Feijóo endurece sus condiciones para renovar el Poder Judicial, en contra del criterio de Bruselas

Alberto Núñez Feijóo ha endurecido sus condiciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que Bruselas ha vuelto a urgir este mismo lunes a que se ponga fin al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatr...

Alberto Núñez Feijóo ha endurecido sus condiciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que Bruselas ha vuelto a urgir este mismo lunes a que se ponga fin al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años y medio con el mandato caducado. El líder del PP no se fía del Gobierno de Pedro Sánchez, aseguran fuentes de su entorno, así que, a diferencia de la última vez que negoció con el PSOE, ahora exige que la reforma de la ley que regula el método de elección de los vocales se apruebe previamente a renovar el CGPJ. “Nosotros queremos que la ley aparezca en el BOE”, precisan fuentes del entorno directo de Feijóo.

El año pasado, cuando el Ejecutivo y el PP negociaron la actualización del consejo ―aunque al final no fue posible un acuerdo― Feijóo aceptaba que primero se renovara el órgano, conforme a la ley vigente, y después se reformara la norma, en el sentido de que los jueces elijan de forma directa a 12 de los 20 vocales sin que medie participación política como ocurre en el sistema actual. El PP exigía entonces un compromiso por escrito del PSOE de que la ley se reformaría, pero lo importante era que aceptaba renovar con la ley vigente.

Ahora, sin embargo, el líder del PP cambia el orden de los factores. Primero quiere que se cambie la norma, y después, con esa nueva ley, que se renueve el consejo. Eso implica un cambio fundamental, porque en ese caso el PP y el PSOE no decidirían sobre la mayoría conservadora o progresista del nuevo consejo, ya que 12 de los 20 vocales serían nombrados directamente por los jueces. Los partidos solo tendrían capacidad para elegir a los ocho vocales restantes.

“Estoy a favor de una reforma inmediata de la ley orgánica del poder judicial y, en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ”, ha defendido este miércoles el líder del PP en un foro de Expansión.

Esta posición de Feijóo supone ir en contra del criterio expresado por el comisario de Justicia, Didier Reynders, este mismo lunes. El comisario reclama que primero se renueve el CGPJ actual, y después que se reforme el sistema. “Recomendamos proceder a la renovación del CGPJ. Es una prioridad e, iniciar inmediatamente después de la renovación, un proceso con el fin de adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos”, incidió el lunes el responsable de Justicia de la UE.

Ante ese choque con el criterio de Bruselas, fuentes de la dirección popular sostienen que pretenden explicarle al comisario que no es posible ese orden de los factores porque el Gobierno “ya engañó una vez al PP” cuando estaban negociando este asunto y el Ejecutivo pactó con ERC en paralelo una reforma del delito de sedición que para el PP era inasumible. Los populares argumentan también que el Gobierno ha incumplido de facto el pacto que en su día estaban negociando, al haber nombrado como magistrados del Tribunal Constitucional a un exministro y un alto cargo de La Moncloa, ya que en ese acuerdo figuraba que ningún magistrado podría haber participado en política en los cinco últimos años. El PP insiste, además, en que el Gobierno tampoco hace caso al comisario cuando se opone a cambiar el método de elección de los vocales.

Feijóo está dispuesto a abrir una nueva negociación con el PSOE si los socialistas apoyan la toma en consideración de la propuesta de ley del PP que se vota el martes que viene para reformar el sistema de elección del CGPJ. Ahora bien, el PP subraya que esa ley puede aprobarse en un mes y que el nuevo consejo tendría que nombrarse conforme a las reglas de la nueva norma. Feijóo vuelve así a la posición de su antecesor en el cargo, Pablo Casado, que tampoco fue capaz de llegar a un acuerdo con los socialistas.

El líder del PP deja en el aire, por otro lado, si también exigiría al Gobierno que rectificara la reforma del delito de sedición, el motivo por el que él decidió romper la última negociación con los socialistas. Fuentes de su entorno sostienen “no haberlo meditado” aún. Feijóo sí ha reiterado este miércoles que si llega al Gobierno reformará el Código Penal para restituir el delito de sedición y reponer las penas en el de malversación, al tiempo que derogará la Ley Trans y la Ley de Memoria democrática.

En todo caso, en la dirección popular reconocen que en el contexto electoral no albergan ninguna esperanza de que sea posible desbloquear el CGPJ.

El PP carga contra el presidente del Constitucional por la sentencia del aborto, que tacha de “la pegada de carteles de Conde Pumpido”

El PP ha cruzado una línea muy inusual al cargar por primera vez de forma directa contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por la sentencia que avala la ley de plazos del aborto en contra del recurso del PP. Fuentes de la dirección popular cuestionan que el texto del fallo se conociera este martes, a punto de que comience la campaña electoral de las elecciones del 28 de mayo, y acusan al presidente del tribunal de garantías de pretender influir en el resultado de los comicios. La sentencia “es la pegada de carteles de Conde Pumpido”, afirman fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

La fecha de aprobación de la sentencia se conoció hace un mes, tras la deliberación del recurso del PP donde ya se conoció el resultado de que el Constitucional avalaba la ley del aborto vigente. El fallo —que salió adelante por siete votos a favor (los de los magistrados del grupo progresista) y cuatro en contra (los del sector conservador)— rechazó el recurso presentado hace 13 años por el PP, pero el PP actual, presidido por Feijóo, ya había aceptado la ley de plazos. Los populares sugieren una deslegitimación del tribunal de garantías por la figura de su presidente y por el hecho de que el Gobierno nombrara como magistrados a un exministro y a una alto cargo de La Moncloa. El PP, no obstante, colocó en 2012 como magistrado a un diputado antiabortista del PP, Andrés Ollero, que luego redactó la ponencia sobre la ley del aborto (que al final nunca se debatió).