Crimen perfecto en Vigo: un tiro en la nuca sin culpable y una familia bajo sospecha

Hay móvil, hay sospechosos, pero todo indica que nunca habrá un culpable. El 2 de abril de 2004, el empresario y asesor Manuel Salgado Fernández, de 56 años, fue hallado muerto con un disparo en la nuca en su plaza de garaje de la calle Rosalía de Castro, en el centro de Vigo (Pontevedra). Lo que parecía un caso fácil de resolver ha pasado a los anales del crimen perfecto por falta de pruebas y quizá también por una “de...

Hay móvil, hay sospechosos, pero todo indica que nunca habrá un culpable. El 2 de abril de 2004, el empresario y asesor Manuel Salgado Fernández, de 56 años, fue hallado muerto con un disparo en la nuca en su plaza de garaje de la calle Rosalía de Castro, en el centro de Vigo (Pontevedra). Lo que parecía un caso fácil de resolver ha pasado a los anales del crimen perfecto por falta de pruebas y quizá también por una “deficiente” investigación policial, según el juez instructor. Al borde de la prescripción, que llegará cuando se cumplan 20 años del suceso en 2024, y sin haberse despejado las principales incógnitas, el magistrado Juan Carlos Carballal ha archivado la causa con la convicción de que Salgado fue asesinado por motivos económicos y poniendo bajo sospecha a familiares directos de la víctima. “La hipótesis policial sigue considerando que los autores del homicidio se encuentran, directa o indirectamente, en el círculo familiar más próximo a la víctima”, señala el auto.

Las “turbulentas relaciones familiares” que destaparon las pesquisas marcaron la última década de vida de Salgado, a raíz de su separación en 1996. Los hijos y la exmujer estaban enfrentados a causa de unos pleitos sobre el reparto de negocios y bienes tras el divorcio. El sumario señala que el hombre “se sentía vigilado” y “temía por su vida”, por lo que vivía con su hermana, el marido de esta y sus dos sobrinos, acusación particular en este caso lleno de “incongruencias”, según admite el instructor.

La investigación policial fue “especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico”, critica el juez, “quizás por haber desplazado a algunos de los funcionarios más competentes adscritos a la comisaría de Vigo para ser sustituidos por otros procedentes de unidades centrales con total desconocimiento de la zona”. El magistrado Juan Carlos Carballal reabrió en noviembre de 2021 el caso, que había sido archivado en 2006, pero ahora reconoce que “el paso del tiempo ha impedido solventar” los “muchos cabos sueltos” de las pesquisas, privadas de “mucha información policial” por los cambios en los efectivos. Los nuevos testigos llamados a declarar han ofrecido versiones “que en nada han ayudado a resolver tales incertidumbres”, añade.

El informe forense situó la hora de la muerte entre las 8.15 y las 8.50, cuando un individuo solo o en compañía de otros le descerrajó al empresario un tiro certero con un arma del calibre 22 cuando acababa de aparcar su coche. No hay testigos, nadie vio ni escuchó nada sospechoso. Junto al cadáver se hallaron tres colillas y papeles desperdigados que llevaba la víctima con fragmentos de pisadas que no dieron pistas. Sin embargo, se descartó un robo, ya que Salgado tenía su reloj, una cadena con medalla de oro en el cuello y su cartera, con 65 euros y monedas. Lo más sorprendente para los investigadores fue que no aparecieran ni las llaves del vehículo ni su teléfono móvil.

La hipótesis de que el crimen había sido planificado surgió cuando un usuario del garaje entregó un cartucho que había encontrado días antes en el aparcamiento. Se lo había quedado hasta que conoció la noticia del asesinato. Los análisis balísticos revelaron que era del mismo calibre que el que acabó con la vida del empresario y disparado con la misma arma: “Surge la duda de si este crimen fue o no cometido por un profesional por encargo, ya que semejante descuido de dejar abandonado un cartucho percutido y usar luego la misma arma para cometer el crimen y la misma munición no parece acomodarse al perfil de un sicario”, escribe el juez.

Además, por la posición del cadáver y la ubicación de los cartuchos, la policía se convenció de que la víctima había visto a su asesino y que lo conocía. Esta conclusión se deduce de que Salgado no intentó huir, sino meterse en el interior de su vehículo, intentando esquivar una discusión “similar a como se había comportado en situaciones previas que había sufrido”, expone el magistrado.

A medida que avanzaron las pesquisas, se acumularon los testimonios que apuntaban a que la víctima temía por su vida y que el pasado familiar era clave. El juez vincula el homicidio “con personas cercanas a su ámbito familiar”. Horas después del crimen se produjeron las dos únicas detenciones que ha habido en esta causa: la exesposa de Salgado y su pareja. Ella era directora de un colegio privado en el municipio vecino de Mos del que era copropietaria con su marido, y él tenía un comercio de alfombras cerca del centro. Sin embargo, varios testigos confirmaron sus coartadas y ambos quedaron en libertad. En 2006, dos años después, la entonces jueza instructora archivó provisionalmente la causa por falta de pruebas.

Los dos sobrinos de la víctima lograron reactivar las investigaciones y ahora también han recurrido el auto de archivo. Pidieron asesoramiento judicial al despacho de criminólogos de Madrid Balfagón y Chippirrás, que tras analizar el caso presentó un informe solicitando la práctica de hasta 60 diligencias, como algunas pruebas que no se cotejaron, y la declaración testifical del hijo de la víctima, que nunca fue interrogado. Ambos criminólogos y portavoces de la familia lamentan las lagunas que deja el sumario. “A los policías les perdió la confianza, pensaron que iban a resolverlo enseguida, pero estamos igual y sin avances, con una enorme frustración, tanto para los familiares como para los abogados”, afirman Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás. “Los presuntos homicidas tienen derechos, pero también las víctimas, y con una espada de Damocles como es la prescripción en este país es aún más complicado”, subrayan.

El auto de archivo define como “curioso, y sin una explicación lógica” el hecho de que el hijo de la víctima, abogado de profesión y que hoy es el gerente del colegio de propiedad familiar, hubiese intervenido en esta causa como letrado defensor de la pareja de su madre. Este movimiento lo exoneró de declarar, pese a estar en el punto de mira, como supuesto conocedor de los hechos.

Deudas, vigilancias y amenazas de muerte

Los excónyuges llegaron a cruzarse denuncias por supuestas amenazas de muerte y altercados entre ambos con lesiones. Manuel Salgado llegó a solicitar la protección policial. En el origen de estas desavenencias está una sentencia de la Audiencia de Pontevedra de 2001, confirmada por el Tribunal Supremo, en la que la mujer del fallecido fue condenada a dos años y medio de prisión por unas escuchas telefónicas hechas a su marido por una agencia de detectives. Ella alegó que su intención era averiguar si el empresario le era infiel. Solicitó el indulto, pero le fue denegado porque su ex se negó a perdonarle. Finalmente, evitó la prisión al conseguir que le conmutaran la pena.

Otro hecho posterior que policialmente se ha interpretado como detonante del homicidio es el pleito civil que se resolvió con sentencia firme mes y medio antes del homicidio. Se condenó a la mujer a devolver a su exmarido unos cuantiosos bienes que había recibido mediante una escritura notarial por la compraventa del colegio del que era directora, que fue declarada nula. La víctima había transmitido ese patrimonio en 1996 bajo la condición de que ambos reanudaran la vida conyugal, pero ella presentó una demanda de separación, por lo que tenía que pagarle 50.000 euros. El hombre falleció sin que se hubiera ejecutado la sentencia y sin cobrar esa suma.

La defensa de la exmujer de Salgado ha tratado de desacreditar los indicios policiales que apuntan al patrimonio a devolver como un móvil sólido. Ha incidido en que la víctima había desheredado a sus hijos dos años antes de morir y había nombrado heredera universal a su hermana. Sin embargo, tras la muerte de Salgado, sus vástagos impugnaron el testamento y dejaron en minoría, con un 33%, a quien era beneficiaria en un principio.