Así comenzó el secuestro de Maracena: “Ahora, cuando puedas, da la vuelta, que tenemos que hablar”
La víctima creyó al principio que era una broma pero, según contó al juez, todo cambió cuando el raptor sacó una pistola y la intentó meter en el maletero
La mañana del pasado 21 de febrero, Pedro Gómez cruzó un paso de cebra a 50 metros del Granada College, el colegio donde estudiaban las dos hijas de la concejala socialista de Maracena (Granada, 22.293 habitantes, ciudad limítrofe con la capital) Vanessa Romero. Ella estaba a punto de cruzar por aquel paso de peatones cuando Gómez le hizo señales con la mano de que parara. Y ella lo hizo. Comenzó en ese momento el secuestro —técnicamente...
La mañana del pasado 21 de febrero, Pedro Gómez cruzó un paso de cebra a 50 metros del Granada College, el colegio donde estudiaban las dos hijas de la concejala socialista de Maracena (Granada, 22.293 habitantes, ciudad limítrofe con la capital) Vanessa Romero. Ella estaba a punto de cruzar por aquel paso de peatones cuando Gómez le hizo señales con la mano de que parara. Y ella lo hizo. Comenzó en ese momento el secuestro —técnicamente una retención ilegal, porque aparentemente no se pidió nada a cambio de la liberación― que supuso un par de horas de angustia para Romero.
Así queda patente en la declaración que la concejala hizo ante el juez unos días después, el 9 de marzo, y a cuyo vídeo ha tenido acceso EL PAÍS. En un principio, cuenta ella al magistrado, pensó que se trataba de una broma. Posteriormente, se dio cuenta de que aquello iba en serio. Gómez, el raptor, era entonces, desde noviembre de 2020, pareja de Berta Linares, alcaldesa socialista de Maracena. Apenas habían circulado unos cientos de metros, recapitula la víctima, cuando él sacó una pistola —que luego resultó ser falsa― y le dijo a Romero: “Ahora, cuando puedas, da la vuelta, que tenemos que hablar”. De este modo dio comienzo a las dos horas de angustia.
La declaración de la víctima ante el juez dura un par de horas, entre las 12.24 y las 14.24 de aquel jueves de marzo. El magistrado, tras pedirle que se identifique, le indica que comparece “como perjudicada y eso quiere decir que tiene obligación de decir verdad porque en caso contrario puede incurrir en un delito de denuncia falsa”. Aunque declara como perjudicada en un caso de retención ilegal, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Granada, dedica la primera hora a desbrozar las relaciones profesionales y personales entre quienes de un modo u otro aparecen en él y la documentación hallada en el vehículo de ella tras el secuestro. Estos papeles, según recoge un informe policial, consisten en “una serie de expedientes y documentos en los que ella ha podido detectar irregularidades y que ha sacado del Ayuntamiento tras ser despojada de la Concejalía de Urbanismo y ver sus claves municipales retiradas”.
El antecedente más relevante, a trazo grueso, de aquel secuestro es una relación personal muy tirante entre la alcaldesa y su concejala, derivada de la actividad política municipal y de partido. El secuestrador sigue en paralelo un tratamiento médico por una enfermedad mental que se está analizando si podría haber distorsionado su juicio en aquellos días. Las tiranteces entre la alcaldesa y su edil tienen su origen, por un lado, en un rápido ascenso político de la concejala que, súbitamente, se ve truncado por ser, según ella relata ante el juez, muy “tecnócrata” y reacia a hacer favores políticos o personales. Una segunda consecuencia de su caída en desgracia en el PSOE maracenero es que en el partido ya no contaban con ella para las listas de la pasada convocatoria electoral del 28-M. Mientras tanto, Romero había ido recopilando documentación de lo que ella consideraba eran irregularidades urbanísticas cometidas por el gobierno de Noel López, el alcalde anterior, y Linares, prima de López y alcaldesa tras dimitir este.
Esa documentación, así como las relaciones políticas y personales de la concejala, ocupan la primera hora de su comparecencia ante el juez. Ya en el segundo tramo del interrogatorio, la conversación gira hacia el secuestro propiamente dicho. Resulta manifiesta la intención del juez de comprobar si el secuestrador —en prisión provisional desde su detención aquella mañana a mediodía― le pidió algo a cambio de liberarla, hecho que marca técnicamente la distinción entre retención ilegal y secuestro.
Cuando ya estaban los dos en el vehículo y él sacó la pistola, Gómez le hizo una serie de recriminaciones a Romero sobre su actitud en el trabajo y con Linares. Aquel comportamiento, según el secuestrador, provocaba mucho malestar a la alcaldesa. El juez inquirió al respecto a la declarante: “Es una serie de reproches, pero no había una condición a exigirle nada a usted, ¿no? ¿En algún momento le pidió que usted hiciera algo, le puso alguna condición? ¿Tuvo la sensación de que quería asustarla para que no hiciera usted nada? [se refiere el juez al hecho de que la concejala no denunciara después esas presuntas irregularidades urbanísticas]”. La concejala respondió ante el juez: “En un principio eso pensé”, responde ella, implicando que, básicamente, el secuestrador no le pedía nada más que confirmación a los diferentes reproches que él iba sacando en la conversación. “Pero cuando me metió en el maletero, no”, continuó Romero. Se refiere a que ahí comenzó a sentir verdadero miedo por lo que pudiera ocurrir más adelante.
En su diálogo con el juez, la víctima atraviesa por todo tipo de estados de ánimo. La mayor parte del tiempo se muestra serena, aunque en ocasiones se viene abajo y llora. Explica los dos momentos más difíciles para ella y que, en el momento de la declaración, asegura que no se quita de la cabeza: cuando va conduciendo y el raptor saca la pistola y, luego, cuando este la mete en el maletero; “cuando me empujó la cabeza para meterme en el maletero y cierra este de golpe”, detalla.
Una vez que el secuestro estaba ya en marcha, Gómez la obligó a parar en un arcén para atarle las manos y pies con unas bridas. En un primer momento, la intentó meter en el maletero, pero ella forcejeó y su raptor la volvió a sentar en el vehículo. A partir de ahí comenzó una charla en la que él no paraba de echarle en cara a la concejala su actitud con la alcaldesa, entonces aún pareja suya, y ella le insistía en que no era nada personal: “Las dificultades con Berta son solo trabajo”; “dejo el acta”, insistía ella. En un momento Romero empezó a llorar y, “con enfado, con tono de rabia”, asegura la concejala de la actitud de Gómez, este le dijo: “Como lloras, así la he visto yo llorar a ella por tu culpa”.
Las siguientes dos horas transcurrieron con él conduciendo, ella metida ya en el maletero y el traslado con diversas paradas hasta la localidad de Armilla, a algo más de 20 kilómetros del lugar inicial del secuestro. Ya en un garaje en la localidad de Armilla, el secuestrador abandonó a su víctima atada en el maletero y él volvió, en metro, a Maracena. En ese tiempo, Romero consiguió liberarse de las bridas, empujar los asientos traseros de su coche y salir del vehículo para, finalmente, alcanzar la calle y recuperar su libertad.
Es precisamente en ese periodo de Gómez en Maracena donde ocurre otro de los hechos más controvertidos. Gómez acudió a la ferretería Bullejos, a la entrada de la ciudad, a comprar un cuchillo y cinta americana. Al salir, se encontró con Linares, la alcaldesa. El secuestro, aparentemente para él, seguía en marcha. En un pleno municipal tras los hechos, Linares dijo no haber visto en ningún momento aquella mañana a Gómez, pero las grabaciones de las cámaras de un salón de juegos junto a la ferretería lo desmienten. Según el auto estuvieron charlando seis minutos. Ella insiste en que públicamente lo citó por consejo de la Guardia Civil y con su conocimiento y el de su abogado. Ahora, el secuestro ha dado lugar a dos asuntos derivados: el TSJA ha abierto pieza separada para analizar la implicación en el secuestro de Noel López, Berta Linares y Antonio García Leyva, concejal de Urbanismo y miembro del núcleo duro de López y Linares y, por otro lado, también hay una nueva investigación sobre los posibles delitos urbanísticos sobre los que Romero llevaba documentación en el vehículo.