El PSOE y sus socios se apoyan en la respuesta de Suiza al juez García-Castellón para insistir en que “no hubo terrorismo” en el ‘procés’
La Mesa del Congreso amplía hasta el 7 de marzo el plazo para negociar la ley de amnistía
El mismo día en el que la Mesa del Congreso ha aprobado ampliar hasta el 7 de marzo el plazo para la negociación en comisión de la ley de amnistía, el PSOE y sus aliados han recibido como un bálsamo la respuesta enviada por...
El mismo día en el que la Mesa del Congreso ha aprobado ampliar hasta el 7 de marzo el plazo para la negociación en comisión de la ley de amnistía, el PSOE y sus aliados han recibido como un bálsamo la respuesta enviada por la Oficina Federal de Justicia de Suiza al juez español Manuel García-Castellón. En esa respuesta, el departamento dependiente del Ministerio de Justicia suizo cuestiona la causa por terrorismo instruida por García-Castellón contra 12 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira, prófugos de la justicia. Suiza se niega a facilitar al juez la localización de Rovira, duda de su implicación en los hechos y se remite a una respuesta anterior que ya envió al juez en 2020 y en la que no veía indicios de terrorismo en la causa. Todos los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez se han agarrado a ese comunicado, adelantado este martes por EL PAÍS, para insistir en su tesis de que en el procés independentista catalán “no hubo terrorismo”.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha comenzado señalando que su partido siempre respeta las decisiones judiciales, pero ha reafirmado con contundencia su “convencimiento profundo” de que en el procés “no hubo terrorismo”. López, exlehendakari y máximo dirigente durante años del PSOE en Euskadi, ha señalado que “desgraciadamente en España” se sabe “muy bien el significado real del terrorismo”. Sin citar el nombre de García-Castellón, sí ha criticado indirectamente algunas actuaciones del juez: “Si una de las cuestiones [para ver indicios de terrorismo] es la rapidez en poner un tuit... Pues hombre, lo dejaré ahí, que luego me echan la bronca”, ha dicho. El portavoz socialista aludía así a que en la instrucción judicial García-Castellón reseña que Marta Rovira “fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami” en 2019, subrayando que tardó solo “tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios)”. De ello deduce el juez que Rovira “pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic”.
Otros dirigentes de las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han sido mucho más directos en su crítica a García-Castellón. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, la otra formación de la coalición gubernamental, ha sostenido que el juez intenta con su investigación “zancadillear la normal tramitación” de la ley de amnistía en el Congreso. “No es la primera vez que la justicia europea sonroja algunas actuaciones excesivamente militantes de algunos representantes de la justicia española. Esto ha pasado muchas más veces y esto es un indicio de que, con un poquito de perspectiva, en Europa las cosas se ven de manera bastante clara”, ha añadido Errejón, aunque la respuesta de Suiza no la da un órgano judicial, sino la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Gobierno de ese país.
La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha señalado que el posicionamiento crítico de Suiza ratifica la idea que el independentismo catalán lleva tiempo pregonando: “Que no ha habido terrorismo es una evidencia, lo sabe todo el mundo”, ha dicho. “Se demostrará, una vez más, que García-Castellón ha convertido una supuesta investigación en una persecución política”, han abundado fuentes de ERC. Si finalmente Puigdemont y Rovira fueran imputados por terrorismo en el caso Tsunami —algo que está en manos del Tribunal Supremo—, eso dificultaría previsiblemente que fueran amnistiados como pretende el Gobierno.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, que normalmente no comparece los martes tras la Junta de Portavoces y suele expresarse siempre muy comedido, sí quiso aprovechar en esta ocasión una pregunta sobre el organismo suizo para apuntar contra el trabajo de García-Castellón: “Poca base puede haber en unas acusaciones en las que han tardado cuatro años en darse cuenta de que había terrorismo”, ha dicho. El juez abrió la causa por terrorismo ya en 2019 —tras los disturbios organizados por el movimiento Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés— pero fue el pasado noviembre, coincidiendo con el inicio de negociaciones entre el PSOE y Junts para aprobar una amnistía, cuando García-Castellón señaló expresamente a Puigdemont y Rovira. Aitor Esteban ha acusado al juez de tener una “actitud no muy jurídica” y de haber estado “maniobrando dependiendo de lo que sucedía en el Congreso” en relación con la ley de amnistía.
El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, calificó la respuesta de Suiza de “nuevo revés a García-Castellón y a todos los jueces que están intentando hacer política contra la mayoría democrática de este país”. Pero no desperdició el momento para atacar por elevación y en general a la justicia por estar en manos de la derecha, y terminó aconsejando al PSOE que tome nota y promueva una reforma legal para no tener que acordar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Otra portavoz de Sumar, en este caso Aina Vidal, de En Comú Podem, tildó al juez García-Castellón de “revoltoso” y lo acusó de dedicarse a buscar “delitos que no existen, en situaciones que jamás sucedieron”. Durante el procés, opinó Vidal, “sucedieron muchas cosas, pero ninguna de ellas se puede llamar terrorismo”. Y el diputado de Sumar, Enrique Santiago, completó: “Solo hay un juez que ve terrorismo donde ningún otro tribunal lo ve”.
Más plazo para negociar la amnistía
La Mesa del Congreso ha aprobado precisamente este martes la ampliación del plazo para aprobar en comisión la proposición de ley de amnistía, que acababa este miércoles. La extensión del plazo, normal y habitual en muchas leyes, permite alargar la negociación 15 días más, hasta el 7 de marzo, pero después ya no se podrán hacer más renovaciones. Tanto Patxi López como Íñigo Errejón han confiado en que esa ampliación ayude a que la negociación prospere, aunque no han concretado los avances conseguidos en los primeros 15 días de conversaciones que siguen en marcha con Junts.