La Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel para los 12 ‘cdr’ procesados por delitos de terrorismo
Los acusados se verán beneficiados por la amnistía si esta prospera, según la proposición de ley registrada en el Congreso
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo (a ocho de los cuales atribuye la fabricación de explosivos). El ministerio público ha presentado su escrito de acusación contra los procesados por impulsar supuestamente el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una presunta “célula radical” creada dentro...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo (a ocho de los cuales atribuye la fabricación de explosivos). El ministerio público ha presentado su escrito de acusación contra los procesados por impulsar supuestamente el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una presunta “célula radical” creada dentro de estos grupúsculos surgidos en Cataluña para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según el sumario, los sospechosos querían conseguir la “independencia” a cualquier precio, “empleando para ello la violencia en su máxima expresión”.
El pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez contempla que estos imputados por terrorismo sean exonerados por la futura ley de amnistía, que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso. La proposición de ley incluye el terrorismo entre los delitos a amnistiar en algunos casos, siempre que estén vinculados al procés independentista y que no exista una sentencia condenatoria firme, entre otros factores. Es improbable que la sentencia del caso de los CDR, aunque fuera condenatoria, se convierta en firme antes de que la ley se apruebe, por lo que los cdr resultarían previsiblemente amnistiados.
El fiscal que firma el escrito de acusación contra los 12 procesados, Miguel Ángel Carballo, es el mismo que ha descartado el delito de terrorismo en la causa abierta sobre el movimiento Tsunami Democràtic, otra investigación paralela donde se ha citado como imputados al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos de la justicia desde 2017 y 2018, respectivamente.
En su escrito, la Fiscalía exige 27 años de cárcel para ocho integrantes de los CDR: Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado. El ministerio público atribuye tres delitos a todos ellos: pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables; y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A los otros cuatro procesados —Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero— solo les imputa un delito (pertenencia a organización terrorista), por lo que pide para ellos ocho años de prisión.
A lo largo de 61 páginas, el fiscal Carballo explica que los 12 acusados se “integraron” en el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo formado por activistas procedentes de diferentes CDR. Los sospechosos impulsaron una “organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”. Entre sus planes se encontraba ocupar el Parlament de Cataluña y defenderlo posteriormente, según las pesquisas.
No todos los miembros de los CDR podían sumarse al ERT, según el ministerio público. En esta célula desembarcó un “grupo reducido de individuos”, caracterizados por una “gran radicalidad”. “La creación de este equipo viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a ‘la causa’, habiéndole sido encargada la realización de las acciones más sensibles”, detalla el escrito de acusación, que añade: “Los acusados, todos ellos, comparten activismo radical. Su objetivo final como organización era conseguir la independencia, empleando para ello la violencia en su máxima expresión y forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España”.
“Aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia en los CDR, se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo a un nivel superior”, incide el fiscal, que señala a Ferrán Jolis, “perteneciente al CDR de Santa Perpetua de la Mogoda y destacado miembro de la Comisión territorial del Vallés Occidental”, como “el iniciador del ERT”. Según las pesquisas, este Equipo de Respuesta Técnica contaba con su propio “centro de coordinación” y, entre otras acciones, se le achaca el lanzamiento de una “gran cantidad de aceite” en la carretera C-55 el 1 de febrero de 2019, por donde debía pasar ese día la comitiva que trasladaba a Madrid a nueve de los políticos presos que se encontraban acusados en el juicio del procés.
El sumario también recoge indicios de que los miembros del ERT llegaron a crear “dos laboratorios clandestinos” —“instalados en dos domicilios particulares”— para fabricar “explosivos o sustancias incendiarias”, con la intención de utilizarlos “contra objetivos previamente seleccionados”. Por ejemplo, según la instrucción judicial, Eduardo Garzón era uno de los acusados encargados de “coordinar las labores de elaboración de la sustancia denominada Termita”, así como de la “obtención del material y la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades de la organización”.
En ese aspecto ahonda, precisamente, el escrito de acusación. Germinal Tomás “realizó la compra y la búsqueda de las sustancias o elementos necesarios para su fabricación, realizando pruebas con dichas sustancias y otros artefactos en el domicilio de Alexis Codina”, describe el ministerio público. Según subrayó el juez instructor, Manuel García-Castellón, los agentes les intervinieron archivos sobre “terrorismo casero”, incluido un manual que detalla “pormenorizadamente el proceso de fabricación de diferentes artefactos explosivos y sus componentes en diferentes fases”. Así describe el fiscal ese documento: “Se trata de un compendio de otras dos obras de referencia en el mundo terrorista y anarquista: The terrorist Handbook2 y The anarchist’s cookbook. Contiene un completo manual en el que se detalla, pormenorizadamente, el proceso de fabricación de diferentes artefactos explosivos y sus componentes en sus diferentes fases, desde la adquisición de los materiales necesarios, la mezcla y fabricación de las sustancias explosivas, hasta los sistemas de ignición o métodos para el lanzamiento de los mencionados explosivos. En el mismo se especifican los productos, de uso cotidiano, de los cuales se pueden adquirir los componentes químicos necesarios para la fabricación casera de artefactos explosivos”.
Esta causa, bautizada como Operación Judas, se dirigió en un principio contra 13 personas, pero se archivó contra una de ellas por enfermedad. La Guardia Civil arrestó en septiembre de 2019 a nueve de los sospechosos (siete de los cuales entraron en prisión provisional, aunque después la Audiencia Nacional los fue dejando en libertad) y las pesquisas se ampliaron posteriormente a otros cuatro imputados.