Nené Barral vuelve a esquivar el banquillo: el juicio interminable al exalcalde contrabandista del PP

El alijo de medio millón de cajetillas que en mayo de 2001 segó la carrera política del gallego José Ramón Barral Nené, uno de los alcaldes más relevantes del PP en las Rías Baixas, se ha convertido en un viacrucis judicial interminable. No solo para el acusado, entonces regidor en Ribadumia (Pontevedra) y de 58 años, sino para varios jueces y fiscales que en el transcurso de estos 22 años se implicaron en la investigación. Hoy Barral tiene 80 años, lleva bajo la lupa policial d...

El alijo de medio millón de cajetillas que en mayo de 2001 segó la carrera política del gallego José Ramón Barral Nené, uno de los alcaldes más relevantes del PP en las Rías Baixas, se ha convertido en un viacrucis judicial interminable. No solo para el acusado, entonces regidor en Ribadumia (Pontevedra) y de 58 años, sino para varios jueces y fiscales que en el transcurso de estos 22 años se implicaron en la investigación. Hoy Barral tiene 80 años, lleva bajo la lupa policial desde los años ochenta y las pesquisas contra él por contrabando se han convertido en uno de los casos más antiguos de España. El juicio que empezó a andar el pasado año, ya entonces con al menos 15 años de retraso, se ha suspendido por cuarta vez este viernes. Y ha sido por un motivo inesperado: la delicada salud de Barral, acreditada por un informe forense que hace impredecible el punto y final de este intrincado proceso.

El político que a finales del pasado siglo encadenó cuatro mayorías absolutas en su pueblo de 5.000 habitantes ha sido también uno de los presuntos contrabandistas más investigados de Galicia y el que durante más tiempo ha logrado esquivar el acoso del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Este viernes no ha podido comparecer ante la Audiencia de Pontevedra por una grave enfermedad que por la Ley de Protección de Datos no ha trascendido. El tribunal le ha obligado a presentar un parte médico cada 10 días para conocer su evolución médica y poder encajar una nueva fecha de juicio.

Este nuevo traspiés en el caso se produce tras ganar la defensa del expolítico una primera batalla a la Fiscalía de Pontevedra. El tribunal anuló las grabaciones policiales, una de las principales pruebas de cargo para incriminarle en un delito de contrabando, cohecho y asociación ilícita. De hecho, el intento del fiscal de alcanzar un acuerdo con los ocho acusados fue rechazado de plano por estos porque, con la carga de la prueba en mínimos y con dilaciones indebidas tan evidentes, las defensas han considerado que este juicio se desmoronaba por sí solo.

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia ha intentado que la vista se celebrase en ausencia de Barral y que este fuese juzgado aparte, pero todos las defensas rechazaron la propuesta, incluido el fiscal y el abogado del Estado. Eso sí, estos últimos no han cambiado ni un ápice su escrito de acusación al considerar que la anulación de las escuchas no altera la tipificación de los delitos supuestamente cometidos por el exalcalde como supuesto jefe de una organización tabaquera, para el que solicitan una condena de 10 años de prisión y 15,3 millones de euros de indemnizaciones.

Ante unos hechos delictivos que se remontan a casi 30 años y con un banquillo de acusados llamativamente envejecido, el proceso sigue acaparando expectación. La investigación comenzó con 43 imputados y quedó el número reducido a 12 -tras cuatro fallecimientos-, entre ellos un aduanero y un guardia civil. El asunto arrancó por un alijo de droga que nunca pudo acreditarse. Las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, donde se esperaba encontrar una parte de la fortuna oculta de Barral, fracasaron completamente y dilataron el proceso más de una década.

El hecho de que en febrero pasado, cuando arrancó el juicio, la Sala declarase nulos los pinchazos telefónicos que recogían las conversaciones de Barral en el despacho de la alcaldía supuso una vuelta de tuerca a este complicado asunto. La decisión judicial desmontó la acusación de que el regidor daba instrucciones a sus lacayos desde su despacho y de que controlaba tanto los supuestos desembarcos de tabaco como el pago a sus espías uniformados, esos que presuntamente le informaban de los movimientos de los aviones y barcos de Aduanas para poder evitar los abordajes por sorpresa.

La investigación contra Barral se ha afanado en desmontar la doble vida que supuestamente llevaba el alcalde del PP en pleno apogeo de su carrera política. Entonces era uno de los regidores más influyentes y había logrado emplear a más de un centenar de sus fieles votantes en la Diputación de Pontevedra, entonces gobernada por su partido. La Fiscalía le atribuye a Barral la operativa de dos pesqueros y un buque mercante que introducían tabaco que llegaba en contenedores a Europa. El fiscal sostiene que en 1997 ya introdujo 1,17 millones de cajetillas desde Senegal, con un valor de 2,2 millones de euros, y que tenía conexiones en EEUU y Golfo Pérsico para el embarque de cargamentos.

El revés judicial para la acusación en el interminable proceso contra Barral no evitará que la Fiscalía de Pontevedra siga intentando salvar el asunto. Y eso que el que fuera principal responsable de la investigación, jefe territorial del Servicio de Vigilancia Aduanera y testigo de cargo de la acusación, falleció el pasado año. Con todo, la Fiscalía sostiene que hay margen para actuar con garantías procesales y no descarta recurrir la nulidad de los pinchazos una vez que se dicte sentencia.

El exalcalde del PP siempre ha negado los cargos que truncaron su cuarta mayoría absoluta y por los que tuvo que dimitir. La impugnación de los pinchazos solicitada por su abogada ha tenido un efecto dominó para el resto de las defensas de los 12 acusados. La letrada Carmen Ventoso planteó que la investigación ha sido “prospectiva”, con escuchas a más de 100 teléfonos de unas 70 personas y durante dos años. Fueron autorizadas al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) por el juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía, que entonces dirigía el juez José Antonio Vázquez Taín. Y aquel alijo de cocaína que se perseguía derivó en otro de tabaco que llegó a Vigo entre palés de madera contrachapada.

Arrestado junto a su hermano

En la primera sesión del juicio, en septiembre de 2022, en la que se plantearon las cuestiones previas, todos los abogados argumentaron que los delitos están ya prescritos. El asunto se enredó además con otra causa anterior abierta por la Audiencia Nacional y se llegó a plantear incompetencia de jurisdicción para juzgar la causa en Galicia. La defensa del exalcalde rechazó que Barral haya cometido un delito de contrabando o de cohecho alegando que los cuatro contenedores en tránsito incautados con cajetillas de la marca Magnum Especial, que solo se vendían en el Reino Unido, no llegaron a salir de la Zona Franca del puerto de Vigo, cuando todavía había posibilidad de declarar la mercancía.

Barral fue detenido en su chalé de Ribadumia la mañana del 14 de mayo de 2001 por agentes de Aduanas que llevaban desde la década de los años ochenta vigilando sus movimientos. Casi al mismo tiempo, también era detenido su hermano Feliciano, entonces presidente de la ejecutiva local del PP. La caída de los hermanos Barral sacudió los cimientos del partido en el que habían militado con las siglas de AP. Barral tuvo que dimitir, convencido de que lo habían traicionado desde La Moncloa, donde su paisano Mariano Rajoy ostentaba la vicepresidencia primera del Gobierno de Aznar.

A lo largo de todo este tiempo el fiscal ha descrito una doble vida de Barral salpicada de intrigas, traiciones y filtraciones, todas ellas reflejadas en una investigación que comenzó en 1996, un año después de morir su mentor, el empresario Vicente Otero, Terito, considerado el padre del contrabando gallego y también miembro destacado de PP. Barral daba órdenes supuestamente desde su teléfono de la alcaldía y recibía filtraciones desde la misma sede del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en A Coruña a cambio de suculentas cantidades de dinero. La información que estos funcionarios presuntamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia llegó incluso a suspender dos operaciones programadas por la organización en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusación. El ministerio público sostiene que Barral lidiaba con una extensa organización integrada por ciudadanos portugueses, holandeses, croatas, suizos, británicos, polacos y griegos, además de las conexiones que la red tenía en Norteamérica y el sultanato de Omán para el embarque y tránsito de los alijos.