Los jueces y fiscales ultiman un acuerdo con el Gobierno para aceptar la subida salarial y evitar la huelga

El Gobierno ha entregado este martes a jueces y fiscales el documento con la propuesta completa de subida salarial para ambos cuerpos. La oferta económica se mantiene en las cifras que los ministerios de Justicia y Hacienda propusieron la semana pasada y que supone incrementos medios de casi 450 euros al mes, pero el texto detalla otros compromisos del Ejecutivo para ambas carreras, como reuniones mens...

El Gobierno ha entregado este martes a jueces y fiscales el documento con la propuesta completa de subida salarial para ambos cuerpos. La oferta económica se mantiene en las cifras que los ministerios de Justicia y Hacienda propusieron la semana pasada y que supone incrementos medios de casi 450 euros al mes, pero el texto detalla otros compromisos del Ejecutivo para ambas carreras, como reuniones mensuales de grupos de trabajo y anuales de la mesa de retribuciones para ir revisando los sueldos y los complementos variables a medida que entre en vigor las futuras leyes procesales, que supondrán un cambio en el funcionamiento de los tribunales.

Las asociaciones han quedado en contestar el próximo jueves, pero la impresión mayoritaria es que el acuerdo está cerca. La gran duda es cuántas de las siete asociaciones de jueces y fiscales lo firmarán y en qué medida puede influir eso en que haya o no huelga convocada por las asociaciones que no firmen. La atención está centrada en las dos mayoritarias: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV). La primera, según fuentes de la negociación, ha dejado claro en la mesa de retribuciones que no va a firmar el acuerdo. Pero esta asociación es la única que no ha aplazado el paro indefinido, sino que lo ha suspendido, por lo que tendría que decidir si convoca huelga en solitario o no. La AJFV, por su parte, se ha mostrado más abierta a firmar, aunque no dará una respuesta hasta el jueves. Las otras tres asociaciones que convocaron la huelga (Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales) son partidarias, en principio, de adscribirse al acuerdo que ofrece Justicia.

La subida salarial de ambos cuerpos se aplicaría en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondría que el Gobierno destine a los salarios de ambos cuerpos hasta 46,7 millones de euros más que ahora. Los jueces y fiscales verían incrementado su sueldo entre 440 y 450 euros brutos al mes, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia (431,01 de media al mes). El 100% de la subida se cobraría a partir del 1 de julio de 2024, pero ambos cuerpos empezarían a recibir en sus nóminas de forma inmediata un incremento salarial del 40% del total acordado. Esta subida tendría, además, efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, de manera que la cuantía acumulada hasta ahora (entre 1.700 y 1.800 euros) se abonaría en una paga en el mes de septiembre. A partir del 1 de enero de 2024 cobrarían ya el 80% del incremento acordado, y desde julio de ese año, el 100%.

Según el documento entregado por el Gobierno, la subida media ofertada supone un 7%, que se suma al incremento salarial del 8% pactado para todos los funcionarios públicos para los años 2022, 2023 y 2024, susceptible de alcanzar el 9,5% en función de la inflación. La subida se vincula a la adaptación de jueces y fiscales a las exigencias de las nuevas leyes procesales y la propuesta compromete también al Gobierno a ir negociando en los próximos meses temas que ahora no se han terminado de cerrar, como el aumento de la plantilla de ambas carreras, la carga de trabajo, el incremento de la retribución de guardias, trienios y otros complementos variables. En el caso de los fiscales, el Gobierno se compromete a revisar “a la mayor celeridad” otras cuestiones como el desdoblamiento de las fiscalías superiores de las comunidades autónomas uniprovinciales. Justicia y Hacienda se comprometen además a crear 100 nuevas plazas en 2023, “con inmediato reflejo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”, según recoge la propuesta, y un incremento equivalente en el ejercicio 2024. “Este esfuerzo se traduce, en términos económicos, en un montante total de aproximadamente de 10 millones de euros”, señala el texto del Gobierno.

Mientras la amenaza de huelga de jueces y fiscales se queda en suspenso, los funcionarios de la Administración de Justicia, que también reclaman subidas salariales, han mantenido este martes su undécimo día de paro. Coincidiendo con esta jornada, delegados sindicales de CSIF, STAJ, CC OO y UGT se han concentrado frente al Ministerio de Justicia. Hasta ahora, los funcionarios están manteniendo paros puntuales, pero a partir del próximo lunes, 22 de mayo, la convocatoria se hará indefinida. Los funcionarios exigen una mejora salarial de entre 350 y 430 euros que se llevaría a cabo a través del complemento general del puesto, una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen así como la negociación del contenido de las leyes de eficiencia que impulsa el Gobierno.