El Gobierno tramita los indultos a nueve condenados del ‘caso ERE’ un año después de que lo pidieran

El Gobierno está tramitando los indultos solicitados por los condenados por el caso ERE, que pidieron hace un año la medida de gracia. El Ministerio de Justicia ha reclamado a la Audiencia de Sevilla que emita los informes sobre la situación de los penados por este fraude, preceptivos para la eventual concesión del perdón, según ha adelantado el diario Abc. Nueve excargos socialistas de la Junta de Andalucía, incluido el expresidente...

El Gobierno está tramitando los indultos solicitados por los condenados por el caso ERE, que pidieron hace un año la medida de gracia. El Ministerio de Justicia ha reclamado a la Audiencia de Sevilla que emita los informes sobre la situación de los penados por este fraude, preceptivos para la eventual concesión del perdón, según ha adelantado el diario Abc. Nueve excargos socialistas de la Junta de Andalucía, incluido el expresidente José Antonio Griñán, solicitaron hace un año el indulto, una medida que varía en su duración. Por ejemplo, para los condenados por el procés el perdón del Gobierno se demoró un año y medio.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que fue la que impuso las penas por este caso en noviembre de 2019, ha abierto ya expedientes de cada caso, con lo que da respuesta a una comunicación de Justicia en la que se informa de que los indultos están en tramitación. Además de Griñán (cuyo ingreso en prisión quedó suspendido al estar en tratamiento por un cáncer), pidieron el indulto los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez; el ex director general Juan Márquez y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano.

Así, la Audiencia ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la tramitación de los indultos, a través de nueve providencias, una por cada uno de los solicitantes de la gracia. En los escritos, dictados el 28 de septiembre, la Audiencia pide a la Junta como perjudicada del proceso que indique “su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto” y le reclama a la Fiscalía que emita el preceptivo informe.

Además, Justicia les pide a los magistrados que adjunten la sentencia, la hoja “histórico-penal” de los condenados que han entrado en prisión, el tiempo que han pasado ya en la cárcel y sus informes de conducta como internos.

La titular de Justicia, Pilar Llop, ha destacado este lunes que su ministerio gestiona los indultos “de la misma manera que todos los demás” y que el caso ERE no supone ninguna excepción. “Cuando el Gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos, pero se tramitan igual que todos, y estos están en fase de tramitación como cualquier otro”, ha dicho. Los nueve condenados por el Tribunal Supremo a penas de malversación y prevaricación pidieron el indulto al Gobierno hace un año y el Ejecutivo ha movido ficha ahora para que se pronuncien sobre la medida de gracia el primer tribunal que los condenó, la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía como perjudicada.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se inclina por la posibilidad de que un Gobierno en funciones sí estaría habilitado para conceder o denegar indultos, dado que la Ley 50/1997 que regula las decisiones que puede adoptar, no excluye la medida de gracia. La última sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó en 2020 que el acuerdo del Consejo de Ministros que resuelve una solicitud de indulto “no tiene la entidad de los actos de orientación política que la Ley 50/1997 excluye expresamente del concepto de despacho ordinario de asuntos públicos”.

El alto tribunal admite que la resolución de un indulto puede responder a “una determinada política criminal”, pero carece de entidad para quedar excluida de sus decisiones, confirman varios juristas consultados. La ley limita la gestión del Gobierno en funciones al “despacho ordinario de los asuntos públicos”, entre los cuales se incluiría la potestad sobre los indultos.

En cualquier caso, con la investidura de Pedro Sánchez aún en el aire, la posibilidad de que el Gobierno en funciones deba decidir sobre si conceder o rechazar el indulto de los condenados en el caso ERE es remota, dados los tiempos habituales en las medidas de gracia, que probablemente retrasarían esta decisión sobre los ex altos cargos andaluces hasta finales de 2024 al tramitarse como nueve expedientes individuales.

En paralelo, en septiembre el Tribunal Constitucional rechazó la petición de seis condenados del caso de los ERE de Andalucía para suspender las penas de prisión que les fueron impuestas mientras se estudia el fondo de su recurso de amparo contra la sentencia condenatoria del Supremo.

Código ético del PSOE

La concesión final del indulto no parece a priori una decisión fácil para el Gobierno si finalmente la investidura de Pedro Sánchez llega a buen puerto. El código ético del PSOE impide “apoyar el indulto de cargos condenados por corrupción”. El artículo 8.1 de dicho reglamento subraya: “No proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción”.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha mostrado este lunes su rechazo a un posible indulto de los excargos de la Junta condenados por el caso de los ERE irregulares, que pese a la sentencia se siguen pagando. Gavira ha afirmado que tienen que cumplir “toda la pena” y “devolver cada céntimo de euro robado”, en una publicación en la red social X (el nuevo nombre de Twitter). “Se gastan el dinero de los andaluces en prostitutas y drogas, roban cientos de millones de euros y el Gobierno del autócrata (Pedro) Sánchez quiere librarles de la cárcel. ¡No tienen vergüenza ni la conocen!”, ha escrito Gavira.

De los condenados que han pedido el indulto, está fuera de prisión el expresidente Griñán porque el forense desaconsejó que ingresara debido al cáncer de próstata que padece. Tampoco entró en la cárcel el ex director general de Trabajo Juan Márquez, porque la Audiencia lo suspendió hasta que se tramitara el indulto, a lo que accedió el órgano judicial sevillano al ser su condena de tres años de cárcel.