El PP dispara el gasto farmacéutico en Andalucía un 30% hasta los 2.500 millones al año

La factura de las recetas y el gasto farmacéutico en los hospitales ha subido como la espuma en Andalucía desde que hace cinco años gobierna el Partido Popular. El dinero público destinado por la Junta a subvencionar los medicamentos, tanto para los enfermos que compran en farmacia como en hospitales, ha subido un 30%. Es decir, el salto desde los 1.965 millones destinados como créditos definitivos -la cantidad máxima que se puede gastar- en 2018, último año con Gobierno socialista en esta comunidad, hasta los 2.566 millones destinados en 2023 por el Ejecutivo popular de Juan Manuel Moreno. La partida 41G de los Presupuestos andaluces de 2023 incluye otros gastos menores como el transporte de pacientes y las prestaciones ortoprotésicas, pero la comparación es válida porque también los incluía en 2018.

Esos 600 millones de gasto añadido cada año representan mucho dinero de las arcas públicas que ahora se paga a los laboratorios farmacéuticos y con el que se podrían construir hasta una decena de hospitales de alta resolución (HAR), con un coste estimado de 60 millones, o por ejemplo contratar a 30.000 profesionales sanitarios durante un año, según cálculos de los expertos consultados. La Junta sabe que tiene un problema con esta subida desorbitada del gasto, superior a la de otras regiones, y hace un año puso en marcha varios programas para intentar reducirla.

Este último lustro todas las comunidades han sufrido el subidón del gasto sanitario con la pandemia de coronavirus, ahora atenuado. La comparación del gasto farmacéutico por regiones que hace el Ministerio de Hacienda entre 2019 y 2022 ofrece una foto muy parecida a la de los presupuestos autonómicos: Andalucía incrementó su gasto farmacéutico total -recetas y hospitales- un 29%, mientras que la media de las comunidades fue del 20%. El cotejo del Ministerio de Sanidad reduce la subida del gasto farmacéutico total andaluz por habitante al 23,4% entre 2018 y 2022 y sitúa la media nacional en el 21%. Hasta la llegada del PP en 2019, esta comunidad mantuvo la subasta de medicamentos, un mecanismo que le permitió ahorrar 586 millones entre 2012 y 2017.

Ahora la atención primaria andaluza sufre un deterioro progresivo -incluso reconocido por la propia Junta- con hasta 20 días de espera para una consulta en los centros de salud, de hasta más de un año con los especialistas y un problema generalizado de falta de médicos. Por eso una de las medidas más llamativas del Gobierno andaluz para reducir el gasto farmacéutico ha sido incentivar que los médicos de atención primaria dediquen varias tardes a la semana a desprescribir medicamentos a los 365.000 enfermos polimedicados -con más de 15 fármacos- en la región, el 4,3% de la población. “En vez de ver enfermos y desatascar la atención primaria, aprovechan las continuidades asistenciales por las tardes en un programa de productividad, por lo que cuantos más pacientes ves, más cobras, y lo haces a la carrera”, critica Socorro Ricoy, vocal de la asociación Justicia por la Sanidad.

La Junta alega que tras el alza del gasto farmacéutico hay muchos factores, incluidos el envejecimiento de la población y defiende que el último año ha contenido la subida a solo el 2,86% y por primera vez ha logrado reducir el número de pacientes polimedicados y así ahorrar 10 millones. Además, destaca el uso potenciado de medicamentos biosimilares para lograr que representen el 70% de los biológicos y un uso adecuado de otros medicamentos, con los que sumado un ahorro de 13 millones más. “Nos preocupa el incremento de la factura porque es una partida muy importante, pero nos estamos ocupando de ello. El aumento del gasto no es inevitable, todo es susceptible de mejorar, pero ahora tenemos un crecimiento constante a un ritmo aceptable, entre el 3 y el 6%”, defiende Carlos García Collado, subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Para Ángeles Prieto, portavoz de Sanidad del PSOE andaluz, partido que hace un año presentó una proposición para contener el gasto farmacéutico, la principal razón que explica la subida presupuestaria es la mala gestión: “Andalucía crece más y a mayor ritmo que otras regiones. Entre 2020 y 2021 aumentó un 16%, mientras que Madrid fue la siguiente y lo hizo un 8%. El gasto farmacéutico hay que gestionarlo marcando objetivos a los gerentes para que los profesionales receten. Y para poder prescribir bien es fundamental que los médicos de atención primaria estén motivados, y ahora hay hartazgo”.

En paralelo, para los socialistas, la Junta está demasiado cerca de las compañías farmacéuticas. “La industria no puede influir en las decisiones de los clínicos y ahora estos límites éticos y de rigor son muy difusos”, añade Prieto. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, acudirá la próxima semana a un foro en Madrid patrocinado por BidaFarma, distribuidora farmacéutica para la que trabaja como gerente de relaciones institucionales Manuela Villena, esposa del presidente andaluz Moreno.

Esta cercanía a los laboratorios está presente incluso en la reputada Escuela Andaluza de Salud Pública, dependiente de la Junta. “Ahora un porcentaje importante de jornadas y congresos en la Escuela son definidos por la industria y el SAS. Antes existía un código ético por el que los laboratorios no podía definir actividades e invitar a un ponente u otro, y eso se ha perdido en esta institución científica, transformada ahora en agencia de congresos”, critica el exdirector de la Escuela Joan Carles March.

Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, achaca el alza del coste farmacéutico a la eliminación de las subastas de medicamentos: “Cuando la Junta ha salido a la vorágine del mercado sin el colchón de la subasta, el coste se ha disparado”. Nieto recuerda que el propio Juan Bravo, vicesecretario nacional de Economía del PP y anterior consejero de Hacienda, recomendó en 2021 rescatar las subastas para tapar el agujero que estaba provocando en las cuentas el gasto farmacéutico.

Las 14 subastas de medicamentos entre 2012 y 2017 consistieron en que la Junta licitó la venta en farmacias de determinados grupos de fármacos sujetos a financiación pública. Con esta fórmula, cuando un paciente acudía a una farmacia con una receta por principio activo (por ejemplo, paracetamol), el boticario no le entregaba cualquier genérico, sino el del laboratorio que hubiera ganado la subasta. El PP hizo bandera de su oposición a la subasta al cuestionar la calidad de los medicamentos genéricos y decir que generaba desabastecimiento, a pesar de que este problema de falta de fármacos se ha agravado hoy.

Al respecto, Eduardo López, coordinador del grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ilustra que las subastas arrastran “cierto matiz peyorativo”. “Bastantes comunidades tienen ahora acuerdos marco que son muy similares a las subastas, pero no son publicitados para evitar la mala prensa que tuvo el caso andaluz”.

¿Hay solución para evitar la espiral de subida en el gasto farmacéutico?

“Claro que sí. No se ha hecho prevención en España y nos han vendido que la salud es el acceso al médico. La inversión en salud pública solo representa el 0,7% del gasto total sanitario, pese a que carece de color político, y los médicos no tiene tiempo de intervenir en las escuelas. La ley antitabaco es de 2007 y aún no está desarrollada del todo. Si la salud pública mejorase conseguiríamos ahorrar muchísimo dinero”, alerta Antonio García, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga y asesor del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.