La reforma de la ley del CGPJ que reclama el PP complica el acuerdo sobre la renovación
El Gobierno y sus aliados vetaron en el Congreso hace siete meses la propuesta de Feijóo para cambiar el sistema de elección de los vocales jueces del Poder Judicial. El PSOE se opone a que los 5.000 jueces elijan un “poder del pueblo”
El acuerdo entre el PSOE y el PP para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales llevan más de cinco años con el mandato caducado, pende de un hilo. La amenaza se esconde en la segunda parte de esa negociación: la reforma legal que defiende el PP para que, en renovaciones futuras, los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del CGPJ. ...
El acuerdo entre el PSOE y el PP para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales llevan más de cinco años con el mandato caducado, pende de un hilo. La amenaza se esconde en la segunda parte de esa negociación: la reforma legal que defiende el PP para que, en renovaciones futuras, los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del CGPJ. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunciaron el pasado viernes que van a sentarse a negociar por fin para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, pero las declaraciones de unos y otros en los últimos meses, y este mismo martes, sobre la reforma legal apuntan a que ese segundo aspecto —que para el PP es una condición necesaria para cerrar el primero: el cambio de los vocales— será muy difícil de llevar adelante.
Alfonso Gómez de Celis, secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente del Congreso, declaró este martes a TVE: “Nos basamos en un principio fundamental que establece la propia Constitución, que dice que todos los poderes emanan del pueblo. No puede ser que 2.000 o 3.000 personas que han aprobado una oposición [en referencia a los jueces, que son en realidad más de 5.000] elijan a un poder del pueblo, como es en este caso el Poder Judicial, como tampoco entenderíamos que los funcionarios públicos eligieran al Gobierno de España”.
Esta postura expresada por Gómez de Celis es la que mantuvo el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados hace sólo siete meses, cuando se discutió en pleno la proposición de ley que el PP presentó para que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales de procedencia judicial de los 20 que componen el CGPJ. En aquella ocasión, la iniciativa legislativa del PP fracasó, con 176 votos en contra de los mismos grupos parlamentarios que ahora han apoyado la investidura de Pedro Sánchez.
La diferencia es que ahora el PSOE ha aceptado negociar con el PP, con la intermediación de un representante de la Comisión Europea, un cambio futuro en el sistema de elección de los vocales jueces. El PP ve con buenos ojos para esa labor al comisario de Justicia, Didier Reynders, quien ha defendido en reiteradas ocasiones que hay que renovar ya el CGPJ con la ley vigente y a continuación cambiar el sistema de elección, una “reforma que cumpla la recomendación del Consejo de Europa, que es que la mayoría de miembros del consejo de jueces sean elegidos por sus pares”. Fuentes del PP señalan que el acuerdo para la renovación pasa por garantizar la reforma de la Ley para cambiar el sistema de elección de los vocales jueces y añade: “El Gobierno tenía que convencer antes al PP, ahora también tiene que convencer a Europa dado que ha aceptado su supervisión. Europa piensa lo mismo que nosotros sobre la necesidad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial”.
Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez mantiene su veto a un cambio del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial vigente con ligeros retoques desde 1985 con el aval del Tribunal Constitucional. “El Gobierno apuesta por el modelo democrático, no corporativo, el mismo modelo que se pacto con el PP en 2001 y en 2013, teniendo el PP mayoría absoluta y estando el PSOE en la oposición”, señalaron a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo.
Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, señaló este martes: “Lo que la Comisión Europea ha pedido en los últimos meses es una despolitización de los órganos judiciales. Estamos dispuestos a negociar ese pacto de Estado de la Justicia donde sí se renueve el órgano de gobierno de los jueces pero al mismo tiempo se apruebe una fórmula de nueva forma de elección de los magistrados que van a formar parte del órgano de los jueces, tal y como pide la Unión Europea. Lo que ha conseguido el señor Feijóo es sacar al señor Sánchez de la trinchera, sentarlo ante la Unión Europea y que la Unión Europea le diga a la cara que no pueden meter la mano en todas las instituciones del Estado. Hay órganos del Estado, como el de los jueces, que necesitan ser independientes, eso es lo que dice el PP haciendo suyas las palabras de la Unión Europea”.
Antes de la votación que el PP perdió en el Congreso en mayo pasado para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo y Sánchez rozaron un acuerdo para la renovación, roto por el PP al conocer que el Gobierno tramitaba paralelamente una reforma penal, pactada con ERC, para derogar el delito de sedición. Aquel acuerdo aceptaba la renovación del CGPJ con la ley vigente y, a la vez, asumía la elaboración por parte de ese órgano de una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial en un plazo máximo de seis meses. Esa propuesta debía ser avalada luego por tres quintos del CGPJ y trasladada al Gobierno, al Congreso y el Senado para que el poder legislativo, basándose en esa idea, sometiera a la consideración de las Cortes una proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales.
En el debate del Congreso, dos de los grupos que ahora han votado la investidura de Sánchez propusieron una salida al bloqueo del CGPJ. Tanto Junts como EH Bildu invitaron al Gobierno a aprobar una reforma legal por la que cesaban automáticamente al terminar su mandato los vocales, dejando al frente de ese órgano a “tres miembros para tareas administrativas básicas sin que pudieran hacer ningún nombramiento”. El PSOE rechazó esta fórmula para acabar con el bloqueo y también la propuesta por su socio de coalición, Unidas Podemos, consistente en rebajar las mayorías necesarias para aprobar la renovación —de forma que no fuera necesario contar con el PP— en el caso de que no fuera posible en un primer intento.
Casi 500 nuevos jueces, sin opciones de formar parte del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió a las Cortes en septiembre de 2018 una lista con los 51 jueces candidatos a formar parte del órgano de gobierno de los jueces en la siguiente renovación. Esa relación recogía los nombres seleccionados por las asociaciones judiciales o que habían recogido el aval de sus compañeros, y de ahí deben salir los 12 vocales jueces que elijan el Congreso y el Senado si hay acuerdo político para desbloquear el órgano. Pero los cinco años que han pasado desde que se elaboró esa lista pueden conllevar problemas legales en el futuro, según han advertido algunos juristas, que consideran que existe un riesgo de que la próxima renovación sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Los principales perjudicados de una renovación basada en el procedimiento abierto en 2018 serían los miembros de las cuatro promociones de jueces que se han incorporado a la carrera en los últimos cinco años. En total, 484 nuevos jueces (a los que se sumarán otros 161 durante el primer trimestre de 2024, según datos del CGPJ) que no podrán formar parte del nuevo Consejo porque no pudieron participar en aquel proceso y, por tanto, no están en la lista de preseleccionados. Juristas advierten de que alguno de ellos podría recurrir en amparo al Constitucional por considerar que se ha vulnerado su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la Constitución).
En la última negociación entre el PSOE y el PP, en noviembre de 2022, los dos partidos llegaron a plantearse la posibilidad de instar al CGPJ a que reiniciara el proceso con las asociaciones y los jueces interesados en formar parte del órgano y se elaborara una nueva lista de candidatos. Pero el CGPJ, cuando se ha planteado esta posibilidad, siempre ha defendido que eso requeriría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque, con la redacción actual, la norma no contempla la caducidad del procedimiento, por lo que no hay base jurídica para desechar la lista y hacer una nueva. Siguiendo este criterio, el PSOE y el PP acordaron basar la renovación en el listado elaborado en 2018.