Sánchez rompe los últimos tabúes

Los socialistas navarros querían hacerlo hace mucho tiempo. Pero siempre recibían la misma respuesta desde la calle Ferraz, la sede central del PSOE: no. No podían entregar Pamplona a EH Bildu, tenían que dejar que siguiera gobernando UPN en minoría.

La tensión con este asunto entre los socialistas navarros y Ferraz viene de lejos. En 2007, el entonces líder del PSN, Fernando Puras, dimitió cuando José Luis Rodríguez Zapatero le vetó un pacto con Geroa Bai —ni siquiera era entonces la iz...

Los socialistas navarros querían hacerlo hace mucho tiempo. Pero siempre recibían la misma respuesta desde la calle Ferraz, la sede central del PSOE: no. No podían entregar Pamplona a EH Bildu, tenían que dejar que siguiera gobernando UPN en minoría.

La tensión con este asunto entre los socialistas navarros y Ferraz viene de lejos. En 2007, el entonces líder del PSN, Fernando Puras, dimitió cuando José Luis Rodríguez Zapatero le vetó un pacto con Geroa Bai —ni siquiera era entonces la izquierda abertzale, ilegalizada en ese momento— para echar del poder a UPN.

En 2014, poco antes de que Pedro Sánchez llegara al poder en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba vetó un intento del PSN, entonces liderado por Roberto Jiménez, de presentar una moción de censura contra Yolanda Barcina (UPN) que necesitaba los votos de Bildu.

Todo eso cambió en 2019, cuando Sánchez, aconsejado por el navarro Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, entendió que el PSN necesitaba aceptar los votos de EH Bildu para no convertirse en una fuerza irrelevante que siempre entregaba el poder a UPN. El líder socialista aceptó que María Chivite se hiciera con la presidencia navarra con la abstención de Bildu. Ahí se rompió la primera barrera.

Pero este miércoles, Sánchez ha derribado el último tabú: dar un gobierno al grupo de Arnaldo Otegi y normalizar a Bildu así definitivamente, al menos a los ojos de la dirección socialista. Mientras, el PP habla de “pacto encapuchado” y sigue considerando a la formación como una extensión de ETA, 13 años después de su último atentado mortal.

Diversos dirigentes y miembros del Gobierno explican que con ello Sánchez no solo soluciona un problema local —el Ayuntamiento estaba bloqueado por un gobierno en minoría que no lograba acuerdos— sino que sobre todo da un salto para consolidar definitivamente su relación con EH Bildu. Este partido ha pasado poco a poco de socio incómodo con el que se evitaba cualquier fotografía —Sánchez nunca se había hecho una hasta esta última investidura— a un aliado fiel que fue el primero en anunciar su apoyo tras el 23-J.

Bildu ha hecho una apuesta de fondo para apoyar a los socialistas en Madrid. A cambio, siempre pidió Pamplona, un lugar con referencias históricas para la izquierda abertzale. Pero asumió que los socialistas no se la dieran en 2019 y tampoco este mayo, cuando de nuevo dejaron gobernar a UPN. Bildu ha sido paciente. Los socialistas navarros, que tienen a la formación de Otegi como aliado estable en el Ejecutivo foral de María Chivite, han reclamado esta solución de la moción de censura varias veces, ante el bloqueo del Ayuntamiento, y finalmente Sánchez, de nuevo aconsejado por el navarro Cerdán, dijo sí esta semana.

Distintos dirigentes señalan que era la única ventana de oportunidad para una operación tan delicada: en plenas Navidades —la moción se votará el 28— y antes de un nuevo año electoral, con comicios inminentes en Galicia —no por casualidad Sánchez organizó el sábado un gran acto político en Santiago de Compostela para apoyar a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro—, en Euskadi y las europeas en junio.

Una operación así era inviable con esas elecciones más cerca. De hecho, Bildu fue decisivo, en negativo, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, porque el PSOE nunca logró salir de la campaña que el PP centró en los siete terroristas con delitos de sangre que el grupo de Otegi colocó en listas locales, aunque después los retiró ante la polémica.

En el PSOE se ha instalado la idea de que, después de esa durísima campaña, los ciudadanos dieron un mensaje muy diferente en las generales y casi ocho millones de personas votaron a Pedro Sánchez a pesar del “que te vote Txapote”. Creen que los votantes progresistas ven más importante frenar a la derecha y están normalizando poco a poco a Bildu. Y también a Junts y a Carles Puigdemont, el otro gran tabú que esta semana también ha empezado a romper Sánchez, no solo porque han tenido su primer cruce dialéctico amable en el Parlamento Europeo, sino porque el presidente ha asumido que en algún momento tendrá que reunirse con él.

Fuentes socialistas señalan que la reunión entre Sánchez y Puigdemont, cuya fecha aún no está cerrada, se producirá probablemente cuando la ley de amnistía esté aprobada, en principio en abril de 2024. Junts pidió que la cita se hiciera en Estrasburgo aprovechando el pleno del Parlamento Europeo al que Sánchez acudía para hacer balance de la presidencia española de la UE. El líder socialista estaba dispuesto para una foto de normalización, un saludo, estrecharse las manos, pero Puigdemont quería una reunión formal, como la que hizo con Cerdán en Bruselas, en la que se analizara la marcha de las negociaciones entre los dos partidos.

Las conversaciones no fructificaron porque Sánchez rechazaba de plano una reunión en este momento. Y Puigdemont evitó el apretón de manos como gesto claro de que eso no era lo que buscaba. El presidente del Gobierno, explicaban los socialistas a Junts, no puede reunirse con normalidad con una persona que ha huido de la justicia española. Sí cree que hay que normalizar esta relación. Ya lo ha hecho con Oriol Junqueras, líder de ERC, al que llamó hace un mes. Pero será cuando Puigdemont esté amnistiado —Junqueras está indultado— y no tenga cuentas con la justicia.

Ese momento podría llegar cuando se apruebe la ley de amnistía y entre en vigor. Luego habrá recursos y puede que Puigdemont tarde más tiempo en volver a España, pero políticamente para el PSOE sería asumible un encuentro, aunque sea en Bruselas una vez aprobada la ley, según estas fuentes. Aun así, todo está abierto y en negociación permanente, y este turbulento año político ha demostrado que para la cúpula socialista la mayoría de los “nunca” en realidad quieren decir “de momento, no”.

El PSOE y el Gobierno están, pues, lanzados a la tarea de normalizar el cambio que suponen sus nuevas relaciones con Bildu y con Junts y ERC, cada vez más estrechas. El giro es muy evidente. En mayo el PSOE tardó varios días en reaccionar a la campaña del PP sobre Bildu y siempre lo hizo a la defensiva. Esta semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, el ariete que ha colocado Sánchez para romper tabúes y contrarrestar con desparpajo los tonos más duros de la oposición, llegó a decir en el Congreso sobre el pacto en Pamplona: “No tengo ningún problema en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia. Ningún problema”.

Obviamente, su opinión no es unánime en el PSOE, y el acuerdo tiene la abierta oposición de dirigentes como el aragonés Javier Lambán. En la cúpula de Sánchez creen que poco a poco se irá normalizando y que, con el paso de los años, algunos compromisos de Bildu —en el acuerdo de Pamplona hay una mención al apoyo y respeto a las víctimas de ETA— y el relevo generacional —Otegi ha dado paso a un candidato a lehendakari sin vinculación alguna con el terrorismo, y el que será nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, condenó en 1998 el asesinato de Tomás Caballero, concejal de UPN, a manos de ETA— harán que se vaya asumiendo en el resto de España algo que en Euskadi y Navarra está avanzado.

“Nuestro problema es que a veces no damos la batalla del relato”, resume un miembro de la cúpula socialista. “Es un triunfo para la democracia que Bildu quiera hacer política, que apuesten por debates sociales, y también que Junts y ERC, que hace siete años estaban declarando la independencia, ahora estén negociando presupuestos. Pero son temas incómodos. Preferimos hablar de gestión, y a veces dejamos que nos coma el terreno la derecha”.

Precisamente, la gestión volverá al primer plano esta semana. El Gobierno quiere terminar el año con decisiones económicas de calado, con buenas noticias. Y prepara un decreto ómnibus, además de la prórroga de medidas contra la inflación, que será menos potente, pero aún tendrá un volumen importante.

Y vuelve además la guerra entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, que seguirá hasta el último día del mandato de esta última. Díaz está dispuesta a dar una batalla fuerte por el subsidio de desempleo, por el impuesto a la banca y por el salario mínimo. Y apela al pacto de Gobierno que presentó con el propio Sánchez. Seguramente lo resolverán el presidente y Díaz. En el Gobierno confían en un acuerdo, pero sobre todo dan la bienvenida a los debates sobre la gestión y ayudas económicas, y buenas noticias como la subida de las pensiones, porque cree que ahí es donde la oposición se mueve más incómoda y el Ejecutivo nada en ambiente propicio.