6 y 5,5 millones de euros respectivamente. En el caso de Koldo García, se ha detectado un incremento patrimonial que podría ”alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros”, según el sumario.

En concreto, las pesquisas policiales ―bautizadas como Operación Delorme― han detectado que desde esta compañía se hicieron dos transferencias a Brasil. La primera, por un importe de 13.500 euros, se ejecutó el 25 de enero de 2022 y tuvo como destinataria una sociedad de este país denominada Suro Capital Brasil Participacoes Ltda (en concreto, una cuenta a su nombre en la entidad financiera Banco Itaú BBA). Según se detalla en el escrito de Anticorrupción, en la compañía brasileña figura como administrador Fernando Pulin Velayos, también apoderado de una de las empresas del Grupo Cueto, controlado por Juan Carlos Cueto y al que pertenecería también Soluciones de Gestión. Seis meses después, el 28 de julio del mismo año, se realizó una segunda transferencia, de 8.750 euros, al mismo banco.

Más voluminosos son los movimientos de dinero que acabaron supuestamente en una sociedad localizada en Luxemburgo. Las pesquisas han revelado que Soluciones de Gestión efectuó el 20 de enero de 2021 una transferencia de 850.000 euros a la empresa española MTM 180 Capital S. L., de la que es propietario De Aldama. “Analizadas las cuentas bancarias tituladas por la citada mercantil, se observa que con los fondos transferidos por Soluciones de Gestión, unidos a la constitución de un préstamo por importe de un millón de euros, se realiza una transferencia de 1.600.150,5 euros, que habría sido destinada a la sociedad Stronghold Credit S. L.”, destaca la Fiscalía en su escrito. Esta última se trata de una sociedad de crédito participada por Stronghold Partners S. L., que a su vez tiene como único accionista a la sociedad luxemburguesa Stronghold Topco SARL.

Es precisamente esta actividad de la trama en el extranjero, supuestamente vinculada a maniobras de blanqueo de capitales, la que llevó a Anticorrupción a presentar la querella en la Audiencia Nacional, al considerar que parte de los delitos fueron cometidos fuera de España, por lo que este órgano judicial es el competente para investigar. Estos movimientos de dinero son considerados por la Fiscalía un indicio más de la existencia de una “organización criminal” cuyo objetivo era conseguir de manera fraudulenta contratos públicos y, posteriormente, “evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las irregulares adjudicaciones”.

La investigación ha revelado que la trama se hizo con ocho contratos públicos por un valor superior a los 53 millones de euros, de los que pudo obtener “unos beneficios en torno a un 32%” tras descontar el pago que hizo a dos suministradores de mascarillas y a las compañías que hicieron el traslado de las mismas a España.