400 euros por un pasaporte para buscar refugio en España

Mousa Abdi fue uno de los primeros somalíes que el año pasado sorprendió a los policías del aeropuerto de Madrid-Barajas. Había salido de Kenia, hizo escala en Turquía y, después, en Madrid. Su destino final era Brasil, pero en su última conexión, en La Habana, fue enviado de vuelta a Barajas. Mousa solo quería llegar a un país seguro y una vez se vio de nuevo en Madrid se fue directo hacia los agentes y pidió asilo. Su caso no sería tan extraordinario si no fuese porque después de él, ...

Mousa Abdi fue uno de los primeros somalíes que el año pasado sorprendió a los policías del aeropuerto de Madrid-Barajas. Había salido de Kenia, hizo escala en Turquía y, después, en Madrid. Su destino final era Brasil, pero en su última conexión, en La Habana, fue enviado de vuelta a Barajas. Mousa solo quería llegar a un país seguro y una vez se vio de nuevo en Madrid se fue directo hacia los agentes y pidió asilo. Su caso no sería tan extraordinario si no fuese porque después de él, al menos otros 650 somalíes, según fuentes policiales, hicieron viajes parecidos con el mismo propósito. Todos ellos pidieron asilo y todos llevaban consigo un pasaporte de Kenia, aparentemente genuino, pero que no era el suyo. Lo habían comprado para poder huir. En 2022, apenas tres somalíes pidieron asilo en aeropuertos españoles.

El pasaporte determina el poder que tiene un ciudadano para cruzar fronteras sin visados. Los hay poderosísimos, como el de España, que, según el Índice Henley de 2023, es el tercer documento de viaje que más puertas abre del mundo porque permite viajar a 191 de 225 países sin mayor dificultad. Los somalíes, en cambio, aunque tienen un claro perfil de refugiado, sufren una enorme dificultad para entrar en países desarrollados. Su pasaporte solo abre puertas sin visado en 35 países y es el sexto pasaporte menos valioso entre los 199 analizados.

Así las cosas, no hay muchas opciones para ellos: refugiarse en países vecinos, donde sufren verdaderas penurias; esperar durante años un reasentamiento en un país rico, que puede no llegar nunca; o subirse a una patera tras una tortuosa ruta migratoria. Pero Barajas lleva meses siendo testigo de una nueva fórmula, más rápida y segura: comprar otra nacionalidad. Estos refugiados, según cuentan fuentes policiales, usaban pasaportes de Kenia, país vecino de Somalia. El documento de Kenia está en la 68ª posición y, a diferencia del somalí, permite transitar por la zona internacional de los aeropuertos españoles, donde los viajeros pueden pedir asilo, y entrar en varios países latinoamericanos.

Algunos de los somalíes que han llegado a España por esta vía lo compraron cuando vivían en Kenia para poder vivir fuera de los campos de refugiados y tener los mismos derechos que los kenianos, aunque luego lo usaron para viajar. “La vida en los campos es como en una prisión, no puedes salir, falta de todo. Prácticamente, te obligan a comprarte un pasaporte si quieres una vida normal. Y está completamente normalizado, todo el mundo lo sabe”, explica Mousa, que pagó 400 euros por el suyo. Otros lo compraron ya con la intención de cruzarse el mundo. “Yo quería buscar un lugar seguro y es imposible conseguir una visa para ir a Europa”, cuenta Ali Ahmed, que pagó 700 euros por el suyo. Ambos piden no revelar su verdadero nombre y algunos detalles personales. “Tengo miedo de que le pueda pasar algo a mi familia”, dicen.

Este flujo de refugiados somalíes, revelado por EL PAÍS en agosto, ha ido sumando capítulos en los últimos meses. El número, que en verano rondaba los 400, ha seguido creciendo hasta el punto en que las instalaciones del aeropuerto de Barajas para solicitantes de asilo se vieron colapsadas. El pasado 22 de diciembre, tres jueces requirieron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptasen “con carácter urgente” medidas que pusiesen fin al “hacinamiento” que, en ese momento, sufrían los 244 solicitantes que dormían en el suelo mientras esperaban a que se les permitiese entrar en territorio español. Interior, según ha dicho el ministro Fernando Grande-Marlaska, mandó refuerzos policiales para acelerar las entrevistas a las que deben someterlos antes de dejarlos entrar y se han ampliado los espacios para recibirlos.

Pero no acaba ahí. Según fuentes policiales, se ha abierto una investigación para descubrir si hay alguien haciendo negocio con estos viajes, aunque tanto Mousa como Ali aseguran que organizaron el viaje por su cuenta. España, además, según fuentes conocedoras del caso, estudia imponer un visado de tránsito a los ciudadanos con pasaporte de Kenia para bloquear esta vía. No sería la primera vez.

Cada vez que una nacionalidad específica ha llamado la atención por pedir asilo en un aeropuerto español, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha impuesto visados de tránsito para evitarlo. Ocurrió en 2011 con ciudadanos sirios; en 2018, con palestinos refugiados en Líbano; en 2020, con yemeníes; en 2021, con haitianos; en 2022, con turcos; y en 2023, con burkineses. “España tiene la mala práctica de imponer visado de tránsito a colectivos cuando detecta que llega un cierto número de personas, sin tener en cuenta que pueden ser susceptibles de recibir protección internacional”, denuncia Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Es una decisión terrible para quienes necesitan asilo y, en el caso de los somalíes, un obstáculo definitivo para que puedan llegar a un país seguro tras huir del terror”.

Una prisión a cielo abierto

El relato de vida de estos somalíes antes de recalar en Barajas es terrorífico. Ali ni siquiera puede hablar sin llorar. Somalia está hundida en un conflicto armado, en una crisis humanitaria, y afronta la peor sequía de los últimos 40 años, con riesgo de hambruna generalizada. A finales de 2021, según Acnur, había 836.000 refugiados y solicitantes de asilo somalíes en todo el mundo. La UE reconoce el estatus de refugiado al 55% de los somalíes que lo solicitan, el quinto porcentaje más alto entre los 20 países que más solicitudes presentan, según Eurostat. Pero para conseguirlo, primero han de llegar.

Mousa, de 35 años, se labró una carrera en Somalia como funcionario de organizaciones internacionales y locales dedicadas a la lucha contra la desnutrición y su trabajo le hizo convertirse en objetivo de Al-Shabaab, el principal grupo terrorista que actúa en el país. “Me veían como un enemigo, como un espía, era peligroso para mi familia que estuviese con ellos”, recuerda. Desde que en 1991 comenzó la guerra civil, salió tres veces de Somalia para vivir en la vecina Kenia. Algunas veces lo hizo solo, otras, acompañado de su mujer y sus ocho hijos. En Kenia se encuentra Dadaab, uno de los campos de refugiados más grande del mundo. La vida allí se le hacía imposible. “El Gobierno de Kenia no permite salir del campo a los refugiados. No tienes libertad de movimiento, ni siquiera puedes ir al pueblo más cercano, solo puedes trabajar allí y si sales pueden detenerte. Un keniano puede ganar 1.000 euros al mes, mientras que un refugiado somalí no va a conseguir más de 100. No es nada raro que la gente se compre un pasaporte para vivir mejor, los venden los intermediarios desde 100 euros. Todo el mundo sabe quiénes son y el Gobierno de Kenia también lo sabe“, explica.

Ante este caso, fuentes diplomáticas de Kenia han mantenido sus reservas ante la veracidad de los pasaportes. Solo ellos, advirtieron ya en agosto, son competentes para establecer la validez del documento.

Ali perdió a su hermano, que era funcionario del Gobierno, durante un ataque terrorista en un restaurante de Mogadiscio, en 2019. Y en agosto del año siguiente recibió una llamada. “Me exigían que me uniese a los terroristas o acabarían conmigo para siempre”, recuerda. Aquí tiene que parar porque se le saltan las lágrimas y se le corta la respiración. “Me separaron de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, de mi madre, para quien yo era lo único que le quedaba”, solloza. Ali vendió su tienda de ultramarinos y escapó a Kenia en octubre de 2020. Su descripción de la vida en el campo de refugiados, en el que trabajó como taxista, no dista mucho de la de Mousa. “No se puede salir, si te ven en la calle te detienen, pasas el día pagando sobornos para no ir a la cárcel”, lamenta. Harto, entregó 700 euros por un pasaporte, la llave de una nueva vida. “Ahora me siento seguro, voy a aprender el idioma, voy a trabajar, voy a vivir, por fin, como un ser humano”, explica.

El destino final de Ali era Cuba, pero él no esperó a que lo mandasen de vuelta. En cuanto aterrizó en Madrid, en septiembre de este año, se fue en busca de los policías. Por entonces, ya no había sorpresa, sino decenas de ojos estudiando como pararlos.