La justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los ciudadanos, según el CIS
Dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales
La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la p...
La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población (dos de cada tres encuestados) está poco o nada satisfecha con el funcionamiento de la Justicia, mientras que la media de insatisfacción general de los españoles con el trato que recibe de los servicios públicos es del 52,9%. Una de las principales dificultades que señalan los usuarios es lo difícil que es hacer gestiones en los juzgados españoles.
La encuesta del CIS, con 10.306 entrevistas, fue elaborada entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre, en plena efervescencia de las protestas contra la ley de amnistía ―que tanto el PP y Vox como distintas voces de la judicatura consideran un ataque a la independencia judicial― y al tiempo que el Consejo General del Poder Judicial cumplía cinco años con el mandado caducado.
En ese contexto, el CIS ha preguntado a los ciudadanos qué opinión tienen de servicios públicos como la enseñanza, la sanidad o los transportes, los usen o no. El 43,2% se mostró poco satisfecho con el funcionamiento de la Administración de justicia, mientras un 23% no está nada contento. En el lado opuesto se sitúan los transportes (con un 58,6% de encuestados muy o bastante satisfecho) y los servicios de seguridad ciudadana, con los que el 17,5% está muy contento, y un 55%, bastante.
El dato de insatisfacción con el funcionamiento de la justicia supone, no obstante, una mejora, ya que en el último estudio del CIS de esta materia, el de 2018, el 67% de la ciudadanía se incluía entre los poco o nada complacidos, lo que ya era un avance respecto al año anterior, donde el 72,4% estaba poco o nada contento con el trato en los juzgados. En cinco años, la imagen ha mejorado seis puntos.
La opinión mejora algo si se pregunta a quienes han tenido que relacionarse con los juzgados de cualquier jurisdicción en el último año, pero el grado de complacencia sigue siendo muy malo. En esta categoría, las oficinas peor valoradas son las que se dedican a gestionar la documentación de las personas extranjeras. Y el siguiente peor, de nuevo, el servicio que ofrece el cuerpo judicial, que deja poco o nada satisfechos al 54% de quienes han tenido que enredarse con los tribunales. El problema fundamental es que el 38% de los usuarios ha considerado “más bien difícil” denunciar, reclamar o solicitar asistencia en un palacio de justicia.
La encuesta del CIS (adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Félix Bolaños) viene a reforzar algunas de las valoraciones que ya conocía el Consejo General del Poder Judicial tras la encuesta sobre la imagen de la justicia que la agencia Metroscopia hizo para este organismo en febrero de este mismo año, aunque con preguntas diferentes. Este sondeo apuntaba, por ejemplo, que el 48% de las personas que habían tenido contacto con los tribunales había visto disminuir su grado de confianza en la justicia (uno de cada tres calificó su experiencia de “decepcionante”). Quizás porque el 79% la ve tan lenta que prefiere no acudir a ella; o porque el 87% está de acuerdo en que los “políticos tratan de influir sobre el poder judicial y controlarlo”, lo que “daña la imagen de España en Europa (90%) y “daña gravemente a la democracia (90%).