El Consejo de Europa insta a España a aprobar rápido la ley de vivienda

España debería aprobar “lo antes posible” la ley de la vivienda, ha afirmado este miércoles la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, para quien esta normativa, que se encuentra en proceso de tramitación en el Senado, constituye un paso en el buen sentido para atender con “urgencia” el problema “estructural” de vivienda de “grandes proporciones” que vive el país. Esta es una de las principales recom...

España debería aprobar “lo antes posible” la ley de la vivienda, ha afirmado este miércoles la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, para quien esta normativa, que se encuentra en proceso de tramitación en el Senado, constituye un paso en el buen sentido para atender con “urgencia” el problema “estructural” de vivienda de “grandes proporciones” que vive el país. Esta es una de las principales recomendaciones del informe de la comisaria de Estrasburgo tras su visita en noviembre a España, en el que además manifiesta su preocupación por las “desigualdades” y “precariedades” en materia de salud, especialmente en la atención primaria en comunidades como Madrid, además de la situación de los migrantes, sobre todo en Melilla.

“La vivienda no debería ser tratada como un bien asequible solo para algunos. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el completo disfrute de la mayoría de los demás derechos”, sostiene Mijatović, para quien la ley de la vivienda en proceso de aprobación aborda algunos de los principales escollos para garantizar el derecho social fundamental a una vivienda digna. Un derecho que se ha visto dificultado en España, entre otros, señala el informe, por las decisiones de “sucesivos gobiernos” en los últimos años de permitir a firmas de capital privado invertir en el mercado inmobiliario.

Para la comisaria, que se hace eco una vez más de forma especial de la situación de los habitantes sin acceso a luz de Cañada Real —sobre cuyo caso se ha pronunciado también el Comité de Derechos Sociales de la institución con sede en Estrasburgo—, resulta fundamental que las autoridades españolas “a todos los niveles, incluidas las comunidades autónomas y municipalidades”, se coordinen y actúen de forma conjunta para “garantizar el derecho a una vivienda asequible”. Algo que incluye, destaca, “el uso máximo de todos los recursos disponibles para atender el déficit de viviendas sociales, medidas adecuadas para regular el mercado inmobiliario privado para mejorar el acceso equitativo a viviendas asequibles y medidas de largo plazo para evitar y erradicar la situación de los sin techo”. Sobre este último punto, Mijatović recomienda además “considerar extender la suspensión temporal de desahucios de personas vulnerables” lanzadas durante la crisis de covid-19 al menos hasta que “se logre una solución más amplia y sostenible” para este sector social.

Preocupación por la “creciente privatización de la salud”

La comisaria de Derechos Humanos también manifiesta su preocupación por las “diferencias regionales” en materia de salud, especialmente de la atención primaria y la especializada, y destaca en su informe el “impacto negativo en el derecho a la salud que resulta de una creciente privatización del sistema sanitario”, sobre todo “en algunas regiones”.

El informe de Mijatović presta una atención especial a Madrid, donde, recuerda la comisaria, poco antes de su visita, del 21 al 25 de noviembre, miles de personas salieron a la calle para protestar por la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y reclamar “una sanidad 100% pública, universal y de calidad”. También destaca que, justo cuando llegaba a Madrid, los médicos de atención primaria y pediatras de los centros de salud de la capital comenzaron una huelga indefinida. “La comisaria entiende que Madrid es la región española que tiene el menor gasto per cápita en atención primaria, pese a ser la región con los ingresos per cápita más altos. El sindicato de médicos de Madrid [en referencia a la Asociación de Médicos y Titulado Superiores de Madrid, AMYTS] afirma que de cada dos euros gastados en sanidad en Madrid, uno acaba en el sector privado”, señala al respecto el informe.

Según el reporte final, España “debe hacer más para reforzar el acceso universal a una atención sanitaria pública de calidad” en todo el territorio. Algo que pasa, insiste, por corregir la “inversión insuficiente en atención primaria” y las “precarias condiciones de empleo” de los trabajadores de la salud, que se encuentran, en muchos lugares, “abrumados, exhaustos y dependientes de contratos de corta duración”. Para ello, llama a “respetar y proteger los derechos laborales de la fuerza laboral sanitaria”, mediante “medidas inmediatas” que garanticen su bienestar y seguridad laborales. “Esto incluye -subraya el informe- tomar todas las medidas para garantizar que son tratados con los niveles apropiados de dignidad y respeto, entre ellos mediante los términos de su situación contractual y seguridad en los ingresos”, entre otros.

La comisaria también insta a España a garantizar una salud sexual y reproductiva “de alta calidad” que sea “completamente accesible” mediante servicios públicos en todo el país, incluida la atención para el aborto, en línea con las directrices al respecto emitidas en 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, llama la atención de la “altas tasas de mortalidad” en residencias de mayores durante la crisis de covid, una cuestión que “todavía debe ser investigada de manera efectiva y atendida con una participación estrecha de las familias de las víctimas”.

En materia de derecho, Mijatović saluda en su informe la supresión del delito de sedición del Código Penal que, en su día, recuerda, llevó a “restricciones del derecho a la libertad de expresión y reunión de políticos y activistas catalanes”. A la par, sin embargo, insiste en que la ley mordaza “sigue teniendo un impacto negativo serio en el disfrute de las libertades de expresión y reunión, en especial de los defensores de derechos humanos y periodistas, lo que crea un efecto disuasorio general en la sociedad”. No es la primera vez que la comisaria de Derechos Humanos alerta sobre ello: ya lo hizo, en una carta enviada al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en marzo de 2021, en la que solicitaba cambios legales sobre los insultos a la Monarquía y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros.

Tampoco son nuevas sus críticas a la situación de los migrantes en las fronteras españolas, sobre todo en Ceuta y Melilla, sobre la que ya se pronunció críticamente nada más concluir su visita oficial en noviembre. En su informe, vuelve a “deplorar” las “diferencias significativas” en el territorio español a las protecciones a las que tienen derecho los refugiados y demandantes de asilo, sometidos, entre otros, a “largos periodos de espera al proceso de asilo, retrasos en la identificación de vulnerabilidades especiales y obstáculos al acceso a derechos sociales, incluidos la vivienda y la salud”.

De la misma manera, Mijatović, que en su visita también pasó por Melilla, reitera que sigue sin haber un acceso “genuino y efectivo” al asilo en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla. “Parece que no hay otra forma para entrar en España en la frontera de Melilla para buscar protección ante las autoridades relevantes que nadando o saltando la valla, arriesgando la vida”, declara la comisaria, en unas palabras casi calcadas de su primera impresión en noviembre.