El PP propone ahora renovar el Poder Judicial con la ley vigente si el mismo día se aprueba su reforma

El Partido Popular se mantiene firme en su negativa a renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes cumple cinco años con el mandato caducado y con una mayoría conservadora que corresponde a un momento en el que gobernaban los populares. La renovación, cuya última palabra corresponde al Parlamento, requiere un apoyo de tres quintos de las Cámaras, y, por tanto, el pacto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, es imprescindible. El PP, no obstante se ...

El Partido Popular se mantiene firme en su negativa a renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes cumple cinco años con el mandato caducado y con una mayoría conservadora que corresponde a un momento en el que gobernaban los populares. La renovación, cuya última palabra corresponde al Parlamento, requiere un apoyo de tres quintos de las Cámaras, y, por tanto, el pacto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, es imprescindible. El PP, no obstante se ha resistido durante el último lustro a cerrar ese pacto, y este lunes han insistido en ello. “Queremos despolitizar la justicia, pero conforme al programa con el que nos presentamos a las elecciones. Si [el Gobierno] no lo acepta, con nosotros no. Queremos que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Si esto se acepta, podremos hablar”, ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa este lunes por la mañana. En privado, fuentes de la dirección han confirmado justo después que no habrá pacto hasta que se cambie la ley y se modifique la forma de elección de los vocales del CGPJ. “Si no hay reforma, no hay renovación”, han sostenido. Una renovación que tendría lugar ya con la nueva norma.

Pero el PP ha confirmado después que renovará el Poder Judicial con la ley vigente si el mismo día se aprueba su reforma. El partido ha concretado, en la tarde de este lunes, que acometerán “la renovación del Consejo si de manera simultánea se actualiza a ley con los parámetros de despolitización del CGPJ que pide Europa”, han informado fuentes de la dirección popular. De esta forma, según han asegurado a posteriori, los populares están abiertos a renovar la composición del Consejo conforme a la ley vigente, pero mediante un pacto conjunto que incluya ya la futura norma de elección de los vocales. Los populares pactarán con el PSOE “si se aprueba el mismo día la reforma, se renuevan [los vocales] y nueva ley”, añaden otras fuentes de la ejecutiva. “A la vez”, subrayan, y admiten que en ese caso aceptarían la renovación con la ley que hoy está vigente. Eso sí, se muestran recelosos de esa eventual negociación con los socialistas. “No nos fiamos”, advierten.

Mientras, a través de fuentes de Justicia, el Gobierno responde al PP que “no puede haber más excusas” para mantener bloqueado el órgano de los jueces e insta al principal partido de la oposición a cumplir la Constitución y la ley y a renovar el CGPJ.

La aclaración dada por el Partido Popular ha llegado poco antes de la rueda de prensa conjunta ofrecida por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en Bruselas. Sémper había subrayado por la mañana que es la UE la que manda que España cambie el sistema de elección de los jueces del CGPJ. Pero desde Bruselas se ha instado, en el pasado y en numerosas ocasiones, a los partidos a que primero lleven a cabo la renovación del Consejo de acuerdo a la normativa vigente y después se impulse dicho cambio legal. Y en esa línea se ha reiterado en la tarde de este lunes el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que ha instado a la renovación “muy urgente” del órgano y a que, después, se reforme. “Después de cinco años se hace más y más urgente la renovación”, ha reclamado en la rueda de prensa en la capital belga.

Reynders ha dejado claro que el asunto es una de las principales preocupaciones sobre España del Ejecutivo comunitario. “Como recomendamos en nuestro informe sobre el Estado de derecho en Europa en 2022, la renovación del Consejo es la prioridad, y solo a partir de entonces es cuando debe iniciarse el proceso de reforma”, ha aseverado y ha insistido en que para Bruselas, lo mejor y más sensato es esa vía. “Es la recomendación que hemos dado a todos los actores involucrados en el proceso y que repetimos”, ha expresado. “Los procesos de reforma son largos y por eso nos decantamos primero por la renovación. Aunque si hay una propuesta que hace progresar la situación y que es objeto de un acuerdo de las fuerzas políticas en España y la puesta en marcha de un Consejo renovado en línea con los estándares europeos, la analizaremos”, ha remarcado. “Bruselas está abierta”, ha dicho.

El PP estableció el pasado 10 de mayo una condición más endurecida que la puesta ahora. Ese día, los populares exigieron que la ley que regula el método de elección del Consejo fuese modificada antes de acometer la renovación del órgano. “Queremos que la [nueva] ley aparezca en el BOE”, subrayaron entonces fuentes del entorno directo de Alberto Núñez Feijóo, después de que el líder del PP declarase ese día en un foro que estaba a favor “de una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ”. Unos días más tarde, el 18 de ese mes, el Congreso rechazó la propuesta registrada a tal efecto por el Grupo Parlamentario Popular. Solo Ciudadanos apoyó la iniciativa.

Antes, y durante años, tanto el PP de Pablo Casado como el de Feijóo habían aducido un reguero de excusas cambiantes para no acordar con el PSOE la renovación del CGPJ.

El Consejo General del Poder Judicial, que no es un tribunal sino el órgano de gobierno de todos los jueces de España, está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio (más un presidente, elegido a posteriori por los 20 vocales). A todos los designan el Congreso y el Senado —por mayoría de tres quintos— aunque, en el caso de los 12 jueces, las Cámaras deciden a partir de una lista de candidatos elaborada previamente por los propios jueces. El PP reclama que los 12 vocales jueces sean elegidos directamente por los miembros de la carrera judicial, quitándole así todo poder decisorio al Parlamento. La asociación mayoritaria entre los jueces es la Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador.

Sémper ha vuelto a cerrar la puerta al pacto poco después de que Pedro Sánchez afirmara esta mañana, en una entrevista en la SER, que llamará a Feijóo para emplazarle a una negociación sobre el CGPJ. “Han pasado muchas cosas”, como “la amnistía”, responden desde la cúpula popular. “No vamos a poner al zorro a controlar a las gallinas. No queremos que haya zorros en torno al gallinero. De Pedro Sánchez no nos fiamos un pelo”, ha dicho Sémper. En la entrevista radiofónica, el presidente del Gobierno había acusado a los populares de ejercer “lawfare” (“en su acepción de politización de la justicia”, ha dicho) precisamente por el “secuestro” del Consejo. “En un país en el que se está cuestionando la separación de poderes, el señor Sánchez es el que menos lecciones puede dar”, le ha respondido Sémper. Y ha añadido: “Si el presidente del Gobierno le ha hecho a Junts una ley de amnistía a la carta porque necesita sus siete votos, ¿es que el Partido Popular, que tiene 137 escaños, que es el ganador de las elecciones generales, no puede reclamar también que el Consejo General del Poder Judicial, y su composición y su elección responda a lo que nosotros creemos?”.

Desde Bruselas, Bolaños se ha referido a los posibles contactos con el PP. “La llamada —que por cierto también se puede llamar por parte del señor Feijóo—, se producirá cuanto se considere conveniente”, ha apuntado el ministro de la Presidencia junto a Reynders. “Somos un gobierno por definición dialogante; no vamos a perder la paciencia y vamos a seguir trabajando con diálogo con el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ. Nosotros, a través del diálogo vamos a intentar esa mayoría cualificada para cumplir la Constitución cinco años más tarde de lo que se debería haber hecho”, ha añadido.