El Gobierno abre la brecha de la amnistía con la idea de que no será la que pedían los independentistas

Zapatero despliega la argumentación de defensa del perdón mientras el Ejecutivo sigue negociando

José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, en un acto en marzo de este año.JUAN BARBOSA

No hay ninguna duda en el PSOE de la importancia de José Luis Rodríguez Zapatero como máximo defensor de la coalición progresista y de Pedro Sánchez. El ex presidente, que en el pasado se enfrentó internamente con dureza al actual líder del PSOE, fue decisivo en la última campaña electoral, en la que frente al silencio de Felipe González, el otro socialista que llegó al máximo poder en España, desplegó en 22 entrevistas y varios mítines un apoyo cerrado a...

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No hay ninguna duda en el PSOE de la importancia de José Luis Rodríguez Zapatero como máximo defensor de la coalición progresista y de Pedro Sánchez. El ex presidente, que en el pasado se enfrentó internamente con dureza al actual líder del PSOE, fue decisivo en la última campaña electoral, en la que frente al silencio de Felipe González, el otro socialista que llegó al máximo poder en España, desplegó en 22 entrevistas y varios mítines un apoyo cerrado a Sánchez que animó mucho a su electorado. Ahora, cuando llega el momento de máxima dificultad de la negociación para la investidura, en la recta final, y cuando el Gobierno mantiene un cerrojazo informativo casi absoluto que no le permite defender con claridad la amnistía, Zapatero vuelve al ruedo de las entrevistas para preparar el colchón argumental frente a sectores progresistas desconcertados ante la falta de explicaciones. Ayer empezó en Onda Cero con una defensa cerrada de la constitucionalidad y de la oportunidad política de la amnistía. “Estoy a favor de la amnistía. (...) La amnistía no es inconstitucional, y eso, si hay amnistía, lo dirá el Tribunal Constitucional”, insistió.

Zapatero no actúa por libre, su aparición está coordinada con La Moncloa, que ya estaba preparando esta fase con el ex presidente desde hace semanas, según fuentes del Ejecutivo, y abre brecha con un argumento relevante para salvar uno de los principales problemas de la amnistía: la hemeroteca en la que tanto Sánchez como varios de sus ministros dijeron que no se podía hacer porque era inconstitucional. Según Zapatero, en un argumento que avalan en privado en el Gobierno aunque Sánchez aún no lo ha usado, el presidente, cuando decía que era inconstitucional, se refería a la amnistía que estaban pidiendo los independentistas y que registraron en el Congreso y fue tumbada por un duro informe de los letrados. “Creo que Sánchez [cuando decía que era inconstitucional] se refería al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas”, ha asegurado Zapatero.

Esa amnistía estaba basada en la idea de que los independentistas no habían cometido ningún delito porque “el derecho de autodeterminación se entiende como un principio fundamental de los derechos colectivos de los pueblos”, que es la primera frase que figura en la exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía que registraron en 2021 los independentistas en el Congreso. Esa norma, sobre todo con aquella larguísima exposición de motivos en la que se justificaba democráticamente todas las actuaciones alrededor del procés y se desautorizaba por tanto la actuación judicial posterior, era inconstitucional de todo punto, según explicó Zapatero en público y detallan fuentes del Gobierno en privado.

Pero la que está negociando el PSOE con ERC y Junts es completamente diferente. Los socialistas rechazan de plano el derecho de autodeterminación, que en su opinión no cabe de ninguna manera en la Constitución, y por tanto están negociando una exposición de motivos en que se argumente la oportunidad política de la amnistía por el interés general, para cerrar de una vez las heridas del procés y encauzar el conflicto político, pero sin justificar lo que hicieron los independentistas. Los socialistas intentan convencer a ERC y Junts de que lo ideal, para garantizar que la norma no tenga problemas en ninguno de los filtros judiciales y también para armarla políticamente, sería que se dejara clara en la exposición de motivos una renuncia a la unilateralidad, un reconocimiento de que las cosas se hicieron muy mal en 2017 y no hay intención de repetir el error.

Pero después de dos meses de negociaciones, llegar hasta ese punto, con Carles Puigdemont insistiendo públicamente este fin de semana en que nunca renunciarán a la unilateralidad, parece una quimera, así que lo que está encima de la mesa ahora es negociar una exposición de motivos más genérica que no entre tanto al detalle para evitar que eso pueda romper la negociación. En cualquier caso en esa parte explicativa del texto legal, decisiva en esta negociación, sí habrá que dejar claro por qué se rompe el principio de igualdad que sanciona la Constitución —la idea de que todos somos iguales ante la ley— y por qué hay que perdonar en concreto estos delitos en aras del interés general. Es algo que los constitucionalistas consultados por el Gobierno no ven inviable, pero sí insisten en que requiere una explicación jurídicamente intachable.

Zapatero, que fue profesor de Derecho Constitucional, insistió este lunes en que la Carta Magna admite una amnistía, aunque no la contemple expresamente, como lo hacen todas las constituciones de los países occidentales del entorno español, en los que ha habido muchas amnistías, buena parte de ellas más delicadas que la del procés porque implicaban delitos de sangre, aunque ha insistido en que hay que argumentarla muy bien como algo excepcional. “Debe estar motivada, amparada y justificada adecuadamente. Ese es el debate concreto que tenemos que tener”, ha insistido el expresidente socialista. Y es justo ahí donde está la negociación y a lo que más vueltas le está dando el Gobierno en privado, a pesar de su silencio en público.

Pero sobre todo se concentró en la entrevista radiofónica de este lunes en la argumentación política, porque Zapatero cree que remataría el proceso iniciado con los indultos y permitiría dejar atrás el procés y buscar una solución al conflicto político. El exmandatario recordó que España lleva 200 años a cuestas con el problema catalán, que ya implicó una amnistía en 1936, al president Lluis Companys, condenado a 30 años por rebelión por haber declarado en 1934 el Estado catalán dentro de la república española. E insistió en que el PP no plantea “una alternativa”, mientras el PSOE ofrece soluciones y ahora además ha logrado ser la primera fuerza política en Cataluña. La amnistía, para el ex presidente, es un paso más para acabar definitivamente con el procés.

“La autodeterminación no es compatible con nuestro programa, la amnistía, sí”, ha justificado el ex presidente. “La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras, de hecho ha habido decenas de amnistías desde la II Guerra Mundial. No hay ningún país occidental, europeo, democrático, que haya renunciado a la amnistía. En unas figura en la Constitución, y en otras, no. Y, por tanto, fíjese en la reflexión, más allá del procés: ¿por qué España va a renunciar a tener esa institución ante una eventualidad, ante una circunstancia?, ¿por qué vamos a decir que no cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en los ordenamientos democráticos que reconocen la división de poderes, el principio de igualdad, pero que contemplan situaciones excepcionales?”, ha explicado.

Zapatero se ha preguntado si ha habido en la trayectoria democrática de España alguna situación más excepcional que la vivida en octubre de 2017, después del golpe de Estado del 23-F. “No”, se ha respondido. “Es la más excepcional, la más grave y la que más ha afectado a nuestra estabilidad, a nuestra convivencia”, ha añadido. El expresidente socialista también ha incidido en que, después de que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución y tomara el control de la autonomía, las fuerzas independentistas volvieron a tener los mismos apoyos. Y ahora mismo siguen gobernando la Generalitat y tienen mayoría en el Parlament. Por tanto, hay que buscar un acuerdo político, asegura, para mejorar la convivencia.

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