Un juzgado investiga a una fundación por el desvío de fondos públicos para el cuidado de menores migrantes

Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a la fundación Respuesta Social Siglo XXI de desviar supuestamente el dinero público que recibió del Gobierno de Canarias entre 2020 y 2022 para atender y formar a los miles de menores migrantes no acompañados llegados en lo peor de la crisis migratoria. El escrito recoge acusaciones de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos contra la entidad, que percibió 12,51 millones de euros del Ejecutivo autónomo en aquellos años, y contr...

Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a la fundación Respuesta Social Siglo XXI de desviar supuestamente el dinero público que recibió del Gobierno de Canarias entre 2020 y 2022 para atender y formar a los miles de menores migrantes no acompañados llegados en lo peor de la crisis migratoria. El escrito recoge acusaciones de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos contra la entidad, que percibió 12,51 millones de euros del Ejecutivo autónomo en aquellos años, y contra cuatro de sus directivos. El escrito menciona que los directivos gastaron dinero de la fundación para pagar noches en hoteles de cuatro estrellas; pastillas para la disfunción eréctil y cuidados faciales de más de 1.500 euros.

Entre septiembre de 2019 y finales de 2021, arribaron a las islas por vía marítima más de 61.000 personas. Y al igual que sucediera durante la crisis de los cayucos en 2006, este drama humano pilló completamente desprevenido al Gobierno central, que permitió que miles de personas acabasen hacinadas a la intemperie en el muelle de Arguineguín (Mogán, Gran Canaria). En cuestión de meses, el archipiélago pasó de acoger a unos 400 niños y adolescentes a casi 3.000 —esta cifra asciende actualmente a 2.126, según los fatos oficiales—.

La solución de urgencia del recién estrenado Ejecutivo autonómico de Ángel Víctor Torres (PSOE) fue improvisar a toda prisa una treintena de centros de acogida. Su gestión se encomendó a seis organizaciones sin ánimo de lucro: Mundo Nuevo, Samu, Quorum, Coliseo y Oportunidades de Vida y la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, una entidad radicada en Madrid que llegó a asumir diez dispositivos en Gran Canaria y Lanzarote. Recibió para esta misión 12,51 millones de euros del total de 136,9 millones de dinero público que el Ejecutivo canario gastó en la atención y formación de menores entre 2020 y 2022, según la querella presentada a finales de mayo por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue adelantada por el rotativo local Canarias 7: 95 euros por menor y día; 72 euros, si la plaza estaba desocupada.

Pero esta participación de la Fundación está lejos de haber tenido fines altruistas, según el fiscal Javier Ródenas, quien acusa tanto la sociedad como cuatro de sus directivos de buscar un enriquecimiento ilícito cometiendo delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos por su gestión en cinco de estos centros. El Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria tramita ya la denuncia.

Mientras los gestores y la organización cometían supuestamente pasaban noches de hotel y se sometían a tratamientos faciales con fondos del Gobierno, los menores, a quienes estaba destinado este dinero, malvivían en centros que presentaban un “lamentable” y “alarmante estado de deterioro”, sin actividades o tareas de formación adecuadas, subraya el fiscal.

La querella del fiscal Ródenas asevera que fallaron los controles del Gobierno de Canarias, y apunta que el Ejecutivo desplegó un “deficiente, opaco, y poco riguroso control de la gestión económico-financiera de las partidas presupuestarias”. El Gobiernose personará en la causa abierta, al considerarse parte afectada, según ha explicado la consejera en funciones de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos). Santana recalca “la situación excepcional” que se vivió a principios de la década, y que esta crisis, “que provocó la tramitación de los contratos, acogiéndose al procedimiento de emergencia, se ha prolongado en el tiempo y persiste”. “Llegaremos al final de este asunto, porque no hay nadie más interesado en aclararlo que este Gobierno y esta consejera, que, en todo momento, solo ha perseguido el bienestar de estos niños y niñas”.

Retiradas de cajeros y pagos con tarjeta

La querella de la Fiscalía recoge un prolijo recuento de acciones destinadas al “enriquecimiento personal y/o disfrute particular” de los acusados. En un primer momento, la Fundación transfería parte del dinero recibido del Gobierno a las cuatro cuentas de los directivos. Tras el cierre de estas cuentas por parte de la entidad bancaria, la organización abrió otras de forma oficial y habilitó a los investigados para que dispusieran de los fondos.

Llama la atención de los investigadores que la mayor parte de las operaciones (superior al 70%) sean extracciones de cajeros automáticos, más difíciles de trazar. Tampoco ayuda al esclarecimiento la documentación aportada por la Fundación, que asegura en un comunicado haber sido “parte activa y colaboradora” en la investigación de la Fiscalía. “No solo ha respondido a los requerimientos remitidos, sino que ha aportado justificación y soporte documental de todos y cada uno de los gastos que han sido satisfechos con las transferencias que eran realizadas por la Fundación a los directores de los Centros de Menores”, asevera.

La Fiscalía lo niega. En su opinión, “un volumen significativo” de los comprobantes carecen de “calidad probatoria”, por la baja calidad del escaneo o por presentar “tantos y tan variados defectos de forma e irregularidades”. Muchos de ellos, son simples papeles firmados por los monitores sin validez alguna. Otros se utilizan en dos y tres semanas de justificación diferentes, “logrando que el importe sea sumado corno gasto del centro en dos o tres ocasiones”.

Más llamativos resultan, con todo, los pagos efectuados con tarjeta. Por ejemplo, los de María de los Ángeles Barroso. La acusada diplomada en Educación Social, es la exsecretaria y tesorera del comité ejecutivo de Vox en la provincia de Las Palmas. Durante la crisis migratoria, esta fuerza política no dudó en usar el drama migratorio en su provecho y alentar las manifestaciones xenófobas de la población de Mogán (donde se ubica el muelle de Arguineguín) para amedrentar migrantes. En este sentido, al menos tres extrabajadores del centro aseguraron en 2021 a eldiario.es que la acusada profería comentarios “racistas” a los niños. Los investigadores de la UDEF detectaron que Barroso, extrajo de cajeros casi 40.000 euros y que, además, cargó a la tarjeta de la asociada a la cuenta de la Fundación un pago de 1.500 euros correspondiente a tratamientos de belleza y otros 1.113 euros en facturas de varios restaurantes de la ciudad.

También se produjeron supuestos tratos vejatorios en el complejo Puerto Bello, en Puerto Rico (sur de Gran Canaria), un agujero que “ni reunía unas condiciones óptimas para residir, ni el personal educativo se encuentra cualificado ni preparado para atender a los menores”, según la querella. El dispositivo se cerró en junio de 2021. Un año después, la Fiscalía se querelló contra sus responsables por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves.

Llamativo es lo sucedido en el centro Acorán, un inmueble situado en un barrio residencial en la periferia de Las Palmas de Gran Canaria no apto para albergar menores por el que se llegaron a pagar unos “obscenos” 35.000 euros mensuales. Su director, Francisco Pérez Romero, presentó gastos de 20.288 euros en combustible, lo que, según los cálculos de la investigación, implicaría llevar a cabo recorridos de 1.200 kilómetros diarios. Resulta una cifra sorprendente, toda vez que Gran Canaria apenas ocupa un diámetro de apenas 47 kilómetros.

El dispositivo de La Santa (en el municipio lanzaroteño de Tinajo) recibió 6,1 millones del Cabildo insular entre 2019 y 2022. Su director dispuso en cajeros de 290.280 euros. Además, compró con su tarjeta, entre muchos gastos fuera de toda lógica, productos tan poco aptos para el consumo infantil como tabaco marca Chesterfield, o viagra genérica para tratar la disfunción eréctil. El 35% del gasto del dispositivo se lo llevó el hermano del director del centro Acorán: se le pagaron 199.801 euros entre 2019 y 2021 por gastos de limpieza, higiene y alimentación. Su negocio era apenas una pequeña frutería, que ya ha traspasado.