Desmantelado en Valencia uno de los mayores laboratorios de drogas sintéticas de España

Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas decidió variar su estrategia de negocio con la instalación de un gran laboratorio de elaboración de metanfetaminas (MDMA), drogas sintéticas. Los dos líderes de la banda, con antecedentes en España por narcotráfico, ficharon a dos químicos holandeses con una amplia experiencia en la fabricación de estupefacientes y un extenso historial delictivo. Desde Altea (Alican...

Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas decidió variar su estrategia de negocio con la instalación de un gran laboratorio de elaboración de metanfetaminas (MDMA), drogas sintéticas. Los dos líderes de la banda, con antecedentes en España por narcotráfico, ficharon a dos químicos holandeses con una amplia experiencia en la fabricación de estupefacientes y un extenso historial delictivo. Desde Altea (Alicante, 23.820 habitantes), ciudad en la que estaban asentados, iban trasladando su centro de operaciones hasta dar con una casa de campo desvencijada y oculta en un paraje boscoso recóndito de Sueca (Valencia, 28.086 habitantes). Una investigación policial logró dar con este escondite y, de esta forma, desmantelar uno de los mayores laboratorios de droga descubiertos en España.

La operación se saldó el pasado 17 de enero con 12 detenidos, supuestos integrantes de una red de distribución internacional de drogas, de los que cuatro, los dos cabecillas y los químicos, han ingresado en prisión por orden de un juzgado de Benidorm. Los agentes han intervenido 1.900 litros de MDMA que, tras pasar un proceso de cristalización, se habrían convertido en más de dos toneladas de pastillas de éxtasis con un valor en el mercado de 105 millones de euros, según los cálculos policiales.

La Operación Chamizo, llamada así por la precariedad de la vivienda en que se hallaba el laboratorio, comenzó el pasado mes de octubre. Hasta la sede del grupo de estupefacientes de la comisaría de Benidorm había llegado el rumor de la existencia de un posible laboratorio de droga ubicado en el Levante peninsular. La investigación comenzó por el seguimiento de dos personas que podían estar vinculadas y que, finalmente, fueron detenidas. La vigilancia de estos dos sospechosos condujo a la identificación de todos los integrantes del grupo, incluidos los jefes y dos ciudadanos neerlandeses especializados en el tratamiento químico de la droga. Uno de ellos, de hecho, ya había sido detenido en su país por su vinculación con el narcotráfico. Todos ellos “llevaban vidas normales”, ha señalado Víctor Galvañ, responsable de la investigación, en una rueda de prensa en la que también han participado el jefe de la comisaría de Benidorm, Ceferino Serrano, y el inspector de la Comisaría General de Policía Judicial Juan de Mata Muñoz Molina. “No usaban maniobras de contravigilancia, no intentaban despistar, conducían a velocidades normales”, prosigue Galvañ. Los vigilados eran unos tipos convencionales cuyo único punto en común parecía ser “que carecían de trabajo”.

Todos los arrestados compartían algo más. Sus idas y venidas constantes al municipio valenciano de Sueca, célebre por sus cultivos de arroz, a media hora de Valencia y a 100 kilómetros de Altea, donde residían los implicados. Una vez allí, los presuntos delincuentes se adentraban en una zona boscosa y recóndita, en la que un camino estrecho y en pésimo estado era el único acceso a una casa de campo ruinosa, con las puertas desvencijadas y las paredes a medio construir. Los investigadores comprobaron que los 12 integrantes de la banda criminal acudían al chamizo con frecuencia. Entraban con todo tipo de protección, como mascarillas o equipos de protección individual (EPI), y cambiaban de ropa cada vez que salían de su interior. Transportaban abundantes garrafas de plástico en vehículos de diferente marca y color que iban alternando en cada viaje. Desde fuera, los agentes también detectaron un fuerte olor químico. No hacían falta más señales. Todo indicaba que aquella vivienda rústica y perdida albergaba un laboratorio de drogas.

El seguimiento de los sospechosos también había denotado una jerarquía y un reparto de tareas bien definido. Además de los cabecillas y los químicos, uno de los investigados era el chófer del resto de la banda. Otro trasladaba el material a lo que en el argot se conoce como guarderías, almacenes previos a la venta al consumidor. Un tercer miembro era el vigilante que evitaba los robos perpetrados por otras bandas, mientras que otro integrante del grupo aprovechaba que carecía de antecedentes criminales para ceder su documentación a la hora de alquilar viviendas, de las que se mudaban con frecuencia.

El pasado 17 de enero los agentes decidieron dar el alto a dos de los sospechosos, que se alejaban del laboratorio en un vehículo cargado con varias garrafas. Al hacerlo, ambos arremetieron contra los agentes, que salieron ilesos del intento de atropello. Comenzó así una persecución de apenas 200 o 300 metros, tras la que los policías lograron detener a los delincuentes e incautar dos recipientes de cinco litros con anfetamina en su interior. La intervención policial tuvo que acelerarse. Al día siguiente, 18 de enero, tuvieron lugar el resto de arrestos y los registros. En las viviendas de Altea, quizá por el transcurso de un día desde las primeras detenciones, los investigadores no encontraron nada. Los domicilios utilizados por la banda “desprendían un fuerte olor a amoniaco, como si todas las zonas hubieran sido limpiadas y la maquinaria, retirada”, cuenta Galvañ.

El interior de la casa rural, en cambio, acumulaba entre sus paredes desconchadas, sin rastro de muebles, todo el material necesario para él tratamiento de la MDMA, apilado y distribuido por las diferentes habitaciones según su función. Desde los envases de 1.900 litros de metanfetamina, 1.000 de acelerantes y precursores y de otros 1.000 de residuos químicos, a un enorme alambique, decantadores, tornos, fogones, probetas o básculas de precisión. Un material que habría puesto en las calles 2.185 kilos de pastillas, por un valor conjunto de 105 millones de euros. Además, los agentes detectaron unos tubos que servían para verter en el campo las sustancias químicas sobrantes. La operación culminaba así con la detención de 12 personas, los dos holandeses, un español y el resto marroquíes, acusados de delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal y otro contra el medioambiente, por los vertidos ilegales. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Benidorm, cuatro de ellos ingresaron en prisión.